De la Representación Política y de la gobernabilidad

Vladimir de la Cruz vladimirdelacruz@hotmail.com | Miércoles 08 mayo, 2019

Pizarrón

El origen de la soberanía popular descansa y surge del cuestionamiento que se hiciera en su momento al orden político y jurídico de la monarquía, que justificaba su origen en una decisión divina, el Rey o el Monarca gobernaba por decisión de Dios, se decía.

Quienes cuestionaban esta posición partían de que el origen del Poder era una decisión de los hombres, que el Gobernante era un depositario de la voluntad popular, y que el Gobernante en este sentido debía responder a esa voluntad armónicamente, sin actuar despóticamente, sin actuar arbitrariamente, sin actuar tiránicamente, gobernando en interés de quienes le habían depositado esa voluntad popular, procurando el mejor gobierno, y sin violar el Pacto Social que originaba ese Poder. Así el Gobernante actuaba como Mandatario de sus mandantes, a quienes se debía en el encargo que le hacían de gobernarlos en su beneficio, su seguridad, su progreso, su bienestar y su felicidad.

Del mismo modo, se entendió que si el gobernante violentaba el Pacto Social, gobernaba contra el pueblo, actuaba en forma tiránica, autoritaria, abusiva, dictatorial, el pueblo tenía un derecho natural a la rebelión política, para destituirlo, y para sustituirlo con otro gobernante que asegurara y garantizara la armonía del Pacto Social, la armonía entre gobernante y gobernados.

Desde el siglo XVII empezaron a desarrollarse estas teorías políticas, que se fortalecieron durante el siglo XVIII y que culminaron, en cierta forma con las revoluciones triunfantes de las 13 Colonias Americanas, en 1776 y con la Revolución Francesa de 1789, originando desde entonces los regímenes republicanos.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 estableció claramente este Derecho a la Rebelión política, como el Derecho principal, que asegura y cubre el ejercicio de todos los demás derechos y libertades.

Resultado también de las luchas antimonárquicas se avanzó hacia el origen del parlamento moderno, el inglés, que le estableció límites al poder del Monarca, que durante los siglos XVI, XVII y XVIII adquirió la forma de Monarquía Absoluta y Autoritaria, por cuanto el Rey concentraba todos los poderes, prácticamente sin limitaciones.

Bajo las monarquías absolutas no había división de poderes, como hoy existe. Su fuente de poder provenía de Dios. En este sentido el Rey era responsable ante Dios y solo a él respondía por sus actos, siendo así su representante en La Tierra, en el mundo, en la sociedad. No importó que se desarrollaran monarquías ilustradas, o los regímenes despóticos ilustrados con los cuales algunos monarcas pretendieron desarrollar reformas que trajeran algún progreso y beneficio social o económico al pueblo, dado que esa situación no hizo cambiar la naturaleza de la organización política ni el ejercicio del Poder absoluto y monárquico, ni el cuestionamiento que se hacía del origen de este poder.

En Inglaterra, tempranamente, desde el año 1215, se le impuso al Rey una Carta Magna, que en 1689 condujo hacia la Declaración de Derechos, resultado de la Revolución de 1688, donde empezaron modernamente a impulsarse los movimientos políticos revolucionarios que limitaron el poder del Monarca, y fortalecieron instituciones como el Parlamento, éste como una representación del pueblo, en sus diversos componentes o estamentos sociales, que regulaba funciones de la gobernabilidad política, y las nuevas ideas republicanas, de la división de poderes y del constitucionalismo.

La separación de poderes fue la clave, el equilibrio y contrapeso entre ellos fue su esencia, la exclusividad de funciones de cada uno de los poderes públicos y su indelegabilidad de función fue la garantía de su funcionamiento, y constituyó la esencia de la organización democrática moderna y actual.

