Ataque a la institucionalidad de Rodrigo Chaves es rechazado por Corte, Asamblea, Defensoría y Colegio de Abogados
Marta Esquivel guarda silencio y señala que hay que respetar el debido proceso en caso Barrenador
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Jueves 26 septiembre, 2024 10:46 a. m.
Altos jerarcas de la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa, la Defensoría y el Colegio de Abogados, hicieron un llamado a defender la institucionalidad democrática, a la vez que dieron un espaldarazo a las acciones que realiza el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la fiscalía en el caso Barrenador, que implica un supuesto caso de corrupción en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
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La advertencia la hicieron luego de que el presidente Rodrigo Chaves acusara al Ministerio Público de estar politizado, montar un show y querer amedrentar al Poder Ejecutivo “en la toma de decisiones valientes”, según el presidente.
“Las decisiones que se tomen hoy, condicionarán el futuro próximo y el desarrollo humano de largo plazo de Costa Rica, por lo que los funcionarios públicos, particularmente quienes ostentan puestos jerárquicos, deben ajustar sus actuaciones a la Constitución Política, la moral, la justicia, las leyes y demás normativa vigente, sin propiciar discursos que puedan incentivar una profunda polarización en nuestra sociedad y una escalada de violencia inédita en la historia del país”, dijo Angie Cruickshank, Defensora de los Habitantes.
Mientras tanto, el presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, y el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, hicieron un llamado a respetar la institucionalidad del país. .
“Costa Rica no merece que el Poder Ejecutivo ataque de manera sistemática los principios que han hecho del país un referente internacional”, dijo Arias.
Por su parte, Francisco Cruz, presidente del Colegio de Abogados de Costa Rica, indicó que los ataques sistemáticos del gobierno solo conducirían al caos.
“Las prácticas en ese sentido, por más loables que se consideren, solo desestabilizan el Estado de Derecho, polarizan a la sociedad y la conducen al caos, lo que podría llevar eventualmente a su derrumbamiento (…) El Colegio que represento, como ente fiscalizador del ordenamiento jurídico y auxiliar de la justicia, exhorta a los poderes a retomar el cauce de la prudencia y el respeto a la conformación política e institucional de nuestro Estado de Derecho”, indicó Cruz.
Marta Esquivel guarda silencio
Por otra parte, Marta Esquivel, presidenta de la CCSS, aseveró este jueves que desea referirse al caso, pero que por el momento no puede dar opiniones a la prensa.
La funcionaria todavía no sabe si será separada del cargo por orden judicial.
“Hay que respetar el proceso, el respeto al Poder Judicial; y les prometo que cuando esto termine, más bien estoy deseando dar declaraciones”, expresó Esquivel.
Por un presunto sobreprecio de un 33% en la adjudicación de contratos a cooperativas para la operación de Ebáis, la fiscalía detuvo a Marta Esquivel, presidenta de la CCSS, este lunes.
La acción de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción incluyó allanamientos en la sede central de la CCSS, casas de habitación, cooperativas y oficinas por los presuntos delitos de Influencia en contra de la Hacienda Pública y Tráfico de Influencias.
Se confirmaron 8 detenciones. Se trata de altos funcionarios y exfuncionarios de la Junta Directiva de la CCSS.
“De acuerdo con el informe preliminar, la investigación habría dado inicio a principios del 2023, cuando al parecer miembros de la Junta Directiva de la CCSS anularon un cartel de licitación y a su vez realizaron un nuevo procedimiento en el que supuestamente estas personas habrían ejercido controles y aportes con la finalidad de modificar las condiciones de este acuerdo bajo los intereses de varias cooperativas de salud, que se encargarían de la administración de los Ebáis del país”, dijo el OIJ.
La decisión implicaría un perjuicio económico para la CCSS de más de ¢12 mil millones al año, según la fiscalía.
