Defensoría califica de urgente la elaboración de un plan contundente contra la corrupción

Costa Rica enfrenta un panorama preocupante en la lucha contra la corrupción debido a la falta de una estrategia clara y estructurada para combatir este flagelo.

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Así lo señaló la Defensoría de los Habitantes tras conocerse los recientes resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, en los que el país se mantiene estancado sin mostrar avances significativos.

Según el informe publicado esta semana, el país obtuvo una puntuación de 58 sobre 100 en el IPC, ubicándose en la posición 42 entre 180 naciones evaluadas. Este puntaje refleja una tendencia que no supera el techo alcanzado en 2017 (59 puntos) y que ha fluctuado en la misma decena desde 2012, sin mostrar mejoras contundentes.

Además, Costa Rica presentó un deterioro en 4 de los 7 indicadores analizados, incluyendo el de "Estado de derecho y Gobernanza", lo que evidencia debilidades estructurales en la gestión de la integridad pública.

“A la luz de los pobres resultados obtenidos en el IPC 2025, la Defensoría insta al Poder Ejecutivo a retomar con urgencia los esfuerzos para estructurar un sistema de gobernanza sólido y emitir una política pública de integridad. La falta de avances concretos en la lucha contra la corrupción no solo compromete la transparencia y el buen gobierno en el país, sino que también erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas”, dijo la Defensoría.

Malas señales

Esta misma semana, se dio a conocer que un error procesal cometido por un jueza ha puesto en jaque el caso Diamante, luego de que el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública anulara la declaratoria de crimen organizado en el proceso. 

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La decisión se debe a que el jueza, al fundamentar su resolución, incluyó párrafos de un documento relativos a un caso de homicidio y aborto, lo que fue señalado como un “copy-paste total y absoluto” por el abogado Juan Marcos Rivero, defensor del empresario investigado Daniel Cruz.

Con esta resolución, los plazos del proceso se reducen y algunas pruebas obtenidas mediante intervenciones telefónicas podrían quedar invalidadas, lo que representa un revés para la Fiscalía en su intento de lograr condenas contra los acusados. 

El caso Diamante salió a la luz en 2021, antes de las elecciones presidenciales, y se centra en un presunto esquema de sobornos en al menos 15 proyectos de infraestructura vial cantonal, según el Ministerio Público.

Entre los investigados figuran los exalcaldes Johnny Araya (San José), Humberto Soto (Alajuela), Alfredo Córdoba (San Carlos), Alberto Cole (Osa) y Arnoldo Barahona (Escazú), además del empresario Carlos Cerdas, dueño de la constructora MECO, el empresario Daniel Cruz y el actual alcalde de Cartago, Mario Redondo.