"Costas son tierra de nadie"
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Martes 11 marzo, 2008
Pescadores, proyectos inmobiliarios y hoteles han tomado terrenos que son patrimonio nacional
“Costas son tierra de nadie”
• Urge adecuada demarcación de zona marítimo-terrestre, según estudio
Karen Retana
kretana@larepublica.net
La zona costera del país es tierra de nadie.
Esta es la conclusión a la que llega un estudio realizado por el Programa de Regularización del Catastro y Registro sobre la situación que atraviesan ambos litorales del país con la invasión de las áreas públicas y restringidas.
La entidad se encuentra realizando un ordenamiento costero entre Bahía Salinas, al norte de La Cruz, y Río Barú, en el cantón de Aguirre.
Desde pescadores, proyectos inmobiliarios hasta hoteles han tomado en propiedad terrenos que por ley son patrimonio nacional.
Uno de los principales escollos que afectan la regulación de la zona marítimo terrestre es la ausencia de una demarcación.
Muestra de ello es que de los mojones colocados por el Instituto Geográfico Nacional en lugares como La Cruz solo subsiste el 43%, y la totalidad de unos 4 kilómetros de playa están concesionados con planes reguladores aprobados por la municipalidad. Asimismo, existen muchos casos en que la concesión se extiende hasta la zona pública, reveló el estudio.
Por otra parte, el marco jurídico para el manejo de la zona marítimo-terrestre data de 1977, cuando el desarrollo inmobiliario costero era escaso.
“El marco jurídico no ha sido un instrumento facilitador del ordenamiento ya que es moldeable a los intereses particulares”, sostuvo Miriam Miranda, abogada que participa en el programa de Regulación de Catastro y Registro.
Esto ha provocado que el país se encuentre atado de manos para lograr un control de la comercialización ilegítima de estos territorios, provocada en parte por la ausencia de información catastral actualizada.
El ordenamiento de la zona costera en manos de diversos actores también ha propiciado la ocupación desordenada tanto en áreas públicas como restringidas.
Prueba de ello es la limitada capacidad de los gobiernos locales, Ministerio del Ambiente y Energía, Tributación Directa y otras instancias para coordinar esfuerzos, lo cual ha provocado la ingobernabilidad en las zonas costeras.
Estas situación se ejemplifica en casos como el de Manuel Antonio, Flamingo, Montezuma, Zancudo, Cahuita y Drake.
La Contraloría General de la República también advirtió el año pasado el caso de Osa, donde se presentaron construcciones ilegales, obras turísticas ejecutadas sin respetar el plan regulador, y edificaciones dentro de los 50 metros de playa pública.
Agrupaciones como la Cámara de Corredores de Bienes Raíces han decidido tomar iniciativas para mitigar la problemática a través de las asesorías de los corredores hacia los virtuales inversionistas, sostuvo Mauricio Castro, presidente de la Cámara.
Asimismo, el Programa de Regularización de Catastro propone en su estudio algunas alternativas para frenar la ingobernabilidad en la zona marítimo terrestre, una de ellas es la aplicación de un sistema de referencia de catastro y una evaluación del marco normativo que regula estas áreas.
“Costas son tierra de nadie”
• Urge adecuada demarcación de zona marítimo-terrestre, según estudio
Karen Retana
kretana@larepublica.net
La zona costera del país es tierra de nadie. Esta es la conclusión a la que llega un estudio realizado por el Programa de Regularización del Catastro y Registro sobre la situación que atraviesan ambos litorales del país con la invasión de las áreas públicas y restringidas.
La entidad se encuentra realizando un ordenamiento costero entre Bahía Salinas, al norte de La Cruz, y Río Barú, en el cantón de Aguirre.
Desde pescadores, proyectos inmobiliarios hasta hoteles han tomado en propiedad terrenos que por ley son patrimonio nacional.
Uno de los principales escollos que afectan la regulación de la zona marítimo terrestre es la ausencia de una demarcación.
Muestra de ello es que de los mojones colocados por el Instituto Geográfico Nacional en lugares como La Cruz solo subsiste el 43%, y la totalidad de unos 4 kilómetros de playa están concesionados con planes reguladores aprobados por la municipalidad. Asimismo, existen muchos casos en que la concesión se extiende hasta la zona pública, reveló el estudio.
Por otra parte, el marco jurídico para el manejo de la zona marítimo-terrestre data de 1977, cuando el desarrollo inmobiliario costero era escaso.
“El marco jurídico no ha sido un instrumento facilitador del ordenamiento ya que es moldeable a los intereses particulares”, sostuvo Miriam Miranda, abogada que participa en el programa de Regulación de Catastro y Registro.
Esto ha provocado que el país se encuentre atado de manos para lograr un control de la comercialización ilegítima de estos territorios, provocada en parte por la ausencia de información catastral actualizada.
El ordenamiento de la zona costera en manos de diversos actores también ha propiciado la ocupación desordenada tanto en áreas públicas como restringidas.
Prueba de ello es la limitada capacidad de los gobiernos locales, Ministerio del Ambiente y Energía, Tributación Directa y otras instancias para coordinar esfuerzos, lo cual ha provocado la ingobernabilidad en las zonas costeras.
Estas situación se ejemplifica en casos como el de Manuel Antonio, Flamingo, Montezuma, Zancudo, Cahuita y Drake.
La Contraloría General de la República también advirtió el año pasado el caso de Osa, donde se presentaron construcciones ilegales, obras turísticas ejecutadas sin respetar el plan regulador, y edificaciones dentro de los 50 metros de playa pública.
Agrupaciones como la Cámara de Corredores de Bienes Raíces han decidido tomar iniciativas para mitigar la problemática a través de las asesorías de los corredores hacia los virtuales inversionistas, sostuvo Mauricio Castro, presidente de la Cámara.
Asimismo, el Programa de Regularización de Catastro propone en su estudio algunas alternativas para frenar la ingobernabilidad en la zona marítimo terrestre, una de ellas es la aplicación de un sistema de referencia de catastro y una evaluación del marco normativo que regula estas áreas.