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Comerciantes piden acabar con la impunidad de robo de impuestos de los outlets

Proliferación de estos negocios pone en riesgo a las pymes

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Jueves 22 agosto, 2024 03:51 p. m.


Arturo Rosabal, Presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Cortesía/La República.
Arturo Rosabal, Presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Cortesía/La República.


El surgimiento de outlets en todo el país con mercadería variada representa una competencia desleal y hasta un robo de impuestos por parte de estos negocios, según denunció hoy la Cámara de Comercio de Costa Rica.

Lea más: ¿Por qué el comercio de outlets está en la mira?

Lo peor de todo es que la situación actual pone en riesgo a incontables pymes del sector.

Es por ello que los empresarios hicieron un llamado al gobierno y al Poder Judicial para que se acabe con la impunidad que rodea a estos negocios.

“Los outlets de cajón se han popularizado por su oferta de productos a precios sumamente bajos. Esto, en condiciones normales, sería una excelente noticia. Sin embargo, la evidencia recopilada por la Cámara de Comercio muestra que estas ofertas son posibles gracias a la evasión de impuestos, el incumplimiento de regulaciones sanitarias y la violación de los derechos de los consumidores. Es evidente que esto constituye una injusticia contra el comercio formal que cumple con todas las regulaciones y pone en riesgo la salud de la población”, indicó Arturo Rosabal, Presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica.

Lea más: “Outlets” están la mira por venta de productos vencidos y peligrosos

Según los empresarios formales, se han detectado declaraciones de importación irregulares, subfacturación, incumplimiento de obligaciones tributarias e incumplimiento de reglamentación técnica e información al consumidor.

“Es realmente frustrante ver cómo todas estas irregularidades suceden a vista y paciencia de las instituciones. La Cámara ha presentado múltiples denuncias, se ha reunido con autoridades del Ministerio de Hacienda, la Policía de Control Fiscal, el MEIC y el Ministerio de Salud. Todos reconocen la seriedad del problema, pero tras dos años de denuncias, aún no se han aplicado sanciones administrativas ni penales a los infractores”, añadió Alonso Elizondo, Director Ejecutivo de la CCCR.


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