Agricultores amenazados por sed de municipios
Ernesto Villalobos evillalobos@larepublica.net | Miércoles 23 febrero, 2011
Gravar las tierras de la agricultura a niveles de centros comerciales es el plan de algunos ayuntamientos
Agricultores amenazados por sed de municipios
Productores, en serios problemas por tasación astronómica de sus propiedades, están a la espera de auxilio
Por un lado, las municipalidades intentan aumentar el nivel de impuestos a pesar de no poder gastarlos, mientras los agricultores luchan por defender su modo de subsistencia que les ha permitido sacar adelante a sus familias por generaciones.
El altercado nació a partir de la entrada en vigencia, en 16 de los 81 municipios del país, de la Nueva Plataforma de Valores por Zonas Homogéneas.
El plan busca calcular el nuevo valor de las propiedades, con base en el aumento de precios generado por el desarrollo aledaño, ya sean turístico o comercial. Esto generaría un aumento de hasta el 1.400% en el impuesto que pagan campesinos dueños de sus parcelas.
La validez de tal método de cálculo ya fue impugnada por un grupo de horticultores ante la Sala Constitucional, pues considera que transgrede su derecho a ganarse la vida.
Este beneficia enormemente las arcas municipales, a costa de incluir políticas que no hacen distinción entre una hectárea dedicada a la producción de papa y un centro comercial de 10 mil metros cuadrados.
A partir de ello, 250 mil costarricenses que viven de actividades agropecuarias pierden el sueño tratando de inventarse una forma de cumplir con el fisco, y continuar generando no solo lo que se come el país, sino el 36,3% de las exportaciones nacionales.
“Hemos buscado asesores para ver cómo salimos adelante, pero no hay forma. Un aumento superior a 14 veces el valor de las tierras, es impagable. Si sigue la idea de cobrar el impuesto territorial con esa base, morimos de hambre”, advirtió Guido Vargas, secretario general de la Unión de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios.
Frente a la amenaza, los agricultores plantean una disminución en el porcentaje del impuesto del 0,25% al 0,1%, pero los defensores de la descentralización y de los gobiernos locales afirman que eso haría “quebrar” algunos municipios, a pesar de que en principio estos no son entes con fines de lucro.
“Lo que propone ese frente agrícola es aplicar una medida que golpee directamente los ingresos de las municipalidades, no tanto que no grave exageradamente las tierras. El verdadero problema es donde se ha mezclado el agro con el turismo o lo inmobiliario; no es en todos los cantones”, sostuvo Alfredo Hidalgo, directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y alcalde de Guácimo, Limón.
Como en otras circunstancias, tanto los alcaldes como los agricultores esperan que la mediación del Gobierno provea una salida efectiva.
Para ello, Casa Presidencial designó una comisión que estudia las opciones para garantizar la operación de los ayuntamientos, sin dejar de pensar en los productores.
“Lo que promoveríamos es aplicar diferencias en las plataformas, según la realidad de cada cantón. Alterando la ley, las municipalidades dejarán de percibir los recursos necesarios para gobernar y eso afecta a todos: productores y empresarios”, definió Juan Marín, ministro de Descentralización y Desarrollo.
Ernesto Villalobos
evillalobos@larepublica.net
Agricultores amenazados por sed de municipios
Productores, en serios problemas por tasación astronómica de sus propiedades, están a la espera de auxilio
Por un lado, las municipalidades intentan aumentar el nivel de impuestos a pesar de no poder gastarlos, mientras los agricultores luchan por defender su modo de subsistencia que les ha permitido sacar adelante a sus familias por generaciones.El altercado nació a partir de la entrada en vigencia, en 16 de los 81 municipios del país, de la Nueva Plataforma de Valores por Zonas Homogéneas.
El plan busca calcular el nuevo valor de las propiedades, con base en el aumento de precios generado por el desarrollo aledaño, ya sean turístico o comercial. Esto generaría un aumento de hasta el 1.400% en el impuesto que pagan campesinos dueños de sus parcelas.
La validez de tal método de cálculo ya fue impugnada por un grupo de horticultores ante la Sala Constitucional, pues considera que transgrede su derecho a ganarse la vida.
Este beneficia enormemente las arcas municipales, a costa de incluir políticas que no hacen distinción entre una hectárea dedicada a la producción de papa y un centro comercial de 10 mil metros cuadrados.
A partir de ello, 250 mil costarricenses que viven de actividades agropecuarias pierden el sueño tratando de inventarse una forma de cumplir con el fisco, y continuar generando no solo lo que se come el país, sino el 36,3% de las exportaciones nacionales.
“Hemos buscado asesores para ver cómo salimos adelante, pero no hay forma. Un aumento superior a 14 veces el valor de las tierras, es impagable. Si sigue la idea de cobrar el impuesto territorial con esa base, morimos de hambre”, advirtió Guido Vargas, secretario general de la Unión de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios.Frente a la amenaza, los agricultores plantean una disminución en el porcentaje del impuesto del 0,25% al 0,1%, pero los defensores de la descentralización y de los gobiernos locales afirman que eso haría “quebrar” algunos municipios, a pesar de que en principio estos no son entes con fines de lucro.
“Lo que propone ese frente agrícola es aplicar una medida que golpee directamente los ingresos de las municipalidades, no tanto que no grave exageradamente las tierras. El verdadero problema es donde se ha mezclado el agro con el turismo o lo inmobiliario; no es en todos los cantones”, sostuvo Alfredo Hidalgo, directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y alcalde de Guácimo, Limón.
Como en otras circunstancias, tanto los alcaldes como los agricultores esperan que la mediación del Gobierno provea una salida efectiva.
Para ello, Casa Presidencial designó una comisión que estudia las opciones para garantizar la operación de los ayuntamientos, sin dejar de pensar en los productores.
“Lo que promoveríamos es aplicar diferencias en las plataformas, según la realidad de cada cantón. Alterando la ley, las municipalidades dejarán de percibir los recursos necesarios para gobernar y eso afecta a todos: productores y empresarios”, definió Juan Marín, ministro de Descentralización y Desarrollo.
Ernesto Villalobos
evillalobos@larepublica.net