Acuerdo de comisión especial reduciría beneficios a pensiones del Poder Judicial

Los diputados que integran la comisión especial a cargo de las reformas al régimen de pensiones del Poder Judicial acordaron ayer el texto sustitutivo que será enviado al plenario legislativo. Dicho documento contempla recortes de beneficios al sistema.

Con esta propuesta se busca disminuir el déficit de ¢5,3 billones de dicho sistema, a ¢0,3 billones.

“Elaboramos un proyecto responsable, además, es importante indicar que se eliminan las pensiones de lujo, esta iniciativa se le suma a los otros proyectos aprobados el año pasado que cumplen con el compromiso de acabar con privilegios y pensiones vitalicias”, dijo Sandra Piszk, diputada de Liberación Nacional e integrante de la comisión.

Dentro de los aspectos que contempla el texto, los servidores con 20 o más años de servicio en el Poder Judicial se podrán acoger a una jubilación ordinaria de un 85% del promedio de los salarios de los últimos 20 años; siempre y cuando hayan cumplido 65 años y laborado al menos 35.

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En cuanto al aporte de los funcionarios, que actualmente es del 11%, este podría aumentar hasta 15% de acuerdo al salario.

Por su parte, el texto establece como tope a las pensiones la cantidad obtenida de multiplicar 10 veces el salario base del Poder Judicial, es decir, el salario de un auxiliar en servicios generales 1.

De acuerdo con esto la pensión máxima sería de ¢4 millones, y quienes sobrepasen el monto deberán pagar 50% sobre el exceso. 

Además de Piszk, el texto contó con la aprobación de la verdiblanca Maureen Fallas; Marcela Guerrero y Franklin Corella, de Acción Ciudadana; Johnny Leiva, de la Unidad Social Cristiana; Natalia Díaz, del Movimiento Libertario; y Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense. El único que se opuso a la propuesta fue Jorge Arguedas del Frente Amplio.