Así es la vida política

Vladimir de la Cruz vladimirdelacruz@hotmail.com | Miércoles 06 febrero, 2019

El pueblo es una categoría histórica concreta, específica, que responde a momentos determinados del desarrollo político, económico, cultural, social, que comprende al conjunto de personas, habitantes o gentes que hoy se circunscribe a una región, un lugar o un país. Así por ejemplo el pueblo costarricense es el conjunto de personas que habitan el territorio que se llama o conoce como Costa Rica, el nicaragüense el de Nicaragua, el venezolano el de Venezuela, el ruso el de Rusia, y así en general.

Pueden entenderse distintas formas de pueblos dentro de una misma región o país. Por ejemplo, dentro del territorio costarricense pueden comprenderse categorías como el pueblo limonense, el de la región de Limón o el Caribe, los pueblos indígenas que todavía tenemos en áreas geográficas propias, el pueblo del Valle Central con sus particularidades, el cartaginés de la región de Cartago, el guanacasteco, de Guanacaste, y así para las distintas regiones que hoy conforman el territorio nacional, sea por provincias, cantones y hasta por distritos, si se pudieran particularizar características poblacionales a este nivel.

Los territorios que hoy configuran nuestros países no son caprichosos, no fueron constituidos al azar. Son el resultado de una presencia extranjera, la dominación colonial española y europea, que les estructuró de acuerdo con sus necesidades de dominación política, económica, cultural, religiosa, militar y jurídica, entre otros aspectos. En algunos casos esta delimitación colonial impuesta quebró regiones y áreas culturas, y comunidades de habitantes las fragmentó en diversas regiones políticas.

Antes de la llegada de los europeos el territorio americano también se dividía en regiones culturales de conformidad con los grupos originales, autóctonos, indígenas, que los fueron poblando y habitando, y que de acuerdo con sus prácticas de vida configuraron poco a poco sociedades de convivencia, desde la época de los grupos de los recolectores, los cazadores, los pescadores, los agricultores, hacia el surgimiento de las sociedades aldeanas y con ellas el surgimiento de nuevas especialidades relacionadas con el proceso de producción, y de organización social y política, que con ellas se dio.

Los europeos y españoles al encontrarse con la América, en su proceso de sometimiento y dominación, la dividieron para su mejor administración política de dominio y explotación, primero en dos grandes virreinatos, luego en dos más. Los virreinatos a cargo de virreyes como funcionarios políticos de mayor jerarquía. Y los virreinatos, a la vez que los iban penetrando y conociendo, también los dividieron en regiones más pequeñas, a cargo de autoridades igualmente civiles, políticas, militares, tributarias, religiosas, judiciales, para ejercer un mejor control de la población y de los propios territorios.

Así desde la época colonial los países que hoy conforman la América Latina y la región de Centroamérica fue delimitada por los españoles, y dentro de cada circunscripción geográfica quedó una determinada población que la fue caracterizando. Los límites de cada uno de nuestros países en general fueron establecidos por España y hasta hoy han sufrido poca variación.

Cuando se desintegró el régimen colonial, resultado de los procesos de independencia, las regiones quedaron tal cual España, en nuestro caso, las había delimitado.

Desde antes de la independencia a la gente o habitantes que vivían en el territorio que se había denominado Costa Rica, se le les conocía como los “costarricas”, concepto que se usó todavía en muchos documentos de la primera mitad del siglo XIX.

Como territorio, Costa Rica, era una sola unidad. No había más distinciones que las que se daban por el sitio donde vivían los habitantes de Costa Rica, en el Valle Central, en la región de Ujarrás, en Alajuela, Heredia, en San José particularmente, en los pueblos que durante la colonia se fueron dando en diferentes partes del país, con escasas y malas vías de comunicación entre ellos.

