2011 cierra positivo para el ambiente
Ernesto Villalobos evillalobos@larepublica.net | Miércoles 21 diciembre, 2011
Tribunal ambiental atendió un 20% menos de casos
2011 cierra positivo para el ambiente
Negativa a Crucitas fue el tema más sonado
Una serie de fallos judiciales y administrativos a favor de la defensa de los ecosistemas, permite que 2011 sea visto, para sectores ambientalistas, como un año positivo en ese ámbito.
El trabajo de las organizaciones y entidades que defienden la preservación natural y el ambiente se vio retribuido en este periodo.
Quizá el caso más sonado fue la anulación de la concesión a la empresa Industrias Infinito, para desarrollar el proyecto minero Crucitas, en Cutris de San Carlos.
Así se confirmó el pasado 24 de noviembre, cuando el presidente del Tribunal Contencioso Administrativo dio lectura al por tanto de la sentencia.
No obstante, como parte del proceso habrá que esperar la resolución de la Sala IV que aún valora una acción de inconstitucionalidad interpuesta por Industrias Infinito.
Esa anulación debe hacerla el Registro Minero, por orden del Tribunal.
Además, los jueces recomendaron al Ministerio Público abrir una causa judicial al expresidente de la República Oscar Arias y funcionarios de la Dirección de Geología y Minas y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), vinculados con la declaratoria de interés público de la mina Crucitas.
El Tribunal de lo Contencioso ordenó adicionalmente a la empresa Industrias Infinito el pago de una indemnización al país por los daños ambientales causados en la zona.
El Estado y el Sistema de Areas de Conservación también deberán destinar recursos al restablecimiento del equilibrio ambiental.
“Este es un mensaje de que aquí el poder político y el poder económico no pueden hacer lo que quieren”, expresó Edgardo Araya, representante del Frente Norte por la Vida, uno de los querellantes.
Uno más de los triunfos verdes fue el del archivo de la petición de Granjas Atuneras de Golfito para construir un proyecto de atún aleta amarilla en la boca del Golfo Dulce, por parte de Setena.
La decisión tomada por Setena el 7 de noviembre, cerró permanentemente el caso de las Granjas Atuneras, tras siete años de intentos para traer la acuicultura industrial a la costa del Pacífico.
El argumento para detener estas granjas se basó en una orden de la Corte Suprema de Justicia por la aparente falsificación de información en su estudio de impacto ambiental y la expiración del permiso para realizar el proyecto otorgado en 2004 y en 2008, entre otros factores.
“Mucha gente trabajó para detener ese proyecto: vecinos del Golfo Dulce, la Asociación de No a las Granjas Atuneras de Pavones, abogados y muchos más”, dijo entonces Andy Bystrom, consultor de la organización de defensa de los ecosistemas marinos, Pretoma.
La aprobación del proyecto hubiera repercutido en la instalación de jaulas circulares localizadas a tan solo un kilómetro de una de las playas para la anidación de tortugas marinas en la Zona Sur.
Además, la acuicultura de atún hubiera sido una gran fuente de desechos biológicos y potencialmente podría haber degradado la calidad del agua y áreas económicamente importantes para el surfing y el ecoturismo.
En esa misma zona del Pacífico, el mismo Tribunal Contencioso Administrativo rechazó una demanda contra el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, a fin de que renovara las últimas licencias vigentes para atrapar camarones, utilizando redes de arrastre.
Dicha solicitud se rechazó el pasado 8 de noviembre.
“Quedó demostrado lo dañina e inconveniente que es la pesca de arrastre de camarón, tanto artesanal como semi-industrial, así como la necesidad de impulsar el uso de artes de pesca que produzcan el menor impacto en el ecosistema marino”, explicó Viviana Gutiérrez, gerente de Incidencia Política de MarViva.
Desde 2010 se creó un Area Marina de Pesca Responsable en el Golfo Dulce, y con ello quedó establecido que una vez vencidas las licencias de pesca de camarón con redes de arrastre artesanal no se volverían a renovar.
A los anteriores fallos judiciales, se suman las decisiones tomadas a nivel administrativo central, relacionadas con la exploración y eventual explotación de posibles yacimientos petroleros y de otros combustibles en el subsuelo nacional.
Para comenzar, y justo después de que la prensa diera a conocer la existencia de un contrato ya adjudicado para la exploración y explotación de petróleo, la presidenta Laura Chinchilla anunció la limitación de los alcances de dicho contrato, a gas natural.
En la misma línea, y después de haber asumido su cargo como ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, René Castro anunció la publicación inmediata de un decreto que determinaba una moratoria de tres años a la exploración y explotación de yacimientos petroleros.
El excanciller explicó la medida aduciendo que no hay condiciones de mercado, que la explotación petrolera implica riesgos ambientales y debido a la ausencia de un sistema institucional adecuado.
A los casos detallados anteriormente, se suma el buen suceso con que cerró sus funciones de este periodo el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA).
En cifras preliminares, el total de casos atendido por los jueces dedicados a preservar el ambiente decayó al menos un 20%, respecto a 2010.
Para los funcionarios del TAA, la afectación de las áreas de protección de ríos, quebradas y nacientes ha sido el delito ambiental más denunciado en Costa Rica durante 2011.
Esto significa que las fuentes hídricas y los cuerpos de agua son los recursos naturales que más se están afectando, pues más del 50% de los casos denunciados ante el TAA corresponde a daños en esas áreas de protección.
