Castigar las estafas piramidales es proteger el patrimonio de las y los costarricenses

Paulina Ramírez

Diputada

PLN

En Costa Rica, los sistemas o modelos de negocio de distribución en venta directa y de compensación multinivel han sido adoptados por una cantidad importante de personas y empresas, las cuales actualmente operan bajo una gran inseguridad jurídica debido al vacío que existe en la legislación nacional.

La venta directa multinivel es básicamente un modelo de ventas para distribuir productos. Funciona bajo un sistema de compensación, en el que se puede recomendar a otras personas para que igualmente comercialicen los productos de la empresa, y la persona distribuidora que haya recomendado recibe una compensación adicional por las compras de productos que hagan las personas recomendadas.

Según datos de la Asociación Costarricense de Empresas de Venta Directa (2022), en Costa Rica operan más de 20 compañías que llevan a cabo este tipo de actividad económica y el 76% de estas empresas manejan los sistemas de distribución y compensación multinivel. Algunos ejemplos son: Avon, Tupperware y Estilos.

Es importante aclarar que dichas empresas se encuentran totalmente formalizadas, solo que requieren de mayor visibilidad para que las personas que se dedican a esta actividad puedan alcanzar un verdadero reconocimiento en la institucionalidad pública. Por eso he presentado el expediente 23.907, denominado Ley de Venta Directa Multinivel, el cual tiene como objetivo actualizar la normativa costarricense para que esta actividad económica no se ejerza sin un marco legal y evite que empresas con modelos similares se presten para posibles casos de estafa o defraudación.

Estos negocios son parte importante de la economía costarricense. En el país, el 33% de los emprendimientos nacionales utiliza esta actividad productiva para consumo, el 37% lo complementa con otra actividad y para el restante 30% es su actividad económica principal. En el 2022 se reportaron más de 260.000 mil emprendimientos en venta directa, de los cuales un 84% son liderados por mujeres.

El peso que representan las empresas de venta directa multinivel no es menor. La producción de este sector beneficia la economía nacional, favorece los ingresos de las personas dependientes y fortalece los pequeños emprendimientos. Es una actividad libre de intermediarios y procesos burocráticos, no es necesario contar con experiencia previa, permite un sistema de liderazgo sucesivo y elimina las jerarquías.

Sin embargo, existe una importante necesidad por parte del sector de diferenciar los sistemas de compensación multinivel de los esquemas de estafas piramidales, los cuales son absolutamente ilegales y afectan los bienes financieros y patrimoniales de las personas que participan de ellas.

Dichos esquemas son fraudulentos y engañosos porque le hacen creer a las personas que tienen que invertir una gran cantidad de dinero específica por un producto que no existe. Esto evidencia que es un proceso fraudulento y que engaña a las personas a través de promesas y expectativas falsas.

Debido a eso, es fundamental contar con la prohibición y penalización de ejercer o promocionar este tipo de actividades dentro de nuestro Código Penal, con el fin de resguardar el patrimonio de las y los costarricenses. Por ello, este proyecto también tiene el objetivo de tipificar y penalizar con el delito de estafa (artículo 216 del Código Penal) a aquellas personas que dirijan, ejecuten, promuevan, patrocinen, induzcan, financien o colaboren con un plan de negocio piramidal.

Con esta propuesta no solo estamos brindando seguridad jurídica a las empresas que ejercen esta actividad, sino que representa una gran oportunidad de negocio para muchas personas, principalmente aquellas mujeres jefas de hogar, al empoderarlas y brindarles un modelo comercial de bajo costo que ofrece independencia, flexibilidad y la oportunidad de crecer a su propio ritmo.