Clase media sufre déficit de vivienda
Oscar Rodriguez orodriguez@larepublica.net | Viernes 29 abril, 2011
Faltante habitacional afecta a 350 mil familias
Clase media sufre déficit de vivienda
Nueva ley impulsa creación de bono para pago parcial de cuotas de préstamos en primeros cinco años
Una pareja de jóvenes, menores de 30 años y profesionales universitarios, realizan los trámites para comprar una casa. Pero la entidad bancaria no los considera sujetos de crédito, dado que no cumplen los requisitos para otorgarles el préstamo.
Entonces, documentos en mano, solicitan un bono de vivienda. De nuevo el rechazo, porque el ingreso mensual de ambos es elevado para conseguir la ayuda estatal.
Al final, la única opción para ellos es alquilar. Esta ha sido la historia para muchas personas de ingresos medios. El sistema los dejó por fuera.
La creación del bono diferido, ley de la República desde marzo, busca subsanar este vacío al ofrecer a la clase media un subsidio para el pago de la cuota mensual del crédito hipotecario.
La medida está dirigida a satisfacer el déficit habitacional de 350 mil familias. De estas, 70 mil necesitan una nueva casa, mientras el resto una reparación o ampliación de la vivienda.
Esta iniciativa es el segundo instrumento ideado para el Sistema Financiero Nacional de la Vivienda, originado en 1986.
El primero es el bono social que atiende la necesidad de casa propia para grupos con ingresos más bajos.
La medición del auxilio es con base en el salario mínimo de un obrero de la construcción, actualmente de ¢191 mil, por núcleo familiar. Este sería el primer estrato.
De hecho, la mayoría de la ayuda estatal ha estado, durante 25 años, focalizada en los estratos I y II.
En el caso de los grupos del III al VI la ayuda ha sido casi inexistente en la última década, cuando no alcanzó ni un 5% de los bonos otorgados.
Sin embargo, con la nueva ley estas personas serán las más favorecidas. Esto significa que las familias con ingresos mensuales de hasta ¢1,2 millones recibirán un subsidio cada mes para pagar su cuota del crédito.
Esta ayuda no significará ningún desembolso extra para el Estado, pues la financiación es con los recursos ociosos del Fondo de Subsidios para la Vivienda.
Además de las parejas jóvenes, podrán optar por la subvención estatal las personas con discapacidad y los adultos mayores sin núcleo familiar.
La legislación también rige para las viviendas que requieran reparaciones o ampliaciones.
Una de las novedades es que el interesado en recibir la ayuda tendrá discrecionalidad para elegir su vivienda.
La ley no impone ninguna obligación, el interesado podrá construir su propia vivienda, comprar en condominio o un apartamento.
Los recursos destinados al subsidio serán siempre fondos públicos y propiedad del Banco Hipotecario de la Vivienda.
Ninguno de los beneficiados podrá alegar derechos adquiridos o darle un uso diferente a ese dinero.
Mientras el bono esté en ejecución, sobre el inmueble no podrá imponerse una nueva hipoteca.
Si el usuario incumple un pago de la cuota la ayuda es suspendida automáticamente.
En caso de remate judicial de la vivienda, la entidad encargada de la administración de la ayuda deberá reintegrar al Banco Hipotecario los recursos girados.
La iniciativa, además de buscar una solución al déficit habitacional de la clase media, tuvo una característica singular.
La idea del bono diferido nació y fue impulsada desde el seno del Movimiento Libertario.
De hecho, es la primera ley de espíritu social en un partido caracterizado por combatir la intervención del Estado y las subvenciones.
“Hay ciertos grupos sociales a los cuales hay que ayudarles y otros a los que solo hay que generarles las condiciones necesarias”, explica Patricia Pérez, diputada libertaria, quien propuso y redactó el proyecto.
Su idea contó con el apoyo de su fracción y del resto de agrupaciones, ya que fue respaldado por unanimidad.
Aunque incluyeron mejoras como la ampliación de los grupos beneficiarios o personas discapacitadas.
Además, la aprobación fue en tiempo récord, cuatro meses después de haber ingresado a la Asamblea Legislativa, la presidenta Laura Chinchilla la firmó como una nueva ley.
Para las entidades financieras encargadas de la distribución del nuevo bono significará un impulso para el sector de la vivienda, muy golpeado por la crisis.
“Es de esperar que esta iniciativa unida a una política de tasas bajas repercuta en el sector de la construcción”, explica Gerardo Ulloa, subgerente general de Banca Comercial del Banco Nacional.
Además esperan que conforme este instrumento sea conocido por los usuarios pase a formar parte de los más utilizados.
Máxime porque con este nuevo mecanismo las familias podrán obtener un crédito de entre $50 mil a $70 mil. Abriendo de esta forma el abanico de oportunidades habitacionales.
