Agencia Digital: un retroceso en el modelo costarricense

En ocasiones se presenta a la corriente Legislativa, iniciativas que se alejan de la realidad de los usuarios o de la industria que pretenden beneficiar. Ese es el caso del proyecto de ley que promueve la creación de una Agencia Nacional de Gobierno Digital, tramitado bajo el expediente N° 21.180.

El proyecto crea una nueva institución con personalidad jurídica propia y obligación presupuestaria a cargo del Estado, entre otros; que viene a engrosar las más de 300 entidades que ya existen en la Administración Pública, contraviniendo de manera frontal la política de contención de gasto del actual Gobierno y obviando la existencia de una situación fiscal compleja en el país.

La iniciativa pretende desarrollar, ejecutar e implementar la estrategia de Gobierno Digital, lo cual es loable si lo visualizamos articulado y sujeto al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), como ente rector de este tipo de política. Se pierde el objetivo del proyecto al otorgar a esta Agencia, además, la posibilidad de actuar como una empresa prestadora de servicios, es decir, como juez y parte.

Lo anterior, nos hace retroceder en el modelo mixto de telecomunicaciones y tecnología, y un fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad, dejando de lado los principios que garantizan las condiciones de igualdad en el mercado, procurando el mayor beneficio de los habitantes.

La posibilidad de que esta Agencia comercialice servicios, contraviene principios rectores fundamentales de competencia efectiva y transparencia; y afecta el fin último del Estado, que es ofrecer lo mejor para la ciudadanía, a través del respeto a un procedimiento de contratación administrativa robusto y no de excepción. Proyectos como este aumentan las dudas existentes sobre las sanas prácticas en la compra de bienes y servicios del Estado.

Se le asigna a la Agencia un 2% de los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) como “capital inicial” de trabajo; afectando los principios de universalidad y solidaridad, y por ende a los beneficiarios vulnerables del fondo.

La propuesta copia literalmente los principios del proyecto “Máxima Velocidad” del Gobierno Colombiano (2008), desconociendo la existencia de principios modernos establecidos en otras leyes; como: beneficio al usuario y transparencia, entre otros.

La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (INFOCOM), considera importante que los diputados visualicen el avance tecnológico; sin embargo, nuestra preocupación se enmarca en que iniciativas como esta hacen retroceder el modelo que como país, muy atinadamente adoptamos, y que tanta satisfacción ha dado en los últimos diez años.

Vanessa Castro

Presidenta de INFOCOM