Apertura celular nada contra corriente
Luis Valverde lvalverde@larepublica.net | Miércoles 17 noviembre, 2010
Desconocimiento del mercado por parte de reguladores entre principales causas
Apertura celular nada contra corriente
Proceso ha debido soportar intereses políticos y oposición del Instituto Costarricense de Electricidad
Como si se tratara de un pez que nada contra corriente, así el proceso de apertura celular en el país ha tenido que soportar una dura oposición que le ha impedido avanzar con suficiente rapidez.
Al efectuar un análisis de causa-efecto, se pueden determinar cuatro aspectos principales que han generado dicho atraso:
El primero de ellos obedece al interés del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por mantener su statu quo.
En segunda instancia a existido un interés político-ideológico ligado al No durante el referéndum.
Adicionalmente se le ha sumado la incertidumbre jurídica ante la llegada de un nuevo mercado sin que existiesen reglas claramente definidas.
Por último ha habido un desconocimiento general de cómo actuar ante ciertas situaciones que trae la apertura en el sector, lo cual ha llevado a actores y reguladores a tener que resolver problemas “en el camino”.
Esto ha derivado en la molestia de varios jugadores, especialmente interesados en la apertura, en un camino que ha sido catalogado como “tortuoso” para los actores privados, de acuerdo con Juan Manuel Campos, representante de Ciber Regulación Consultores, empresa que aglutina los intereses de algunos de los nuevos operadores en telecomunicaciones.
El atraso ha sido un tema del cual están conscientes incluso en el Gobierno, donde la ministra del ramo Hannia Vega, manifiesta estar esperanzada en que la situación mejore y más empresas puedan comenzar a invertir.
En medio de ello, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y la Contraloría General de la República han tenido un papel destacado en un espinoso camino cargado de temas regulatorios pendientes por resolver y de un cartel licitatorio que todavía se encuentra en proceso.
Precisamente fue establecido que para el 14 de diciembre las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas a la Sutel, aunque todavía tienen plazo de cerca de dos semanas para efectuar objeciones.
Luis Valverde
lvalverde@larepublica.net
Apertura celular nada contra corriente
Proceso ha debido soportar intereses políticos y oposición del Instituto Costarricense de Electricidad
Al efectuar un análisis de causa-efecto, se pueden determinar cuatro aspectos principales que han generado dicho atraso:
El primero de ellos obedece al interés del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por mantener su statu quo.
En segunda instancia a existido un interés político-ideológico ligado al No durante el referéndum.
Adicionalmente se le ha sumado la incertidumbre jurídica ante la llegada de un nuevo mercado sin que existiesen reglas claramente definidas.
Por último ha habido un desconocimiento general de cómo actuar ante ciertas situaciones que trae la apertura en el sector, lo cual ha llevado a actores y reguladores a tener que resolver problemas “en el camino”.
Esto ha derivado en la molestia de varios jugadores, especialmente interesados en la apertura, en un camino que ha sido catalogado como “tortuoso” para los actores privados, de acuerdo con Juan Manuel Campos, representante de Ciber Regulación Consultores, empresa que aglutina los intereses de algunos de los nuevos operadores en telecomunicaciones.
El atraso ha sido un tema del cual están conscientes incluso en el Gobierno, donde la ministra del ramo Hannia Vega, manifiesta estar esperanzada en que la situación mejore y más empresas puedan comenzar a invertir.
En medio de ello, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y la Contraloría General de la República han tenido un papel destacado en un espinoso camino cargado de temas regulatorios pendientes por resolver y de un cartel licitatorio que todavía se encuentra en proceso.
Precisamente fue establecido que para el 14 de diciembre las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas a la Sutel, aunque todavía tienen plazo de cerca de dos semanas para efectuar objeciones.
Luis Valverde
lvalverde@larepublica.net