“Muchísimas familias verán ampliadas sus posibilidades de tener casa, pues usarán los recursos del bono para cubrir parte de la cuota hipotecaria durante los primeros años de la deuda que, por lo general, son los más duros”, detalla Eugenia Meza, gerente general de la Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo.
Oscar Rodríguez
orodriguez@larepublica.net
Clase media sufre déficit de vivienda
Nueva ley impulsa creación de bono para pago parcial de cuotas de préstamos en primeros cinco años
Entonces, documentos en mano, solicitan un bono de vivienda. De nuevo el rechazo, porque el ingreso mensual de ambos es elevado para conseguir la ayuda estatal.
Al final, la única opción para ellos es alquilar. Esta ha sido la historia para muchas personas de ingresos medios. El sistema los dejó por fuera.
La creación del bono diferido, ley de la República desde marzo, busca subsanar este vacío al ofrecer a la clase media un subsidio para el pago de la cuota mensual del crédito hipotecario.La medida está dirigida a satisfacer el déficit habitacional de 350 mil familias. De estas, 70 mil necesitan una nueva casa, mientras el resto una reparación o ampliación de la vivienda.
Esta iniciativa es el segundo instrumento ideado para el Sistema Financiero Nacional de la Vivienda, originado en 1986.
El primero es el bono social que atiende la necesidad de casa propia para grupos con ingresos más bajos.
La medición del auxilio es con base en el salario mínimo de un obrero de la construcción, actualmente de ¢191 mil, por núcleo familiar. Este sería el primer estrato.
De hecho, la mayoría de la ayuda estatal ha estado, durante 25 años, focalizada en los estratos I y II.
En el caso de los grupos del III al VI la ayuda ha sido casi inexistente en la última década, cuando no alcanzó ni un 5% de los bonos otorgados.
Sin embargo, con la nueva ley estas personas serán las más favorecidas. Esto significa que las familias con ingresos mensuales de hasta ¢1,2 millones recibirán un subsidio cada mes para pagar su cuota del crédito.
Esta ayuda no significará ningún desembolso extra para el Estado, pues la financiación es con los recursos ociosos del Fondo de Subsidios para la Vivienda.
Además de las parejas jóvenes, podrán optar por la subvención estatal las personas con discapacidad y los adultos mayores sin núcleo familiar.
La legislación también rige para las viviendas que requieran reparaciones o ampliaciones.
Una de las novedades es que el interesado en recibir la ayuda tendrá discrecionalidad para elegir su vivienda.
La ley no impone ninguna obligación, el interesado podrá construir su propia vivienda, comprar en condominio o un apartamento.
Los recursos destinados al subsidio serán siempre fondos públicos y propiedad del Banco Hipotecario de la Vivienda.
Ninguno de los beneficiados podrá alegar derechos adquiridos o darle un uso diferente a ese dinero.
Mientras el bono esté en ejecución, sobre el inmueble no podrá imponerse una nueva hipoteca.
Si el usuario incumple un pago de la cuota la ayuda es suspendida automáticamente.
En caso de remate judicial de la vivienda, la entidad encargada de la administración de la ayuda deberá reintegrar al Banco Hipotecario los recursos girados.
La iniciativa, además de buscar una solución al déficit habitacional de la clase media, tuvo una característica singular.
La idea del bono diferido nació y fue impulsada desde el seno del Movimiento Libertario.
De hecho, es la primera ley de espíritu social en un partido caracterizado por combatir la intervención del Estado y las subvenciones.
“Hay ciertos grupos sociales a los cuales hay que ayudarles y otros a los que solo hay que generarles las condiciones necesarias”, explica Patricia Pérez, diputada libertaria, quien propuso y redactó el proyecto.
Su idea contó con el apoyo de su fracción y del resto de agrupaciones, ya que fue respaldado por unanimidad.
Aunque incluyeron mejoras como la ampliación de los grupos beneficiarios o personas discapacitadas.
Además, la aprobación fue en tiempo récord, cuatro meses después de haber ingresado a la Asamblea Legislativa, la presidenta Laura Chinchilla la firmó como una nueva ley.
Para las entidades financieras encargadas de la distribución del nuevo bono significará un impulso para el sector de la vivienda, muy golpeado por la crisis.
“Es de esperar que esta iniciativa unida a una política de tasas bajas repercuta en el sector de la construcción”, explica Gerardo Ulloa, subgerente general de Banca Comercial del Banco Nacional.
Además esperan que conforme este instrumento sea conocido por los usuarios pase a formar parte de los más utilizados.
Máxime porque con este nuevo mecanismo las familias podrán obtener un crédito de entre $50 mil a $70 mil. Abriendo de esta forma el abanico de oportunidades habitacionales.
“Muchísimas familias verán ampliadas sus posibilidades de tener casa, pues usarán los recursos del bono para cubrir parte de la cuota hipotecaria durante los primeros años de la deuda que, por lo general, son los más duros”, detalla Eugenia Meza, gerente general de la Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo.
orodriguez@larepublica.net