¿Cárceles en concesión?

VERICUETOS
¿Cárceles en concesión?

Costa Rica tiene una lamentable historia carcelaria reflejada en tristes páginas de un sistema penitenciario inhumano que abandona a sus internos y desdeña cualquier esfuerzo de recuperación para reintegrarlos al colectivo social como sujetos ya rehabilitados.
No son lejanos los días de las historias macabras de San Lucas o de los horrores de “La Peni”, reclusorios convertidos en submundos en los que todo fue posible.
San Lucas, que operó de 1874 a 1991, cuando fue cerrado durante la administración del Presidente Calderón, inmortalizado por José León Sánchez en La Isla de los Hombres Solos, fue doloroso ejemplo de violación constante a los derechos humanos que se reflejaba en el aislamiento, los trabajos forzados y las condiciones insalubres de sus instalaciones.
Por su parte, la Peni, (1906-1979), ha sido una de las páginas negras que más vergüenza han producido a este país. Recinto de todos los horrores y todas las atrocidades que es posible imaginar, llegó a albergar hasta cuatro veces su capacidad de internos.
Más de 2 mil personas se hacinaron en las condiciones más deplorables que cualquier narración sería incapaz de describir en su verdadera dimensión.
Ciertamente, aún con todos sus problemas, La Reforma, que se abrió en 1971, dista mucho de lo que en su momento fueron La Peni y San Lucas, pero también de lo que debe ser un centro penitenciario en un país que exalta la vigencia y el respeto a los derechos humanos.
La Reforma no permite acceso a educación continuada, no rehabilita, no ofrece alternativas laborales que permitan a sus ocupantes ser productivos aun en el aislamiento social y proporcionar ingresos básicos a sus familias.
Quizás la causa principal de esta historia lamentable de cárceles en Costa Rica, pueda encontrarse no en el desdén por la vida humana y las condiciones mínimas de cohabitación de los privados de libertad, sino la falta de entendimiento de lo que es un sistema orientado a la recuperación y a la evidente carencia de recursos que permitan contar con instalaciones y facilidades decorosas, personal calificado y oportunidades educativas y laborales suficientes.
En ocasión del fallido proceso de apertura de un centro penitenciario operado por un concesionario particular en el atlántico costarricense, que fue impugnado por la Defensoría de los Habitantes y habiendo reconocido recientemente la Sala Constitucional que la operación privada de prisiones no violenta la Carta Magna, porque el régimen policial y la autoridad formal los conserva el Estado, sería prudente retomar el tema de la construcción de cárceles otorgadas al amparo de la normativa que regula la concesión de obra pública.
Este es un tema que merece una discusión amparada a criterios técnicos y al reconocimiento de la incapacidad del Estado para ofrecer las condiciones mínimas que requiere el incremento desmedido de la población penitenciaria.