Ernesto Villalobos
evillalobos@larepublica.net
2011 cierra positivo para el ambiente
Negativa a Crucitas fue el tema más sonado
Una serie de fallos judiciales y administrativos a favor de la defensa de los ecosistemas, permite que 2011 sea visto, para sectores ambientalistas, como un año positivo en ese ámbito.
El trabajo de las organizaciones y entidades que defienden la preservación natural y el ambiente se vio retribuido en este periodo.
Quizá el caso más sonado fue la anulación de la concesión a la empresa Industrias Infinito, para desarrollar el proyecto minero Crucitas, en Cutris de San Carlos.
Así se confirmó el pasado 24 de noviembre, cuando el presidente del Tribunal Contencioso Administrativo dio lectura al por tanto de la sentencia.
No obstante, como parte del proceso habrá que esperar la resolución de la Sala IV que aún valora una acción de inconstitucionalidad interpuesta por Industrias Infinito.
Esa anulación debe hacerla el Registro Minero, por orden del Tribunal.
Además, los jueces recomendaron al Ministerio Público abrir una causa judicial al expresidente de la República Oscar Arias y funcionarios de la Dirección de Geología y Minas y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), vinculados con la declaratoria de interés público de la mina Crucitas.
El Tribunal de lo Contencioso ordenó adicionalmente a la empresa Industrias Infinito el pago de una indemnización al país por los daños ambientales causados en la zona.
El Estado y el Sistema de Areas de Conservación también deberán destinar recursos al restablecimiento del equilibrio ambiental.
“Este es un mensaje de que aquí el poder político y el poder económico no pueden hacer lo que quieren”, expresó Edgardo Araya, representante del Frente Norte por la Vida, uno de los querellantes.Uno más de los triunfos verdes fue el del archivo de la petición de Granjas Atuneras de Golfito para construir un proyecto de atún aleta amarilla en la boca del Golfo Dulce, por parte de Setena.
La decisión tomada por Setena el 7 de noviembre, cerró permanentemente el caso de las Granjas Atuneras, tras siete años de intentos para traer la acuicultura industrial a la costa del Pacífico.
El argumento para detener estas granjas se basó en una orden de la Corte Suprema de Justicia por la aparente falsificación de información en su estudio de impacto ambiental y la expiración del permiso para realizar el proyecto otorgado en 2004 y en 2008, entre otros factores.
“Mucha gente trabajó para detener ese proyecto: vecinos del Golfo Dulce, la Asociación de No a las Granjas Atuneras de Pavones, abogados y muchos más”, dijo entonces Andy Bystrom, consultor de la organización de defensa de los ecosistemas marinos, Pretoma.
La aprobación del proyecto hubiera repercutido en la instalación de jaulas circulares localizadas a tan solo un kilómetro de una de las playas para la anidación de tortugas marinas en la Zona Sur.
Además, la acuicultura de atún hubiera sido una gran fuente de desechos biológicos y potencialmente podría haber degradado la calidad del agua y áreas económicamente importantes para el surfing y el ecoturismo.
En esa misma zona del Pacífico, el mismo Tribunal Contencioso Administrativo rechazó una demanda contra el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, a fin de que renovara las últimas licencias vigentes para atrapar camarones, utilizando redes de arrastre.
Dicha solicitud se rechazó el pasado 8 de noviembre.
“Quedó demostrado lo dañina e inconveniente que es la pesca de arrastre de camarón, tanto artesanal como semi-industrial, así como la necesidad de impulsar el uso de artes de pesca que produzcan el menor impacto en el ecosistema marino”, explicó Viviana Gutiérrez, gerente de Incidencia Política de MarViva.
Desde 2010 se creó un Area Marina de Pesca Responsable en el Golfo Dulce, y con ello quedó establecido que una vez vencidas las licencias de pesca de camarón con redes de arrastre artesanal no se volverían a renovar.
A los anteriores fallos judiciales, se suman las decisiones tomadas a nivel administrativo central, relacionadas con la exploración y eventual explotación de posibles yacimientos petroleros y de otros combustibles en el subsuelo nacional.
Para comenzar, y justo después de que la prensa diera a conocer la existencia de un contrato ya adjudicado para la exploración y explotación de petróleo, la presidenta Laura Chinchilla anunció la limitación de los alcances de dicho contrato, a gas natural.
En la misma línea, y después de haber asumido su cargo como ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, René Castro anunció la publicación inmediata de un decreto que determinaba una moratoria de tres años a la exploración y explotación de yacimientos petroleros.
El excanciller explicó la medida aduciendo que no hay condiciones de mercado, que la explotación petrolera implica riesgos ambientales y debido a la ausencia de un sistema institucional adecuado.
A los casos detallados anteriormente, se suma el buen suceso con que cerró sus funciones de este periodo el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA).
En cifras preliminares, el total de casos atendido por los jueces dedicados a preservar el ambiente decayó al menos un 20%, respecto a 2010.
Para los funcionarios del TAA, la afectación de las áreas de protección de ríos, quebradas y nacientes ha sido el delito ambiental más denunciado en Costa Rica durante 2011.
Esto significa que las fuentes hídricas y los cuerpos de agua son los recursos naturales que más se están afectando, pues más del 50% de los casos denunciados ante el TAA corresponde a daños en esas áreas de protección.
Ernesto Villalobos
evillalobos@larepublica.net