Las principales, hoy ciudades del país, Alajuela, Heredia y San José, a excepción de Cartago, surgieron prácticamente entre los siglos XVII y XVIII. Los procesos de colonización que se impulsan al calor de la independencia, después de 1821, ayudan a hacer surgir otras poblaciones durante el siglo XIX, y luego en el siglo XX el resto. La primera división administrativa importante fue la determinación de los Departamentos en 1835, Occidental Oriental y Guanacaste. Luego, en 1848, las cinco provincias, San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacaste, y las comarcas de Puntarenas y Limón, que luego se declararon provincias.

Desde el punto de vista político, durante la dominación española, y europea, las decisiones políticas estaban monopolizadas por las autoridades españolas, desde España, el Virreinato de Nueva España, la Capitanía General de Guatemala, o el Reino de Guatemala, o la Diputación de Guatemala, al final de la colonia, junto a las autoridades locales que directamente actuaban en la administración local de Costa Rica, los gobernadores, por ejemplo. Los pobladores americanos, no españoles dominantes, tenían la condición de súbditos, de ser sometidos y obligados en obediencia ante el rey de España y sus representantes coloniales. El régimen colonial así fue un sistema de opresión política, de dominación y explotación económica y de exclusión social. En este último aspecto toda la población que no era española de nacimiento, excepto los peninsulares, estaba prácticamente excluida de cualquier forma de ejercer la representación política, que durante la colonia no se dio para la población dominada.

Justo al último gobernador colonial en Costa Rica, Juan Manuel de Cañas, al dejar sus funciones, con motivo de la independencia, en los días inmediatos, en documentos públicos, se le caracteriza como opresivo, autoritario, de procederes arbitrarios.

Las ideas de la representación política, de la delegación de poderes y de la soberanía popular, que se habían desarrollado en Europa desde finales del siglo XVI, durante el siglo XVII y fortalecidas en los siglos XVIII y XIX al calor del impacto de la Revolución Francesa y la independencia de las colonias inglesas, conducen a que el primer texto constitucional que se redacta en Costa Rica, el 1° de diciembre de 1821, se denomine “Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia”, que da origen al desarrollo constitucional costarricense.

La estructura de la dominación y de los órganos de poder políticos como órganos de dominación pasaron a la nueva realidad con las modalidades y formas del caso.

Inmediatamente a la Declaración de Independencia de Cartago, el 29 de octubre de 1821, a mediados de noviembre, desconociendo a la autoridad colonial que todavía ejercía el poder interinamente, Alajuela y San José le desconocen e integran la Primera Junta de Legados de los Pueblos, a modo del primer gobierno propio en época independiente que surge, siguiéndoles luego las Juntas Superiores Gubernativas hasta la constitución republicana del Estado de Costa Rica, dentro de la República Federal Centroamericana, con el que surge la estructura de los tres poderes clásicos, en 1824, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

Desde ese año estos tres poderes han evolucionado sustantivamente poco en el país. Su naturaleza y funciones han permanecido prácticamente iguales al momento de su origen. En el aparato legislativo desapareció la figura del senado, que la tuvimos en pocas ocasiones y por poco tiempo. La denominación de los miembros del Poder Legislativo desapareció de congresistas, por el Congreso, a diputados por la Asamblea Legislativa.

Los jefes de Estado hasta 1848 dieron paso a los presidentes de la República, desde 1848 hasta hoy. Los vicejefes de Estado cambiaron a designados a la Presidencia en 1848 y estos cambiaron a vicepresidentes desde 1949 hasta hoy. Vicejefes de Estado y designados nombrados por el Congreso pasaron a elección directa a partir de 1949 junto con el presidente.

Los miembros del Gabinete Presidencial, conocidos como secretarios de Estado pasaron a denominarse ministros. Este conjunto de miembros que conforman el Poder Ejecutivo Nacional, el Presidente y sus Ministros actuales, es lo que podría considerarse la expresión suprema de un Consejo de Notables, de un Comité de Notables, o de una Comisión de Notables de Estado.

