Crece presión por futuro del acuerdo ambiental adoptado en Escazú

El desenlace del Acuerdo de Escazú es un tema que genera presión a los actores políticos que deben definir su futuro.

Por un lado, sectores presionan por su pronta aprobación y, al mismo tiempo, otros más bien piden mesura por las presuntas amenazas que generaría.

El Acuerdo de Escazú, es un tratado ambiental latinoamericano adoptado hace dos años en la ciudad capitalina.

La comunidad ambiental nacional y extranjera consideran que de no ratificarse se afectaría la imagen verde del país y sería un retroceso en materia de la protección legal de las personas que defienden la fauna y la flora.

“Sería una vergüenza no ratificar un acuerdo ambiental que se gesta y se articula en el propio país”, consideró Álvaro Sagot, académico de la Universidad de Costa Rica (UCR), experto en temas ambientales.

Así como hay presión para ratificar, también existe reticencia para incorporar el acuerdo a la legislación costarricense, pues sectores advierten que crearía “inseguridad jurídica”.

El temor viene de los industriales, quienes señalan que los cambios propuestos en derecho ambiental afectarían la producción, la construcción de proyectos inmobiliarios y el empleo.

“El proyecto tiene vicios de inconstitucionalidad que deben ser revisados y que no se deben aprobar”, según Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias.

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Uno de esos reclamos es que, presuntamente, el tratado invierte la carga de la prueba, al tener una empresa que demostrar que no está incurriendo en una falta o un daño ambiental si es acusada, desestimando la presunción de inocencia garantizada en la Constitución.

Los empresarios podrían estar malinterpretando los enunciados del acuerdo, pues en la legalidad solo viene a reforzar lo que Costa Rica ya ofrece en materia de derecho ambiental, estimó Paola Vega, diputada del PAC.

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Ella, junto al resto de diputados, deberá definir el futuro del tratado en el Congreso.

Por otra parte, el Acuerdo de Escazú ya puede entrar en vigor, luego de que once de los 24 países firmantes ratificaran el tratado. Costa Rica se podrá incorporar una vez que haga lo propio en la Asamblea Legislativa.

Parte de lo que establece dicho tratado -de carácter vinculante-, es un acceso universal a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Su ratificación es importante porque da protección jurídica a las personas que defienden el ambiente, que muchas veces son silenciadas por intereses económicos, según el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR.

América Latina es la región del mundo que más registra asesinatos de activistas ambientalistas, de acuerdo con cifras de Global Witness.

Solo el año pasado hubo 148, sumando el del indígena Sergio Rojas en Costa Rica.