Empresas han hecho lo suyo, falta el Estado

Costo de Internet excluye al 20% de ticos

Ayuda social no llega

Dos de cada diez costarricenses no tienen acceso a Internet en sus hogares, debido a que lo consideran caro.
Los ingresos de estas familias en muchos casos tampoco dan para una computadora. Aún existe un 15% de la población que dice no tener este tipo de equipos en sus hogares, por un tema de costos.

El servicio en el hogar ha venido bajando de precio en los últimos años, sin embargo, esta rebaja no alcanza para todos, en especial para la clase más necesitada.
Para tratar de reducir esta brecha digital existen dos vías.
La primera de ellas es la que dicta el mercado, a través del esfuerzo de empresas privadas por ser más competitivas y reducir los costos.
Algunos de los operadores fijos han venido realizando fuertes inversiones en tecnología y equipos. Tal es el caso de Tigo, que recientemente logró interconectarse mediante fibra óptica a nivel centroamericano.
Esto le permite reducir los costos de lo que antes pagaba por conectarse a través de los cables submarinos, y así bajar los precios al consumidor.
“Esta diversidad en la conectividad (terrestre y marítima) beneficia a nivel tarifario al cliente de acuerdo con los servicios contratados”, dijo Norman Chaves, gerente de Asuntos Corporativos de la empresa.
Otros competidores han respondido a esta estrategia de mercado también a través de la inversión en infraestructura. Cableras como Telecable han ampliado su cobertura a zonas como Heredia a fin de satisfacer mercados no cubiertos, lo cual presiona a empresas que ya estaban en la provincia a luchar mediante tarifas.
La segunda vía para dar más opciones a quienes no poseen Internet en el hogar es a través de la ayuda social.
Existe en el país un Acuerdo Social Digital promovido por el actual gobierno, con el cual se busca llevar conectividad a personas que hasta ahora no cuentan con estas facilidades.
Adicionalmente están los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), que mantienen más de $170 millones otorgados por las firmas telefónicas como derecho para tomar parte de la competencia celular. El problema es que estos recursos no han comenzado a ejecutarse.
“Es un plan con una ejecución del 0%… es la principal preocupación que tenemos”, dijo Rowland Espinoza, rector de Telecomunicaciones.
El primer proyecto que pretendía llevar conectividad a zonas donde no existe, fracasó luego de que ningún operador se interesara en ofrecer el servicio. Ahora la Superintendencia de Telecomunicaciones deberá replantear los requisitos que pide, para ver si es posible retomarlo en un par de meses.

Luis Valverde
lvalverde@larepublica.net