Contraloría responde a diputados del Bono de Conectividad que para eso existe Fonatel

Solventar los problemas de conectividad de los estudiantes públicos y las familias de escasos recursos y de zonas alejadas, ya se encuentra dentro de los planes desarrollados por el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), de acuerdo con la Contraloría General de la República.

Así lo hicieron saber Marcela Aragón, gerente de Área y José Francisco Monge, Fiscalizador de la Contraloría, a Nancy Vílchez de Comisiones Legislativas V en la Comisión Asuntos Económicos, en un oficio fechado el 17 de setiembre anterior.

Ese fue el criterio de los expertos del ente contralor, sobre el proyecto de “Ley de financiamiento temporal para el acceso a internet y entornos virtuales con recursos de Fonatel para estudiantes en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad social”, conocido anteriormente como “Ley de creación del bono conectividad para la educación”.

Dicha propuesta, pretende la creación de dos artículos para que Fonatel financiara los costos de conectividad a Internet de los estudiantes de primaria, secundaria y post secundaria, por un plazo de cinco años, así como de los docentes que atendían poblaciones vulnerables.

Por su parte, estipula que el Ministerio de Educación Pública (MEP) en coordinación con la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), definieran en un término de 30 días el reglamento, los perfiles de beneficiarios y los criterios de asignación de los recursos necesarios.

Asimismo, se debe estimar bajo la integridad del ordenamiento jurídico vigente, si los temas planteados en el proyecto de ley pueden ser abordados a partir de los principios, normas, mecanismos y competencias que atañen a entes y órganos públicos ya instaurados.

En tal sentido, es oportuno y válido considerar que la propia Ley General de Telecomunicaciones, posee los instrumentos jurídicos para contemplar, sin restricción alguna, las metas que se pretenden en esta iniciativa legislativa, señalan en el documento.

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“Los proyectos con cargo al Fonatel deben entenderse como complementarios a las acciones y medidas que, desde el Estado y el mercado, se implementan para proveer de servicios de telecomunicaciones a la población. La Agenda de Solidaridad Digital se nutre de los recursos del Fonatel que están destinados a la atención de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, en la atención de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad; estos recursos tienen un límite temporal”, explican los funcionarios de la Contraloría.

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Así las cosas, y similar a los criterios de otro proyecto de ley impulsado por el Gobierno y la diputada liberacionista Yorleny León, denominado “Ley de Alfabetización Digital”, la Contraloría señala que ya existen mecanismos para cerrar la brecha digital mediante proyectos financiados por Fonatel, siendo necesario únicamente, el ajuste de las metas dentro del Plan Nacional de las Telecomunicaciones, que es potestad del mismo Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).