Es en el Consejo de Ministros, junto con el Presidente, donde se toman las decisiones políticas más importantes que atañen a todos los costarricenses, todos los días, por medio de sus decretos, o actos propios de los ministerios, porque con ellos se afecta de manera inmediata a todos los costarricenses en los distintos campos de acción de cada ministerio.

En el Poder Legislativo se hacen las leyes, a veces sometidas a largos procesos de duración por sus debates y obstáculos que les ponen los diputados para su tramitación. Las leyes muchas son reguladas por reglamentos, más no todas, y operan casi como principios generales y específicos de convivencia para todos los costarricenses, por su generalidad y universalidad, por el ámbito de su alcance.

Cuando algún gobierno, un poder ejecutivo, generalmente por iniciativa de su presidente integra una Comisión de Asesores, o una Comisión de Consejeros, para una tarea específica, como poder analizar la situación estructural del Estado, en todas sus dimensiones, y de la administración pública e institucional, para proponer medidas, o sugerir posibles reformas, que conduzcan a mejorar esa estructura y administración, como su funcionamiento, se les llama Comisión de Notables por la prensa, sin que ese sea el término más correcto para invocarlas o para referirse a ellas.

Insisto que la Comisión de Notables por excelencia es el Consejo de Ministros, que se reúne una vez a la semana usualmente y la prensa y sus periodistas están atentos a lo que allí se discute y traza cada semana, y algunos medios de comunicación con sus informaciones hasta tratan de imponerle agenda de discusión y de análisis.

Cuando desde 1990 hasta hoy se han integrado varias Comisiones de Asesores, por parte de esos gobiernos, han recibido el nombre de Comisiones de Reforma de Estado o la que integró el gobierno de Laura Chinchilla, que la expresidenta sí la llamó, y así se conoció, como Comisión de Notables. La actual Comisión que analiza aspectos del Estado y de la Administración que integró el presidente Carlos Alvarado, en su anuncio de integración la prensa principalmente la empezó a llamar Comisión de Notables, en referencia a la del gobierno de Laura Chinchilla. La notabilidad descansa en la atención que hay que ponerle a su trabajo. Lo notable es lo que es digno de atención, en este caso de su trabajo, de su importancia.

Estas comisiones en lo que recuerdo y soy testigo de ello, de dos, no son juramentadas por el Consejo de Gobierno, ni nombradas por el Consejo de Gobierno. Es el presidente de la República el que la nombra, las juramenta y les propone el cometido de su trabajo, dejándolas actuar en conciencia y con sentido patriótico a su buen saber y entender. Al interior de estas comisiones, al menos de las últimas dos en que he participado y participo, son los miembros de la Comisión los que libremente discuten y llegan al acuerdo, sobre el mandato presidencial, de qué abordar y cómo hacerlo, y las propuestas que se van dando y surgiendo son el resultado de ese trabajo, donde puede haber consensos y disensos, porque al interior de su trabajo hay una participación democrática absoluta. Se procura llegar a consensos y a acuerdos por unanimidad. En la Comisión que integró la expresidenta Chinchilla como se puede apreciar en el documento final presentado se expresaron los disensos. En la actual Comisión se está tratando de llagar a acuerdos unánimes.

En este trabajo no mete la mano el Presidente de la República para nada. No hay instrucciones precisas de él para aspectos en particular y menos para discusiones en las que se trabaja. El resultado de ese trabajo puede aceptarlo o no. Cuando se le presentaron a la expresidenta Chinchilla las más de 100 propuestas que se elaboraron en aquella Comisión, ella acogió menos de 50 para proponerlas como proyectos de ley, que no llegaron a discutirse en trámite legislativo. Algunas de esas ya están en trámite legislativo porque los actuales legisladores, al margen, y separadamente de la Comisión que integró el presidente Alvarado, las asumieron como propias con sus particularidades y les han dado trámite. Así es la vida política.