La forma de accesar al Poder siguió luego desarrollando procesos electorales de la representación popular. Con limitaciones de representación se impulsaron los procesos electorales. El tiempo, y el avance del sistema republicano y democrático popular, condujo igualmente a mejorar y enriquecer la forma de la representación popular, por medio del sufragio directo, secreto y universal como hoy lo tenemos.

Esta forma de ejercer la representación política, que es la forma de manifestar la voluntad política de la soberanía popular, hoy se expresa en las votaciones para escoger la persona a quien se le deposita en su ejercicio la dirección y conducción del Poder Ejecutivo, y en las votaciones para escoger a los representantes populares que, desde el Poder Legislativo, se les encarga de la formación y aprobación de las Leyes.

Quienes asumen estas tareas lo hacen siendo postulados por partidos políticos, que son las organizaciones que han surgido y se han desarrollado, por medio de las cuales, y solo a través de ellas, se puede aspirar a ejercer algún cargo público de elección popular. En Costa Rica desde 1890 así funciona el sistema político, electoral, representativo y democrático. No hay otra manera de elegir Presidente o diputados si no es por medio de candidatos que se ofrecen al electorado, a los ciudadanos que tienen en la facultad de expresar esta voluntad popular de esta manera. El sistema electoral ha hecho que el partido y candidato que gana el Poder Ejecutivo lo haga plenamente, de manera absoluta. No se integra el Poder Ejecutivo en proporción al resultado de los votos que obtuvieron los diferentes partidos. Aquí, el partido que obtiene más votos, elige Presidente sin obstáculos. Y el Presidente escoge y nombra a sus colaboradores inmediatos, los Ministros, los miembros de su Consejo de Gobierno con absoluta libertad. Tradicionalmente los escogía de miembros de su propio partido político. Excepcionalmente incluían algún Ministro de otro partido o del Gobierno precedente. El actual Gobierno del Presidente Carlos Alvarado hizo una integración de Ministros con personas destacadas de distintos partidos políticos, a quienes sus partidos políticos autorizaron para formar parte del actual Gabinete de Gobierno. Esto hasta ahora, en Segunda República, desde 1949, había sido inédito. En mi opinión un paso muy importante en el desarrollo democrático y político nacional.

La integración de un Gabinete de esta forma no sabemos, al menos hasta hoy, cuánto va a durar, si todo el período de gobierno, cuatro años, o si esta conformación “multipartidista” será por un período relativamente corto, dos años, o de mediano plazo, tres años, y si en esto va a incidir el desarrollo de los procesos electorales de las municipalidades, o el desarrollo de la precampaña nacional electoral en el último año de este gobierno, en tanto los partidos que “se sienten representados”, o “afectados con la presencia de esos ministros”, estimen conveniente salirse para ir al proceso electoral nacional desvinculados de cualquier gestión final del Gobierno.

A nivel de la Asamblea Legislativa es diferente el carácter de la representación popular. La Asamblea Legislativa se integra, de manera más universal, en proporción al número de votos recibidos por los partidos, que así constituyen sus bancadas parlamentarias con su respectivo número determinado de diputados. Este carácter multipartidario de representación popular, y la función de hacer las leyes, es lo que le da el carácter de Poder Político más importante, dentro de la estructura de poderes públicos, al Poder Legislativo que al Ejecutivo, aunque sea el Poder Ejecutivo el que conduce diariamente la toma de decisiones que afectan a los ciudadanos todos los días, para bien o para mal, según se percibe, y aunque a todos los efectos constitucionales y jurídicos los Poderes Públicos se consideren iguales entre sí.

La discusión importante que hoy atañe en preocupación es la forma de elegir a estos representantes populares, al Presidente y su Gabinete y a los diputados.

En torno a la elección de Presidente y Gabinete, bajo la forma presidencialista que tenemos, podemos optar por continuar la que tenemos, heredada de la Constitución de 1871, pero disminuida en su forma caudillista de expresarse, o avanzar hacia una forma parlamentaria o semi parlamentaria, donde el Poder Legislativo puede incidir directamente en la escogencia de funcionarios de ese Gabinete, de destituirlos por censura, y si es del caso jugarse su propia existencia en conjunto convocando a nuevos procesos electorales para terminar los plazos de nombramiento de ejercicio de gobierno.

