Falta definición en medidas fiscales
Natasha Cambronero redaccion@larepublica.net | Viernes 20 abril, 2012
Se desconoce cuántos salarios se congelarían y cuáles servicios e inmuebles se venderían
Falta definición en medidas fiscales
Iniciativa fue enviada ayer a la corriente legislativa
Congelar salarios y pensiones altas, vender inmuebles del Estado y cobrar por varios servicios públicos, fueron algunas de las medidas que la presidenta Laura Chinchilla anunció como parte del plan “B”, ante la caída del plan fiscal en la Sala IV.
No obstante, todavía se desconocen los alcances de dicha iniciativa, pese a que el proyecto de ley ayer fue enviado por el Poder Ejecutivo a la corriente legislativa.
El Gobierno no sabe cuántos de los funcionarios que ganan más de ¢3 millones al mes sufrirían la congelación de su salario durante dos años. Esa medida solo afectaría a los empleados del Gobierno central, mas excluiría a quienes laboran en instituciones autónomas y descentralizadas.
Tomando en cuenta, que la Constitución prohíbe a la Presidenta recortar gastos de estas entidades, sin el visto bueno de sus jerarcas. Sin importar que destinan en promedio el 42% de su presupuesto en el pago de sueldos.
Además, aún no se tiene claro por cuáles servicios el Estado comenzaría a cobrar, pues todavía no se realizan los estudios pertinentes que especifiquen tal información.
Lo mismo ocurre con los bienes inmuebles, se carece de un inventario que detalle las propiedades públicas y establezca cuáles de ellas son subutilizadas y por ende se pueden vender.
A pesar de no conocer esa información, Luis Liberman, vicepresidente de la República, estima que las nuevas medidas representan un 0,36% de la producción nacional, es decir, que generarán ingresos por unos ¢74,6 mil millones.
Mientras que con la reforma tributaria, el gobierno pretendía recaudar al menos ¢300 mil millones, cuatro veces más que lo se obtendrá con el plan “B”, que Chinchilla anunció la noche del miércoles en cadena nacional.
“Vamos a pellizcar un poquito de todo lado, entre pellizco y pellizco de cantidades pequeñas podemos hacer en conjunto una cantidad más grande”, manifestó Liberman.
Tampoco se tiene claro cuál será el tratamiento que se dará a las juntas directivas, inicialmente la propuesta de la mandataria solo contempla congelar las dietas que ganan sus miembros por cada sesión.
Sin embargo, también se valora eliminar algunas de ellas, que a juicio de Liberman, no tienen sentido o por el contrario generan una duplicación de funciones.
Entre tanto, el Poder Ejecutivo advirtió que si este proyecto de ley no es aprobado por los diputados, no tendría recursos para costear el aumento del 7,2% al 8% de la producción nacional, el presupuesto para educación.
Misma situación ocurriría con el alza del 1,3% al 1,5% del PIB que se debe destinar a las universidades públicas a más tardar en 2014.
El Estado tampoco tendría recursos para atender cualquier nueva crisis financiera en la Caja de Seguro Social.
Natasha Cambronero
Oscar Rodríguez
ncambronero@larepublica.net
orodriguez@larepublica.net
Falta definición en medidas fiscales
Iniciativa fue enviada ayer a la corriente legislativa
Congelar salarios y pensiones altas, vender inmuebles del Estado y cobrar por varios servicios públicos, fueron algunas de las medidas que la presidenta Laura Chinchilla anunció como parte del plan “B”, ante la caída del plan fiscal en la Sala IV.No obstante, todavía se desconocen los alcances de dicha iniciativa, pese a que el proyecto de ley ayer fue enviado por el Poder Ejecutivo a la corriente legislativa.
El Gobierno no sabe cuántos de los funcionarios que ganan más de ¢3 millones al mes sufrirían la congelación de su salario durante dos años. Esa medida solo afectaría a los empleados del Gobierno central, mas excluiría a quienes laboran en instituciones autónomas y descentralizadas.
Tomando en cuenta, que la Constitución prohíbe a la Presidenta recortar gastos de estas entidades, sin el visto bueno de sus jerarcas. Sin importar que destinan en promedio el 42% de su presupuesto en el pago de sueldos.
Además, aún no se tiene claro por cuáles servicios el Estado comenzaría a cobrar, pues todavía no se realizan los estudios pertinentes que especifiquen tal información.
Lo mismo ocurre con los bienes inmuebles, se carece de un inventario que detalle las propiedades públicas y establezca cuáles de ellas son subutilizadas y por ende se pueden vender.
A pesar de no conocer esa información, Luis Liberman, vicepresidente de la República, estima que las nuevas medidas representan un 0,36% de la producción nacional, es decir, que generarán ingresos por unos ¢74,6 mil millones.Mientras que con la reforma tributaria, el gobierno pretendía recaudar al menos ¢300 mil millones, cuatro veces más que lo se obtendrá con el plan “B”, que Chinchilla anunció la noche del miércoles en cadena nacional.
“Vamos a pellizcar un poquito de todo lado, entre pellizco y pellizco de cantidades pequeñas podemos hacer en conjunto una cantidad más grande”, manifestó Liberman.
Tampoco se tiene claro cuál será el tratamiento que se dará a las juntas directivas, inicialmente la propuesta de la mandataria solo contempla congelar las dietas que ganan sus miembros por cada sesión.
Sin embargo, también se valora eliminar algunas de ellas, que a juicio de Liberman, no tienen sentido o por el contrario generan una duplicación de funciones.
Entre tanto, el Poder Ejecutivo advirtió que si este proyecto de ley no es aprobado por los diputados, no tendría recursos para costear el aumento del 7,2% al 8% de la producción nacional, el presupuesto para educación.
Misma situación ocurriría con el alza del 1,3% al 1,5% del PIB que se debe destinar a las universidades públicas a más tardar en 2014.
El Estado tampoco tendría recursos para atender cualquier nueva crisis financiera en la Caja de Seguro Social.
Natasha Cambronero
Oscar Rodríguez
ncambronero@larepublica.net
orodriguez@larepublica.net