Los embarazos de las mujeres duran nueve meses, en algunas hembras del reino animal duran casi dos años, como en las elefantas que pueden durar hasta 24 meses, y en algunas crías de tiburones pueden alcanzar hasta 42 meses, mientras en los embarazos políticos de los trámites de las leyes puede haber partos rápidos o muy lerdos, menores de un año y hasta de varios años, obviamente los trámites de reformas constitucionales, por su naturaleza se llevan mínimo dos legislaturas. Así es la vida política.

Y la vida política de los parlamentos, con todo respeto para sus integrantes nacionales, es muchas veces paquidérmica y tiburónica, figurativamente hablando, lenta, saboteadora de los proyectos de ley por la acción misma de los diputados, con decenas, cientos o hasta miles de mociones tan solo para obstaculizar su trámite, en sus guerras fratricidas internas y sus guerras intrapartidarias legislativas, como en sus guerras, de todas las fracciones opositoras a las propuestas de la fracción de gobierno o de las leyes que el Ejecutivo impulsa en las sesiones extraordinarias.

La estructura del parlamento, del Poder Legislativo, es el resultado de la evolución de ese Poder desde 1824 en el caso costarricense. Durante todo el siglo XIX estaba muy reducida su integración por razones de edad, de género, solo hombres de dinero, había que tener ingresos determinados, por razones de alfabetismo, por regiones. Los mecanismos de elección para puestos públicos eran restringidos y controlados. Hasta 1949 las mujeres no podían participar en posibilidad de integrar el Congreso. Hasta 1913 hubo voto indirecto, y hasta 1924 fue secreto. Había un control directo sobre los electores o votantes.

De hecho desde su origen se estableció esta estructura, como la de los otros poderes, como una estructura que obedecía a un control político de quienes tenían en sus manos la posibilidad de integrarlo. De hecho era una dictadura impuesta sobre el resto de la población, justificada en la delegación del voto, en la representación política y en la soberanía popular que se expresaba en esos representantes.

Desde 1948 hasta 1975 existieron obstáculos constituciones y legislativos para impedir la participación política de partidos políticos de izquierda. La lucha por eliminar esos obstáculos culminó con éxito y la ampliación de la democracia político-electoral fue su resultado. Empezaron a llegar a la Asamblea Legislativa diputados de izquierda, como voces necesarias en la vida política nacional. Pero esos diputados de izquierda, por llegados allí, poco hicieron por ampliar los espacios democráticos de otros grupos, igualmente o menos pequeños que ellos. El resultado real de eso es que el Art. 96 de la Constitución Política no ha sido modificado para garantizar económicamente la participación de todos los partidos que participan, como iguales, en todos los procesos electorales, igualando así también a todos los ciudadanos en términos reales. Probablemente, tal vez de manera inconsciente, en estos diputados actúa la genética del poder de los grupos dominantes, grandes y mayoritarios, no facilitar la presencia de otros diputados y otros partidos pequeños.

En el debate parlamentario el Reglamento Legislativo, que es una Ley de la República, es el que regula la vida interna de la Asamblea Legislativa, de los diputados en su trabajo legislativo, tanto en comisiones como en el plenario. Ha habido varios reglamentos, resultado de quienes integraban la Asamblea Legislativa favoreciendo sus intereses partidarios y mayoritarios, cuando algunos partidos tenían mayoría absoluta de diputados o cuando dos partidos políticos la tenían, para favorecer los acuerdos políticos. Los representantes de los partidos pequeños siempre han estado marginados de esa toma de decisiones. Esto empezó a cambiar en 1998, cuando los partidos tradicionales Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana perdieron esas mayorías de control sobre el conjunto de diputados. Aun así, no se ha podido establecer que el Directorio Legislativo se integre proporcionalmente a la representación parlamentaria existente, aunque mucho se ha avanzado en este punto.

