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CHISPORROTEOS

Alberto Cañas afcanas@intnet.co.cr | Miércoles 08 julio, 2009

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Una medida que urgentemente deberá tomar el gobierno del 2010 (por supuesto, si gana la oposición), es la derogatoria de la bendita (más bien maldita) ley de concesiones. Que el Ministro de Obras Públicas informe a la Asamblea Legislativa sobre el estado en que encuentre el Ministerio y que de inmediato ponga manos a la obra. ¿A cuál obra? Ustedes lo saben: a la obra pública que antaño hacía con eficiencia, buen juicio y sin cobrarle a la población por disfrutar de ella, ni provocar la posibilidad de comisiones.

Corre el rumor de que un grupo de costarricenses está tratando de organizar un homenaje a Luis Fishman de carácter nacional, no sé si una medalla, un pergamino, una suma en efectivo o algo así. Se trata de premiarlo por la hazaña de haber logrado colarse en una lista de parientes sin ser miembro de la familia.

Es curioso que toda la polémica que se ha armado en torno al cuartelazo de Honduras gire exclusivamente sobre legalidades. Si el presidente derrocado fue democráticamente electo y si su destitución fue legal. Ha interesado muy poco el saber si el señor Zelaya estaba gobernando a Honduras bien, o jugando de loco (de loco chavista, para decirlo con claridad). Y pareciera que a mucha gente lo único que le interesa es que las cosas sean legales. Por lo menos, tan legales como las que hacían Hitler y Stalin, que nunca violaron ninguna ley. Desgraciadamente en los regímenes presidenciales (a diferencia de los regímenes parlamentarios) no hay nunca un procedimiento para cambiar el gobierno cuando el gobierno no sirve o no funciona. Hay que aguantárselo todo el tiempo, como una especie de castigo, y “eso les pasa por tontos, para qué lo eligieron”.

Ahora bien, no ha habido dictador ni tirano por más espernible que sea, que no haya logrado legalizar su situación mediante eleccioncitas. Nuestro caso en el siglo XX, el de Tinoco, recordemos que desde la Casa Presidencial el golpista convocó a una elección presidencial con él como único candidato, y (¡Dios de los cielos, qué sorpresa!) la ganó. Trujillo ganó no sé cuántas. Somoza entraba y salía (sin salir) con elecciones cada cuatro años. Y así sucesivamente.

Lo que pasa es el viejo dictum: por sus frutos los conoceréis. Y cuando un presidente, por más electo que haya sido, desobedece a la Corte Suprema de Justicia, y organiza un plebiscito para buscar su reelección, parece que no cabe apearlo. Nuevamente la obsesión de la legalidad (una legalidad que no siempre es ética ni moral). Nunca un tirano de los de verdad ha sido ilegal (por lo menos no después de haberse inventado una eleccioncita). Verbigracia Hugo Chávez que desistió de ser golpista y armó una elección. La famosa “elección” de Teodoro Picado en 1944 había sido dada por buena por la comunidad internacional. Imagínense ustedes al señor Insulza de la OEA tratando de convencer a don Pepe Figueres en Santa María de Dota de que depusiera las armas dada la ilegalidad de su alzamiento. ¿Habríase visto cosa más insulza?

Costa Rica ha tenido la virtud de resolver sus peores problemas políticos en las calles, y sólo en 1948 tuvo que recurrir a las armas. Por eso sorprende ese proyecto con olor de santidad que anda por ahí para ilegalizar los desfiles callejeros, no sea que alguien tire una piedra o que un ciudadano pacífico vea obstruido su deseo de circular por determinada calle y no por otra.

Confieso que me satisfizo plenamente el editorial que publicó La Nación el día del hondureñazo. Se pronunció en términos políticos sobre un problema político sumamente grave. La legalidad de los actos se quedó para después. Y démosle el pésame al señor Chávez de Venezuela, que ha perdido uno de sus paniaguados.

afcanas@intnet.co.cr

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