Del CAS chileno al SINIRUBE tico

Miguel Angel Rodríguez marodrige@gmail.com | Lunes 14 diciembre, 2020

Ha sido un largo recorrido que inició en 1991.

La preocupación por las familias pobres ha existido desde siempre, y se ha expresado a través de nuestra casi bicentenaria historia de muy diversas maneras, conforme nuestro desarrollo y posibilidades. Es conveniente por eso revisar nuestras instituciones sociales con una cierta periodicidad para mejorar su eficiencia y el mejor uso de sus recursos.

La creación del IMAS y de FODESAF en la década de 1970 en los gobiernos de los Presidentes Figueres Ferrer y Oduber Quirós produjo un aumento muy sustancial en los recursos destinados a disminuir la pobreza. Pero su administración respondía fundamentalmente a la demanda. Obtenían ayuda las personas que se acercaban al IMAS a solicitar la ayuda y eran consideradas beneficiarios apropiados por sus condiciones de vida.

Responder a la demanda generaba dos problemas.

Por una parte, sesgaba el uso de los recursos destinados a sacar familias de la pobreza en contra de las familias más pobres. Estas familias no tienen la oportunidad ni los medios para apersonarse a solicitar la ayuda a las oficinas públicas. Muchas veces con una simple pregunta de un funcionario se sentían cohibidas y se retiraban sin siquiera plantear su caso. Frecuentemente desconocían la existencia de los programas que las podrían ayudar.

Por otra parte, esta circunstancia facilitaba el clientelismo y el uso politiquero de las ayudas a las familias pobres, pues los dirigentes políticos -que si conocían las posibilidades que brindaban esos recursos- se aprovechaban para enviar a plantear sus solicitudes a personas que podían no ser los beneficiarios más indicados, pero que les podían ayudar en sus intereses electorales.

Roxana Víquez, como Presidenta del IMAS durante el gobierno de Rafael Angel Calderón Fournier, se dio cuenta cabal de esa situación y de la necesidad de que los programas sociales focalizados dirigieran de mejor manera sus recursos para lograr cumplir con su objetivo. Ese mismo inconveniente lo señaló para Costa Rica el Primer Informe de Desarrollo Humano del PNUD que felicitó el éxito de nuestros programas sociales, pero lamentó su alto costo por la ineficaz direccionalidad de sus recursos.

Gracias a su proverbial creatividad y empeño, Roxana entró en contacto con Tarcisio Castañeda quien por entonces laboraba con la oficina del Banco Mundial en Costa Rica. Tarcisio la puso en contacto con el programa para selección de beneficiarios que operaba en Chile, el CASAN, que originalmente había nacido como CAN, y juntos fueron a conocer su operación.

El CASEN era un programa descentralizado, que operaba en las Municipalidades precalificando las familias pobres de acuerdo con sus necesidades insatisfechas. Hasta donde yo sé, la primera medición de pobreza multidimensional.

Ni lerda ni perezosa Roxana volvió con la idea, la mejoró centralizándola en el IMAS, y así surgió con el apoyo entusiasta de ese gobierno el SISBEN (Sistema de Identificación y de Selección de Beneficiarios), construido llenando una ficha manual, qué con las limitaciones de la informática de entonces, luego se recogía en computadores.

Cuando llegamos al gobierno en 1998 pedí a Roxana que retornara a la Presidencia del IMAS y que le diéramos continuidad a esa valiosísima iniciativa, que formó parte de todo un esfuerzo en pro de la eficiencia de la acción social del estado y en pro de eliminar el clientelismo.

Para lo primero asumí la Presidencia del Sector Social para con la ayuda del SINE (Sistema Nacional de Evaluación) de Mideplan y de los reportes del CAP (Consejo Asesor Presidencial) poder mensualmente evaluar con todos los jerarcas de las instituciones sociales el cumplimiento de sus metas. Para lo segundo empezamos por eliminar las partidas específicas que se fijaban a voluntad de los diputados de gobierno, asumiendo el costo político de perder esa herramienta.

Pero era esencial para focalizar bien los recursos del sector social mejorar el SISBEN y tecnificarlo.

Roxana entró en acuerdos con el PNUD y en alianza con esa organización de NNUU y dentro de nuestro Plan de Solidaridad que se propuso garantizar apoyo a las personas que realmente lo necesitan, se estableció un sistema objetivo de selección y seguimiento de los beneficiarios, denominado SIPO, Sistema de Identificación de la Población Objetivo. Se mejoró sustancialmente la recolección de la información mediante una encuesta estandarizada, llamada ficha de identificación social (FIS). Se logró acuerdo con universidades públicas para contar con el trabajo social de los estudiantes en la elaboración de las FIS.

Tratamos de involucrar a todo el sector social en el uso del SIPO para escoger beneficiarios, eliminar la duplicación de ayudas y pode dar seguimiento a las familias beneficiadas. Recuerdo que lo logramos con éxito con la CCSS para la selección de los beneficiarios del Régimen no Contributivo de Pensiones, pero no lo logramos en todos los casos.

Para mejorar la tecnología utilizada y convertir finalmente el SIPO en política de todo el sector público Roxana, con apoyo del Ejecutivo, logró que se incluyera un monto no reembolsable de $3 millones en un crédito del Banco Mundial, destinado a dar continuidad a la transformación que estaba en curso del sector salud. No fue casualidad que fuera en ese crédito, ya teníamos consciencia de la importancia de la función que los EBAIS podían cumplir para detectar a las familias pobres de su circunscripción y para dale seguimiento al uso de las ayudas sociales.

Desdichadamente no se le dio continuidad a ese esfuerzo y se perdieron 15 años en poder lograr ese objetivo.

Después de algunos intentos sin éxito, finalmente en 2013 se logró darle soporte legal a la idea con el Sistema Nacional de Información Social y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE) creado por la Ley No. 9137 de iniciativa de doña Gloria Bejarano, que se debería aplicar a todos los programas que van a las familias pobres, sin excepción. Renació el esfuerzo en el que doña Gloria había participado en 1991.

Ana Helena Chacón desde sus funciones en la dirección del Triángulo de Solidaridad participó en los esfuerzos por justa y eficiente focalización y por eliminación del clientelismo y como diputada tuvo importantes iniciativas para fortalecer el funcionamiento de las instituciones sociales. En su ejercicio como Vicepresidenta de la República y Coordinadora del Consejo Presidencial Social llevó adelante la implementación del SINIRUBE.

Ahora la OEA premia esta herramienta contra la pobreza.

La información primaria la recoge el IMAS y los EBAIS, se complementa y corrige con la información de otros entes públicos, y ya incluye el 70% de la población del país. El Informe de este año del Estado de La nación dedica su capítulo VI y su anexo metodológico al SINIRUBE, y utiliza está poderosa herramienta para analizar posibles efectos del COVID-19 empobreciendo a familias vulnerables y no pobres.

Es de inmensa importancia que el SINIRUBE se mantenga actualizado, pues las familias entran y salen de la condición de pobreza. Es además esencial que su uso sea obligatorio para la disposición de todos los recursos destinados a familias en condiciones de pobreza, a fin de que se utilicen solo para el objetivo al que están destinados, y no haya duplicaciones.

Con mucha tardanza, pero al fin se logró contar con el instrumento que debería haber operado desde hace muchos años con fundamental propósito de disminuir la pobreza.

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