Acusados tres exfuncionarios de Conavi y tres empresarios

Anomalías en trocha dejan seis detenidos

Más personas estarían implicadas, según indicios

A seis personas se les atribuye haber orquestado los supuestos malos manejos de dinero que se dieron durante la construcción de la trocha fronteriza con el río San Juan.
Tres funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad que dejaron su cargo cuando este escándalo salió a la luz pública, y tres empresarios que reportan contratos millonarios figuran en la primera lista de imputados del Ministerio Público.
Esas personas fueron detenidas por el OIJ ayer a las 6 a.m. en su casa de habitación para ser indagadas.
Se trata de Carlos Acosta, exdirector del Conavi, así como de los ingenieros Miguel Ramírez y Manuel Serrano, quienes eran los encargados de ejecutar, supervisar y fiscalizar las obras de la ruta Juan Rafael Mora-1856.
Junto a ellos figura como imputado Johnny Muñoz, propietario de la firma Ronda de Mijas, una de las dos empresas que más facturaron durante el desarrollo de este proyecto, casi ¢1,6 mil millones.
Los otros dos empresarios son Geovanny Baralis, de Inversiones Papaos Giopawal, y David Castillo, de El Coloso de Santa Cruz. Entre ambos firmaron contratos por más de ¢2 mil millones.
A este grupo, la Fiscalía le atribuye haber orquestado los presuntos hechos delictivos que se denuncian en este caso, el cual es considerado como un crimen organizado.
“Este es el grupo dominante, el grupo que estructuró, el grupo capo, para utilizar la palabra italiana en relación a la jerarquía”, dijo Jorge Chavarría, fiscal general.
A los seis se les atribuye el delito de peculado, es decir, de apoderarse de recursos públicos y podrían enfrentar una pena de cárcel que va de tres a 12 años.

Además se les investiga por un supuesto incumplimiento de contratos, pagos irregulares y de haber recibido dádivas.
Tras nueve meses de investigaciones y más de 45 allanamientos, Chavarría dice contar con documentos, material audiovisual, testigos e información suficiente para llevar a estas personas a juicio.
Una de las nuevas pruebas es un presunto video de una fiesta que tuvieron los tres exfuncionarios públicos en un night club capitalino, en compañía del empresario Muñoz.
“Los funcionarios que logramos detener el día de hoy (ayer para el lector) participan invitados por uno de los empresarios, por uno de “sus amigotes”, por decirlo así, en esa fiesta y como es propio del lugar consumen alcohol y disfrutan de las mujeres que se encuentran ahí, y al final uno de ellos, el empresario, paga una factura superior a los ¢2 millones”, explicó el fiscal.
Los funcionarios habrían sido “patrocinados” también en un viaje a Miami, Estados Unidos.
Esta es la primera etapa de las investigaciones que realiza el Ministerio Público, el cual no descarta imputar a más personas, ya que tiene sospechas de la presunta participación delictiva de otros funcionarios del Estado y empresarios.
Mientras el proceso judicial continúa y tras concluir la etapa de indagación, la Fiscalía solicitará seis meses de prisión preventiva para los seis acusados, tomando en cuenta la gravedad del caso.
Sin embargo, al cierre de esta edición seguían atestiguando y se desconoce si un juez acogió la petición.
En este sentido, los abogados defensores cuestionaron la solicitud de medidas cautelares y desde ya anuncian que las apelarán de ser aceptadas, aduciendo que no hay razones de peso para que tengan que estar en la cárcel.
En razón de que en este caso no existen víctimas en peligro, la obtención de pruebas no se ha visto obstruida y los imputados no han demostrado que quieran fugarse.
“Desde marzo saben que están siendo investigados, si quisieran irse del país ya lo habrían hecho, lo conveniente en este caso era no dejarlos salí del país y que firmaran una vez al mes, pero nunca la prisión preventiva”, explicó José Miguel Villalobos, defensor de Baralis, Castillo, Ramírez y Serrano.

Natasha Cambronero
ncambronero@larepublica.net