Lo del número de ministros no es un problema. Tan solo se exige un mínimo. La figura central en una nueva situación de carácter semi parlamentario o parlamentario es la figura del Primer Ministro y la misma figura del Presidente, como figuras independientes entre sí y como figuras cogobernantes a la vez. Esta es una de las claves de la gobernabilidad que surgiría de esta nueva situación política. ¿Estamos en capacidad nacional de avanzar hacia este peldaño? ¿Están los partidos políticos en capacidad política y emocional de entender esta situación que hoy quizá demanda el ambiente nacional para mejorar la gobernabilidad?

En cuanto a la Asamblea Legislativa están igualmente planteados los retos de aumentar el número de diputados para mejorar la representación popular. Antes de 1948 un diputado representaba cerca de 18.000 ciudadanos, hoy el mismo diputado representa cerca de 80.000. Si por la población costarricense fuera, comparados con el resto de los países, deberíamos tener entre 160 y 220 diputados. Reformas en este sentido apenas se ha esbozado. En la Comisión de Notables del gobierno de Laura Chinchilla sugerí aumentar a 87 diputados, con una lista de 30 diputados nacionales a los 57 provinciales existentes, y eso creó un alboroto. Hoy la iniciativa de “Poder Ciudadano Ya”, que se ha empezado a conocer en la Asamblea Legislativa, ha propuesto aumentar a 84, y no ha asustado tanto. Pero, ha propuesto modificar la forma de elegir los diputados, no ya por provincias sino por distritos electorales, así 42 distritos electorales elegirían un diputado cada uno y otros 42 diputados e elegirían por una lista nacional proporcional al resultado de los votos que saquen los partidos políticos. Es una propuesta que también busca mejorar no solo la representatividad popular sino también la gobernabilidad nacional.

A esto se suma la propuesta de aumentar el plazo de Gobierno y de ejercicio parlamentario, pero que también acarrearía el de las municipalidades, a períodos de cinco años. Implica también la consideración de discutir sobre la reelección continua de Presidente, por lo menos de un período, y la de diputados de manera abierta o de dos o tres períodos. La de los miembros de las municipalidades no entran en esta discusión porque ya tienen aprobada su reelección indefinida. Igualmente si el plazo se mantiene en cuatro años pero con reelección continua. En casi todos los países del mundo así se opera y gobierna hoy.

Hay personas y sectores políticos, sectores sociales en general, y sindicales, que son los más sensibles a oponerse en Costa Rica a reformas políticas como éstas. Sin embargo, defienden estas mismas personas y sectores políticos y sociales, defienden en el exterior, en otros países, la existencia de gobiernos de partidos políticos continuos, de presidentes y gobernantes que continuamente se reeligen, sin prohibición alguna. Cuando se defienden a ciegas a gobernantes como los de Nicaragua o de Venezuela eso es lo que están defendiendo, ese continuismo gubernativo y reelección constante, entre otras cosas, y eso es lo que en el fondo están proponiendo, como modelo para Costa Rica, en caso de que asumieran el Gobierno y las estructuras del poder político, si tuvieran oportunidad. Si esto es lo que quieren, entonces, deberían hacer avanzar el sistema político en esta dirección apoyando estas reformas electorales que están siendo planteadas para la discusión pública.

El país, el mundo político nacional, el activismo político partidario nacional, requiere asumir estos temas, entre otros, como parte de una agenda política nacional para mejorar la estructura política nacional de la toma de decisiones.

No pensemos que estas medidas y estas propuestas sean para aplicarse a partir del 2022. Pensémoslas a partir del 2026, para lograr una discusión desprejuiciada de elementos electorales o electoralistas inmediatos.

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