Conozca la receta de Luis Guillermo Solís para reducir el déficit

Un grupo de iniciativas presentadas por Luis Guillermo Solís pretende reducir el déficit fiscal a un 2,15% del PIB.
La revisión de las anualidades en el sector público, nuevas reglas fiscales para contener el gasto y un plan para eliminar el superávit, se encuentran entre los ingredientes de la receta del mandatario.
Las propuestas ya se encuentran en la Asamblea Legislativa; sin embargo, no está claro si el Presidente logrará reducir el déficit, que ya se estima en un 5,9% del PIB, ya que hasta el momento solo ha logrado aprobar la ley anticontrabando.
Solamente entre evasión y exoneraciones, el Gobierno concede cerca de un 14% del PIB en impuestos.

1.Recorte de anualidades
Bajo el nombre de Ley sobre la Promoción del Buen Desempeño de los Servidores Públicos, Solís pretende recortar el gasto en anualidades.
El incentivo anual sería del 2,5% como máximo, en vez del 5% que, por ejemplo, hoy se paga en la UCR.
Asimismo, solo se otorgará a los empleados que obtengan una calificación de “muy bueno” en su labor, para lo cual, deberán definirse nuevos criterios de evaluación.

2. Revisión de exoneraciones
Unas 340 leyes contemplan algún tipo de exoneración, por las cuales, el país deja de percibir un 6% del PIB en impuestos.
Desde mediados del año pasado, hay en la Asamblea un proyecto que pretende revisar y eliminar los beneficios fiscales que ya no se justifiquen.

3. Reglas fiscales
En caso de que se apruebe la ley de responsabilidad fiscal, la creación de nuevas funciones, competencias, órganos u obligaciones, a cargo de instituciones públicas, debe indicar la fuente de financiamiento. Igualmente, toda nueva exoneración debe explicarse.

4. Freno a evasión y elusión
Para 2013 la evasión y la elusión fiscal ascendieron a un 8% del PIB, es decir, unos ¢2 billones.
Ante esta situación, Solís ha propuesto la ley contra el fraude fiscal, la cual permitiría al Gobierno contar con un registro de accionistas con beneficiarios finales de las empresas.
Al conocer los dueños de las compañías, se pretende reducir la evasión, ya que Hacienda cree que los evasores se refugian en múltiples sociedades anónimas para esconder sus ganancias.
El proyecto se encuentra en debate en el Congreso y podría ser objeto de una votación con trámite acelerado.

5. Alto al contrabando
Unos $50 millones al año en impuestos, es lo que pretende recaudar el Gobierno con la ley anticontrabando, que se aprobó en octubre de 2015.
La normativa aumenta la pena carcelaria de tres a diez años, para quien sea sorprendido metiendo al país mercadería ilegal.
La ley también reduce el umbral mínimo de lo que se considera “contrabando”, al pasar de $50 mil a $10 mil ese límite.
Con la propuesta, el gobierno pretende reducir en un 1% el déficit fiscal en relación con el PIB.

6. No más superávit
Para evitar que el endeudamiento siga creciendo sin ningún sentido, Solís propone que todo aquel superávit que se mantenga en las arcas de las instituciones públicas por un periodo de dos años, se traslade inmediatamente al Ministerio de Hacienda para amortizar la deuda.
Si la ley hubiera estado en vigencia al comenzar este año, unos ¢80 mil millones habrían vuelto a las arcas del Estado.

7. Pensiones de lujo en la mira
Las pensiones bajo un régimen especial con cargo al presupuesto deben ser contenidas, ya que para 2032, su costo para el Gobierno se habrá duplicado hasta alcanzar unos ¢346 mil millones al año.
Un aumento anual del 30% para los exdiputados, equiparación de pensiones de acuerdo con los salarios que hoy se pagan, cotizaciones que no se sostienen a largo plazo con los beneficios recibidos y hasta el permiso para retirarse a los 55 años con el 100% del salario, son algunas de las razones para entender el explosivo crecimiento.
Para evitar que ese gasto se mantenga, el Gobierno impulsa varias leyes.
Una de las propuestas establecerá un monto máximo de pensión de ¢3,5 millones al mes, asimismo, se limitará el aumento de la jubilación a los ajustes por inflación cada seis meses.

8. Nuevos tributos
El gobierno pretende la incorporación del IVA, el cual ampliaría la base tributaria a los servicios y de paso, aumentaría el tributo de un 13% a un 15% de manera escalonada.
Los alquileres, los servicios odontológicos, mecánicos, de seguridad, educación y salud, entre otros, tendrían que pagar el gravamen, aunque todavía no está claro si algunos sectores serán exonerados.
Asimismo, la ley contempla duplicar el impuesto al traspaso de los bienes inmuebles y de vehículos usados al 3% y al 5% respectivamente.
En cuanto a la renta, la idea es subir el tributo al salario de un 15% a un 25%.
Por otra parte, se pretende cobrar hasta un 30% de renta a las entidades deportivas, cooperativas, fundaciones y asociaciones, así como avalar la renta mundial, lo que permitiría a Hacienda cobrar tributos a un contribuyente nacional, a pesar de que la fuente productora de riqueza esté fuera del país.