Acuerdo de paz de Colombia no se votará; Congreso revisará texto

Al Congreso de Colombia se le solicitará ratificar un nuevo acuerdo de paz con el mayor grupo rebelde del país, evitando así el riesgo de una segunda derrota a manos de los votantes, al tiempo que surgen preguntas sobre la legitimidad.

Los colombianos rechazaron por un estrecho margen el primer acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un plebiscito realizado el 2 de octubre, con lo que los negociadores se vieron obligados a regresar a La Habana, donde acordaron un nuevo texto seis semanas después.
Ese documento se suscribirá en Bogotá hoy jueves y se enviará al Congreso para su ratificación, según un comunicado conjunto del gobierno y las FARC publicado el martes por la noche.
El nuevo texto explicita que quienes confiesen graves delitos durante la más larga insurgencia de América Latina podrían ver restringida su libertad a áreas no más grandes que una aldea durante cinco a ocho años.
De todos modos, no irán a la cárcel y un partido político post-FARC obtendrá automáticamente diez asientos en el Congreso entre 2018 y 2026.
El presidente Juan Manuel Santos dice que un segundo referendo “polarizaría de manera peligrosa al país”, mientras que los opositores —incluido el expresidente Álvaro Uribe— dicen que el acuerdo sigue siendo muy indulgente en materia de tráfico de drogas y castigo a crímenes pasados, entre otras preocupaciones. Santos, quien cuenta con mayoría en el Congreso, no estaba legalmente obligado a convocar un referendo por ninguno de los dos acuerdos de paz, ni el inicial ni el modificado.
La decisión de evitar a los votantes colombianos equivale a un “golpe a la democracia”, dijo el partido Centro Democrático, al que pertenece Uribe, en un comunicado emitido el miércoles.
“El Gobierno prefirió la imposición que divide a los colombianos que el Pacto Nacional que crearía aproximaciones”. Centro Democrático dijo que apelará la decisión.
El conflicto de Colombia con las FARC se ha extendido por más de 50 años, cobrando la vida de más de 200 mil personas y desplazando a millones más.
El grupo rebelde de orígenes marxistas se ha convertido en un importante actor en la explotación ilegal de oro y tráfico de drogas a lo largo del país andino.