Cuando recientemente algunos diputados, y otros personajes de la farándula política nacional, que reviven y resucitan para este tipo de discusiones, a propósito de las primeras propuestas que la actual Comisión de Reforma del Estado, que integró el presidente Alvarado, hicieron públicas, y se canalizaron, como debe ser, para el conocimiento de los diputados, especialmente de los que están analizando reformas similares, han señalado cosas absurdas porque no saben leer adecuadamente, o porque aviesamente y simplemente solo les interesa atizar el fuego contra el presidente Alvarado, que no tiene vela en ese entierro, y contra al ministro Piza, que coordina, junto con la Ministra de Justicia, la integración de la Comisión que ha hecho esta propuesta.

Algunos de estos personajes sin entrarles a fondo a las propuestas, tan solo gritan desaforados advirtiendo de una amenaza antidemocrática, de corte casi fascista y hasta pinochetista, cuando en ellas se recoge la experiencia internacional de la democracias republicanas europeas más sólidas. ¿Qué tal que se hubiera asimilado la experiencia de gobiernos latinoamericanos, alabados por algunos de estos sectores, donde el Poder Ejecutivo da órdenes a los miembros del Poder Legislativo, para que en días aprueben leyes, para que el Poder Judicial en días meta la cárcel a personas, o como cuando se le dan poderes especiales, por medio de las llamadas Leyes Habilitantes, al presidente de la República para que paralelamente al Poder Legislativo haga LEYES, autorizadas por ese Poder Legislativo.

Algunos de estos personajes solo tienen un discurso de arenga pública hacia una gradería política deseosa de oír hablar contra el Estado, contra el gobierno, cualquiera que sea el partido político que esté en él, contra los políticos de todos los partidos, contra el presidente de turno que esté porque a ese hay que darle en la cabeza, contra sus ministros, contra la POLÍTICA, contra el mismo sistema democrático, que con sus imperfecciones, es el que asegura hasta ahora nuestra mejor forma de convivencia. Con ese discurso de arengar irresponsablemente, sin debatir con argumentos de fondo, razonada y serenamente, solo se crean las condiciones para que emerjan líderes populistas de cualquier porte político, de cualquier signo ideológico o religioso, o cualquier resentido social que logre llamar la atención del público electoral inculto políticamente de esa gradería. Frente a lo que pasa allende nuestras fronteras este peligro no es fantasía, puede ser una realidad inmediata.

Estamos ante 82 procesos electorales a fin de año, que culminan el primer domingo de febrero del próximo. Hay una gran responsabilidad nacional de enfrentar este proceso electoral nacional con serenidad, con certeza de que en él se contribuirá a escoger los mejores representantes populares para integrar los concejos municipales, distritales, intendencia y alcaldías, para mejorar y para fortalecer, no solo la participación democrática de los ciudadanos en su deber y derecho de ejercer el voto, sino que de este proceso salga más robusta la democracia nacional.

Provoquemos la discusión de la reformas propuestas, pero hagámoslo seriamente, sobre el contenido de las reformas, de si son buenas o malas y de por qué se deben o no aprobar. Elevemos la discusión, la cultura, la educación política y cívica de los ciudadanos.

No es suficiente decir que lo propuesto es “intocable”, que es “inconstitucional”, es tratar “de fumigar la ingobernabilidad con propuestas peligrosas”, que lo que se quiere imponer “la tiranía y el despotismo”, que son “reformas antidemocráticas”, que se “quiere cercenar el derecho de enmienda y competencia” de los diputados, que “lo que aprueben los diputados” nadie se va a enterar, que “limita la transparencia de la discusión parlamentaria”, que hay implícito un “autoritarismo” gubernativo. Estos conceptos se han levantado sin explicar por qué.

Cualquier reforma al Reglamento Legislativo, como estas que se proponen, pasan por la discusión parlamentaria, como todas las leyes, por la Comisión respectiva, como se está haciendo, y luego por el Plenario Legislativo si ahí llega. Y, desde la Comisión Legislativa, como se está haciendo, con la prensa de por medio siguiéndole los pasos. Nada más democrático que esto. Que no se le tenga miedo a la discusión, dejando de lado los adjetivos descalificadores que nada aportan. Así es la vida política.

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