A raíz de la reunión del 4 de febrero en ARADIKES, convocada por la Fundación Ciudadanía Activa, podemos otear un futuro más halagüeño

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Acueductos indígenas

Con la firma del convenio entre el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (A y A) y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), el jueves 18 de enero de 2007 en el auditorio del nuevo edificio carretera a Pavas, entendíamos que se abriría un mundo de oportunidades para las comunidades indígenas de nuestro país, pues pasaban a convertirse en prioridad para la administración pública.
Además, se tendía un puente con fuertes pilotes y se establecía una relación de continuidad con la raíz de las culturas.
Con una visión renovada, con solidaridad humana y equidad, considerábamos abierto el camino para el contacto íntimo con la naturaleza.
Dejábamos atrás el impacto y la contaminación ambiental, pensando en que las aguas subterráneas, los ríos y sus riberas hasta 100 metros, son propiedad del Estado.
Sin embargo, dicho convenio fue declarado inconstitucional por la Sala IV, por lo que serían entonces las ADIS indígenas las que se encargarían de conseguir los recursos o solicitar las obras ante las autoridades públicas. Las necesidades así lo demandan y no vale dejar de escuchar las voces que claman por justicia y equidad social, pues en el horizonte, después de seis años, solo se observan algunos avances, que jamás podríamos concebir como una transformación de la realidad de la Región Brunca, donde el rezago social es tremendo.
Estamos haciendo historia. A raíz de la reunión del martes 4 de febrero de 2014 en ARADIKES, convocada por la Fundación Ciudadanía Activa, podemos otear un futuro más halagüeño, impulsado por un extraordinario esfuerzo de coordinación efectiva y de participación comunitaria, en el desarrollo de estas obras y sostenibilidad financiera de los acueductos; así lo requiere la Contraloría General de la República.
En nuestro rol de enlace, nos da un gusto trabajar por la salud de los pueblos indígenas y en general por los ciudadanos costarricenses que viven en estos territorios.
Asimismo, habrá que articular a las instituciones públicas para poder hacer referencia al sector salud, dentro del aparato estatal, que se dispone a dialogar con las ASADAS, teniendo en mente la negociación.

Fernando Coto Martén

Servicio en Sociología ASBA