Ambientalistas usarán todos los recursos legales para boicotear explotación de $3 mil millones de oro en Crucitas

Al considerar que los bosques, el agua, la biodiversidad y los servicios ambientales no tienen precio, diversos grupos ambientalistas preparan todas sus armas legales para evitar la explotación de la mina de Crucitas.

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La advertencia la hacen en momentos en que el gobierno de Rodrigo Chaves propuso un proyecto de ley para subastar la exploración y explotación de oro en dicha localidad sancarleña.

Las estimaciones preliminares establecen que el oro del lugar tendría un valor que oscilaría entre $2.600 millones y $3 mil millones, según el Colegio de Geólogos.

“Yo le hago un llamado a los diputados para que mantengan la coherencia de ser un país que ha apostado por una imagen y un modelo de desarrollo sustentable, en donde la extracción no tiene lugar (…) Permitir la mina de Crucitas es regresar a la época de las cavernas, sobre todo, cuando todos tenemos claro que la verdadera riqueza de un país no es su oro, ni petróleo, sino su diversidad biológica”, dijo Fabián Pacheco del Movimiento Ecologista.

Han pasado más de 20 años desde que se habló por primera vez de explotar el oro que existe en la mina de Crucitas.

Desde entonces, largos procesos legales y la lucha ambiental en contra del proyecto han frenado cualquier intento de extracción legal.

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El 26 de junio pasado, se dio a conocer que la empresa Infinito Gold desistió del reclamo que tenía contra Costa Rica por la mina, lo cual permitió a Chaves tomar posesión completa del lugar y así explotar el oro.

“Como en toda actividad extractivista, no sostenible por definición, la minería va a ser rentable en tanto ‘otros’ paguemos los costos sociales y ambientales de la extracción del oro. Si a la minera se le exigiera dejar las cosas como estaban antes de la extracción y asumir todos los costos sociales y ambientales, no alcanzaría ni para empezar esos $3 mil millones. ¿Quién va a hacerse cargo de reconstruir los cerros, restablecer el bosque, cuidar las lagunas de relaves por cientos de años?”, dijo Edgardo Araya, abogado ambientalista que tumbó la minería en 2010 ante los tribunales.

Por otra parte, los ambientalistas advierten que la imagen de Costa Rica como destino verde y su compromiso ambiental se verían claramente afectados por una decisión de este tipo.

En ese sentido, destacan que perfectamente se puede desarrollar la zona de Cutris en San Carlos, donde se encuentra la mina, sin generar un mayor daño del que ya existe.

Los ecologistas aseguran que la voluntad política es capaz de frenar la extracción ilegal y restaurar el área tras años de contaminación por parte de los coligalleros.

“Hay distintos planes de acción que se pueden llevar a cabo (…) Hay de hecho, propuestas muy concretas que se discutieron en gobiernos anteriores para remediar la situación en Crucitas y generar una propuesta de desarrollo para explotar en buenos términos la riqueza que ahí hay y no haciendo grandes agujeros y llenando de residuos tóxicos todo el lugar, sino haciendo encadenamientos productivos, generando desarrollo local y cuidando la naturaleza”, indicó Henry Picado de Fecon.