Arranca discusión de empleo público en su primer debate

Luego de las constantes polémicas, el trámite en su comisión, el conocimiento de mociones y conocer la opinión de la Corte Suprema de Justicia, este lunes arrancó la discusión en primer debate de empleo público.

Esperando que esté aprobada a finales de este mes, la iniciativa debe contar con el visto bueno de 38 legisladores.

Su fin más notorio es erradicar las diferencias salariales en puestos similares.

Por lo tanto, contempla que solo existirá un régimen general de empleo público que agrupa a los funcionarios públicos en ocho familias.

1. Personas servidoras publicas bajo el ámbito de aplicación del título I y del título IV del Estatuto de Servicio Civil.
2. Personas servidoras públicas que se desempeñan en funciones en ciencias de la salud.
3. Personas servidoras públicas que se desempeñan en funciones policiales.
4. Personas docentes contempladas en el Estatuto del Servicio Civil del Título II y el Título IV.
5. Personas docentes y académicas de la educación técnica y superior.
6. Personas que administran justicia y los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones.
7. Personas servidoras públicas que se desempeñan en funciones del Servicio Exterior.
8. Personas servidoras públicas que se desempeñan en cargos de confianza.

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También establece los despidos a funcionarios que hayan tenido en sus evaluaciones del desempeño dos notas inferiores al 70, los cuales serían removidos de sus cargos sin responsabilidad patronal.

En el tema de los pluses salariales como las anualidades, estas quedan congeladas y el salario global sólo se aplicaría al personal nuevo que ingrese a trabajar al sector público. Los funcionarios que estén bajo la modalidad de salario compuesto podrían pasarse a esta modalidad sólo si su salario actual es igual.

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Aunque la iniciativa no escapa de las críticas.

Y es que la Corte Suprema de Justicia ya advirtió que el Ministerio de Planificación no puede ser rector en materia de empleo para instituciones como el Poder Judicial, ya que una norma constitucional les brinda autonomía absoluta.

Y es que en el plano jurídico la iniciativa es inconstitucional ante el irrespeto del principio de separación de poderes, así como sustitución de competencias del gobierno propias de las instituciones, consideró Shirley Díaz, diputada socialcristiana.