20 diputados denuncian a Rodrigo Chaves ante la fiscalía por instigación pública y propaganda contra el orden constitucional
Denuncia está relacionada con el caso Barrenador.
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Miércoles 16 octubre, 2024 07:04 p. m.
Legisladores de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio (FA) y Liberal Progresista (PLP), así como dos independientes, presentaron una denuncia contra el presidente Rodrigo Chaves por el caso Barrenador.
Se presume que Chaves cometió los delitos de instigación pública y propaganda contra el orden constitucional, así como dificultar la acción de la autoridad y faltar el respeto a la autoridad.
Esto, por las aseveraciones, acusaciones y desafío que hizo Chaves a Carlo Díaz, fiscal general, cuando este allanó la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y detuvo a Marta Esquivel, presidenta de la institución.
La denuncia señala varios artículos de la Constitución Política y del Código Penal que supuestamente fueron violentados por Chaves en una conferencia de prensa, en la que atacó al Ministerio Público.
El 25 de septiembre, Chaves indicó que la fiscalía “matonea” al Poder Ejecutivo.
Asimismo, hizo un llamado a los costarricenses para estar listos en caso de tener que “actuar como sociedad” y no ser “siervos menguados”.
“¿Cómo vamos a pedir a los funcionarios que tomen decisiones valientes, cuando la fiscalía está atrás, matoneando y acosando con sus actuaciones inmorales e ilegales (…) Hemos vivido puntos negros en la historia democrática de Costa Rica, hemos sido testigos de cómo la fiscalía abusó de su poder, del músculo que tiene, para amedrentar e intimidar al gobierno de la República, deteniendo de manera arbitraria y amenazante a una alta jerarca del gobierno”, dijo Chaves.
Por un presunto sobreprecio de un 33% en la adjudicación de contratos a cooperativas para la operación de Ebáis, la fiscalía detuvo a Esquivel.
La acción de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción incluyó allanamientos en la sede central de la CCSS, casas de habitación, cooperativas y oficinas por los presuntos delitos de Influencia en contra de la Hacienda Pública y Tráfico de Influencias. Se confirmaron 8 detenciones. Se trata de altos funcionarios y exfuncionarios de la Junta Directiva de la CCSS.
“De acuerdo con el informe preliminar, la investigación habría dado inicio a principios del 2023, cuando al parecer miembros de la Junta Directiva de la CCSS anularon un cartel de licitación y, a su vez, realizaron un nuevo procedimiento en el que supuestamente estas personas habrían ejercido controles y aportes con la finalidad de modificar las condiciones de este acuerdo bajo los intereses de varias cooperativas de salud, que se encargarían de la administración de los Ebáis del país”, dijo el OIJ.
La decisión implicaría un perjuicio económico para la CCSS de más de ¢12 mil millones al año, según la fiscalía.
