Arroceros insisten en poder competir
Ernesto Villalobos evillalobos@larepublica.net | Miércoles 29 diciembre, 2010
Nivelación de precio del grano antes que caiga regulación, se daría con base en “ayudas”
Arroceros insisten en poder competir
Ministerios declinaron eliminar precio mínimo, pero insisten en urgencia de corregir situación
A pesar de que un anuncio oficial les ha permitido respirar con algo de tranquilidad, los arroceros costarricenses se resisten a bajar la guardia.
En días pasados, las autoridades de Economía y Agricultura advirtieron que de momento no se eliminaría el precio mínimo que regula la calidad 80/20 del grano, a fin de analizar más detalladamente la aplicación de medidas que corrijan las supuestas alteraciones que provoca el dinero que llega a los productores nacionales, derivado de esa tasación.
La naturaleza de los recursos que se generan con la regulación del precio, es precisamente lo que mantiene una disputa entre el sector arrocero y los ministerios.
Mientras las jerarcas de Comercio Exterior, Economía y Agricultura sostienen que se trata de un subsidio que percibe un gremio específico y reducido de productores, los arroceros aducen que no lo es.
“No es posible seguir financiando con recursos que pagan los consumidores, una actividad en la que hoy participan más personas, pero que irónicamente ha decrecido en su productividad por hectárea”, declaró en su momento Mayi Antillón, titular de la cartera de Economía.
Entre 2007 y 2010, el número de productores pasó de 600 a casi mil, mientras que los montos percibidos a partir de la regulación de precios, se elevó de $23,3 millones hasta llegar a $125,2 millones.
“Las valoraciones de las señoras ministras no están valorando muchos elementos que prueban que no estamos recibiendo subsidios”, afirmó Oscar Campos, vocero de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
Eso incluso está definido en la forma en que se hacen los cálculos, a través de un modelo de costos previamente definido, agregó Campos.
En medio de la disputa, están las repercusiones que ya ha debido experimentar el consumidor.
A fin de balancear el impacto que iba a tener la eliminación del precio mínimo sobre las finanzas de los arroceros, quienes compran arroz de la calidad regulada han pagado ¢84 más, por cada bolsa de dos kilos.
De hecho, el ajuste en el precio del grano se dispuso mediante un decreto publicado en el diario oficial, el 25 de agosto, pero con fecha de entrada en vigencia el 20 de octubre.
De acuerdo con el aumento, la bolsa de dos kilos con calidad de 80% de grano entero y 20% quebrado pasó de ¢1.384 a ¢1.468.
El alza representó además, un 6% para la presentación de 80% a 85% grano entero.
Con lo anterior, y sumado al hecho de que contrario a lo que se había anunciado oficialmente el precio del grano no bajará en enero, la situación seguirá igual para todos los actores, excepto para los consumidores.
“Es claro que el sistema de fijación de precios es un atentado contra el bolsillo de los costarricenses. Se trata de un aumento que solo durante la administración Arias Sánchez registró un 180%”, advirtió Erick Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica.
Es urgente hacer una reversión en materia de precio; para eso hay muchísimo dinero acumulado en manos de los arroceros, que bien podría devolverse a los consumidores, sentenció Ulate.
A criterio de los representantes de los consumidores, ante el actual panorama debe procurarse de inmediato la eliminación de la ley de Conarroz, por cuanto es evidente que no ha propiciado un fortalecimiento de la actividad arrocera, y más bien han premiado la baja productividad.
Sobre el particular, el sector arrocero afirma que con la eliminación del modelo actual, en un periodo de 24 meses solo podrá subsistir el 20% de los productores que existen hoy.
Ernesto Villalobos
evillalobos@larepublica.net
Arroceros insisten en poder competir
Ministerios declinaron eliminar precio mínimo, pero insisten en urgencia de corregir situación
A pesar de que un anuncio oficial les ha permitido respirar con algo de tranquilidad, los arroceros costarricenses se resisten a bajar la guardia.
En días pasados, las autoridades de Economía y Agricultura advirtieron que de momento no se eliminaría el precio mínimo que regula la calidad 80/20 del grano, a fin de analizar más detalladamente la aplicación de medidas que corrijan las supuestas alteraciones que provoca el dinero que llega a los productores nacionales, derivado de esa tasación.
La naturaleza de los recursos que se generan con la regulación del precio, es precisamente lo que mantiene una disputa entre el sector arrocero y los ministerios.
Mientras las jerarcas de Comercio Exterior, Economía y Agricultura sostienen que se trata de un subsidio que percibe un gremio específico y reducido de productores, los arroceros aducen que no lo es.
“No es posible seguir financiando con recursos que pagan los consumidores, una actividad en la que hoy participan más personas, pero que irónicamente ha decrecido en su productividad por hectárea”, declaró en su momento Mayi Antillón, titular de la cartera de Economía.
Entre 2007 y 2010, el número de productores pasó de 600 a casi mil, mientras que los montos percibidos a partir de la regulación de precios, se elevó de $23,3 millones hasta llegar a $125,2 millones.
“Las valoraciones de las señoras ministras no están valorando muchos elementos que prueban que no estamos recibiendo subsidios”, afirmó Oscar Campos, vocero de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
Eso incluso está definido en la forma en que se hacen los cálculos, a través de un modelo de costos previamente definido, agregó Campos.
En medio de la disputa, están las repercusiones que ya ha debido experimentar el consumidor.
A fin de balancear el impacto que iba a tener la eliminación del precio mínimo sobre las finanzas de los arroceros, quienes compran arroz de la calidad regulada han pagado ¢84 más, por cada bolsa de dos kilos.
De hecho, el ajuste en el precio del grano se dispuso mediante un decreto publicado en el diario oficial, el 25 de agosto, pero con fecha de entrada en vigencia el 20 de octubre.
De acuerdo con el aumento, la bolsa de dos kilos con calidad de 80% de grano entero y 20% quebrado pasó de ¢1.384 a ¢1.468.
El alza representó además, un 6% para la presentación de 80% a 85% grano entero.
Con lo anterior, y sumado al hecho de que contrario a lo que se había anunciado oficialmente el precio del grano no bajará en enero, la situación seguirá igual para todos los actores, excepto para los consumidores.
“Es claro que el sistema de fijación de precios es un atentado contra el bolsillo de los costarricenses. Se trata de un aumento que solo durante la administración Arias Sánchez registró un 180%”, advirtió Erick Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica.
Es urgente hacer una reversión en materia de precio; para eso hay muchísimo dinero acumulado en manos de los arroceros, que bien podría devolverse a los consumidores, sentenció Ulate.
A criterio de los representantes de los consumidores, ante el actual panorama debe procurarse de inmediato la eliminación de la ley de Conarroz, por cuanto es evidente que no ha propiciado un fortalecimiento de la actividad arrocera, y más bien han premiado la baja productividad.
Sobre el particular, el sector arrocero afirma que con la eliminación del modelo actual, en un periodo de 24 meses solo podrá subsistir el 20% de los productores que existen hoy.
Ernesto Villalobos
evillalobos@larepublica.net