Podríamos enfrentar barreras al negociar con otros países

Las consecuencias del lavado

Controles de bancos, reguladores y leyes deberían revisarse

Actualmente, la realidad de Costa Rica no es muy distinta a la de otros países en vías de desarrollo, en relación con la regulación y fiscalización de activos en el sistema financiero.

Pero tras lo acontecido en el caso de Liberty Reserve, verse como un país atractivo para lavar dinero, puede acarrearle consecuencias económicas negativas, incluido que Estados Unidos bloquee las cuentas bancarias de entidades financieras que sí usan personas honestas, y que se ahuyentara la inversión extranjera real.
Si el sistema financiero nacional continúa con este tipo de problemas, es posible que el Gobierno de EE.UU. aplique en un futuro la ley para el cumplimiento fiscal de las cuentas en el extranjero, acuerdo que el país está a punto de firmar.
Esta ley conocida como FATCA, que se aprobó en marzo de 2010, establece entre otras cosas que las instituciones financieras deben informar directamente al Servicio de Impuestos de EE.UU., sobre las cuentas de más de $50 mil de los ciudadanos o empresas norteamericanos en el extranjero.
De no cumplirse con estos requisitos las autoridades norteamericanas podrían bloquear las transferencias y los fondos de estas entidades como sanción por no contemplar lo estipulado en la ley.
Otro punto que puede afectar la economía nacional es ahuyentar la inversión extranjera de empresas que generan empleos, y más bien incentivar flujos de dólares que presionen el tipo de cambio a caer. Por ejemplo, la Global Financial Integrity calcula que en 2011 se lavaron $14 mil millones en Centroamérica y que más de $4 mil fueron lavados en Costa Rica.
“Ya nos estamos viendo perjudicados por esta inactividad de las autoridades, hoy somos un puente, un facilitador para todo este tipo de acciones delictivas de un lado para otro, lo que debemos saber es qué están haciendo las autoridades una vez que las oficialías de cumplimiento de los bancos dan alerta sobre acciones de este tipo y su seguimiento”, explica Juan Carlos Esquivel, abogado especialista en la lucha contra la legitimación de capitales.
La semana pasada, tanto el fiscal general, el viceministro de Seguridad como expertos en el tema de crimen organizado, se mostraron muy preocupados con respecto a este fenómeno delictivo, en un evento realizado por AmCham sobre crimen organizado y reconocieron que en el territorio hay importantes células delictivas.
“Creo que el crimen organizado en Costa Rica es un problema serio, tenemos mucho en el país, es grave, es real y los hechos han ido confirmando mis palabras. Tenemos organizaciones criminales muy fuertes, que transitan todos los días por nuestro territorio”, indicó Jorge Chavarría, fiscal general.
Para él, el país debe fortalecerse institucionalmente en el área represiva del Estado, todo lo que corresponde al Ministerio Público, los policías, fiscales, investigadores, para poder atacar mejor todas estas células delictivas que hoy realizan sus negros negocios en nuestro territorio.
Asimismo en el pasado, el país se ha visto mal ante los ojos del mundo con respecto a actos de flujos de capitales ilícitos que generan distorsiones en el panorama nacional. Cuando se vinculó al expresidente peruano Alejandro Toledo con una empresa —Ecoteva Consulting Group— donde él y su suegra, Eva Fernenbug, adquirían propiedades de lujo en Perú por medio de créditos de esta empresa fantasma, sin ningún control por parte de las autoridades costarricenses sobre esos flujos de capitales.
Además, desde 2008, se investiga al Banco Popular por la apertura de una cuenta corriente al Banco Universal de Panamá, efectivo a través de la frontera, para depositarlos en la sucursal del Popular en Paso Canoas y de allí girar la mayor parte a distintas cuentas bancarias de Nueva York, caso que se encuentra en apelación.

Carolina Acuña
cacuna@larepublica.net

Fabio Parreaguirre
fparreaguirre@larepublica.net