Antonio Ortega y obispos se enfrentan por secreto de confesión, abuso sexual e impunidad

Con el objetivo de establecer responsabilidades a todos los niveles, el Frente Amplio propone eliminar el secreto de confesión que ampara a los sacerdotes de la Iglesia Católica.

La reforma que plantea la bancada izquierdista también responsabiliza a las organizaciones que silencien u oculten los delitos sexuales de sus integrantes.

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Organizaciones y asociaciones comunitarias, deportivas, religiosas y sociales, así como personas jurídicas, también deberán responder.

Antonio Ortega, jefe de fracción del Frente Amplio, señala que el proyecto no implica una persecución religiosa de ninguna índole, sino que busca cumplir la ley en contra de los agresores o de las personas que encubran los delitos.Esto es lo que pretende la ley:

• Garantizar que cualquier organización que encubra delitos de violencia sexual contra los niños responda económicamente.

• Permitir a los ministros o autoridades religiosas levantar el secreto de confesión cuando sean autorizados por el confesor o la víctima, con el fin de cerrar portillos de silencio y frenar la impunidad.

• Establecer la obligación de denunciar para quienes desempeñen cargos de autoridad y representación en organizaciones, si han identificado indicios de delitos sexuales en perjuicio de la niñez.

“Hacen mal los representantes de la Iglesia Católica en Costa Rica al intentar manipular a los feligreses omitiendo el verdadero contenido del proyecto y señalando como pecadoras a las diputaciones que pretendemos garantizar la protección de la niñez contra delitos sexuales. En países como Australia, Irlanda, Bélgica, Estados Unidos y Canadá existen leyes dirigidas a facilitar la cooperación de ministros y autoridades religiosas en casos de violencia sexual contra menores. El mismo Papa Francisco ha hecho un llamado a los integrantes de la Iglesia a no repetir los errores de ocultar este tipo de atrocidades”, dijo Ortega.

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Mientras tanto, la Iglesia Católica cuestiona el proyecto porque considera que violenta principios básicos de la religión.

“Se expone un ataque directo a la Doctrina y la Liturgia de la Iglesia Católica en el tema del Sacramento de la Penitencia o de la Confesión, específicamente obligando al sacerdote confesor tanto a revelar la información confiada por un penitente —sea víctima, autor o testigo de un hecho de esta naturaleza— como a su obligación de denunciar estos delitos, aún en el caso de que su única fuente de información sea dentro del sacramento de la confesión”, indicaron los obispos.

En ese sentido, los obispos pidieron a los legisladores no cambiar la normativa actual.