Aumentos salariales en el sector público quedarían congelados por más de diez años

La aplicación de la regla fiscal, el peso de la deuda y la ley de empleo público, harían que los empleados estatales sufran un congelamiento de su salario por más de diez años, confirmó Pilar Garrido, ministra de Planificación.

Y es que cuando la deuda pública supera el 70% del PIB, los aumentos salariales por costo de vida quedarán prohibidos, según establece la regla fiscal que fue aprobada por los diputados en 2018.

Por otra parte, si se aprueba la ley de empleo público, los incrementos por incentivos quedarían vetados para la gran mayoría de trabajadores.

La iniciativa en cuestión pretende establecer un mismo salario por puesto laboral para toda la administración pública.

Acabar con las disparidades económicas de hasta ¢3 millones para puestos profesionales, es el objetivo.

Asimismo, se busca ordenar los diferentes esquemas de remuneraciones y controlar el crecimiento del gasto público en salarios.

El proyecto en cuestión dejaría sin efecto los pluses salariales cuando los trabajadores ganen por encima del salario global.

La medida afectaría a unos 270 mil funcionarios, ya que según cálculos del Ministerio de Planificación, solo unos 30 mil empleados estarían por debajo del salario global.

Ordenar el sistema de remuneraciones en el sector estatal es fundamental si se considera que hoy día, el 50% de los ingresos que recauda el Ministerio de Hacienda se utilizan para pagar el salario de los empleados públicos, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o Club de los Países Ricos.

Este gasto implica que Costa Rica es el país que más dinero invierte porcentualmente en la OCDE para pagar a su aparato estatal.

Esto, porque en el conocido Club de los Países Ricos, el promedio es de un 25%.

El dato cobra relevancia en momentos en que la Asamblea Legislativa tramita una reforma al empleo público, que promete ahorrarle al país unos ¢300 mil millones al año.

Lea más: Ley de empleo público: todo lo que debe saber

“Se trata de una medida de reforma estructural de gran calado, que no solo nos ayuda en términos del ajuste fiscal, sino que también nos permitirá contar con mejores condiciones de eficacia y calidad en los servicios públicos. Asimismo, nos ayudará a cambiar la trayectoria del crecimiento exponencial de las remuneraciones. Para ello, se está proponiendo un salario único o global, además de condiciones más estrictas para ingresar a trabajar con el Estado y por supuesto una mejor evaluación del desempeño”, dijo Garrido en una entrevista con LA REPÚBLICA.

Lea más: Llegó la hora de discutir el costo del empleo público

El plan de empleo público es la reforma estructural de mayor calado que presentó el gobierno de Carlos Alvarado al Fondo Monetario Internacional (FMI), para acceder a un crédito ampliado por $1.750 millones.

En ese sentido, los sindicatos del sector público han denunciado una supuesta campaña de desprestigio en su contra, la cual, tiene como objetivo cargar sobre sus hombros el peso de la reforma pública.

“Es un proyecto tramitado únicamente por un afán ideológico de odio contra el empleado público, que tiene como única meta un afán fiscalista para llevárselo al Fondo Monetario Internacional. La Ley Marco de Empleo Público plagada de inconstitucionalidades; sostiene la perversa tesis de que el déficit fiscal se debe a los salarios devengados por las personas trabajadoras asalariadas estatales”, dijo Albino Vargas, secretario de la ANEP.