BCIE: Gobierno de Rodrigo Chaves no pidió quitar a la Contraloría de proyecto de Ciudad Gobierno
La institución no descarta denuncia penal contra el expresidente de la institución, Dante Mossi, por difamar
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 19 marzo, 2024 01:23 p. m.
El gobierno de Rodrigo Chaves no pidió, ni presionó de ninguna manera para quitar la fiscalización de la Contraloría General de la República del proyecto de Ciudad Gobierno, según el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
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Por medio de un comunicado, el BCIE desmintió "de manera categórica" una publicación de La Nación, en donde Dante Mossi, expresidente de la institución, sugiere que el gobierno de Costa Rica quiere quitar todos los controles.
En el comunicado, el BCIE atribuye a Mossi una venganza personal contra el gobierno de Costa Rica por no apoyar su reelección y en su lugar promover y nombrar a Gisela Sánchez como nueva directora general del BCIE.
“El BCIE no ha recibido ninguna nota por parte del Gobierno de Costa Rica para modificar la operación Ciudad Gobierno. La información suministrada por el señor Mossi sobre este tema, carece de evidencia y de información precisa, su narrativa es repetitiva y con molestia contenida, causada al no ser apoyado para su reelección. Las constantes faltas a la verdad forman parte de una campaña recurrente”, dijo el BCIE.
Para el banco, el expresidente Mossi, en lugar de respetar y celebrar la designación de la primera mujer en dirigir el BCIE, “se ha dedicado a una tarea permanente de atacar de manera recurrente y consistente; lo que denota una conducta inaceptable de un exfuncionario y jubilado de la banca multilateral”.
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La organización cerró el comunicado señalando que cabe mencionar que el BCIE se reserva el derecho de tomar todas acciones legales con la finalidad de proteger la integridad de la institución.
El proyecto de Ciudad Gobierno costará unos $450 millones. El plan implicaría la construcción de unos cinco edificios de 15 o más pisos en cuatro manzanas de Plaza Víquez.
La idea es albergar a unas 18 instituciones y sus 10 mil funcionarios, con el objetivo de ahorrarle al Estado unos $23,5 millones al año en alquileres, a la vez que se le daría un mejor servicio a los ciudadanos al facilitar los trámites.
