El Presidente de la República, el Ministro del MOPT, el de Planificación, el de Hacienda y el Banco Central podrían avalar la figura ideal a implementar

---

¿Derogar concesiones?

¿Qué señales damos al mundo con el proyecto de ley 18.823: “Derogatoria de la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, N° 7762, de 2 de abril de 1988, y sus reformas”?
El proyecto fue presentado en la legislatura anterior por el Frente Amplio y en las sesiones extraordinarias de agosto el actual Poder Ejecutivo lo convocó, sin que a la fecha se conozca otra propuesta de ley de esta Administración, que defina en mejores términos cuál irá a ser el mecanismo y la forma en que se implementarán en Costa Rica las obras de infraestructura necesarias que permitan el desarrollo.
Del análisis del expediente legislativo se desprende que el país (a 2012) requería buscar financiamiento para diversas obras por un monto estimado en $10.609 millones.
Como ya tenemos claro, a través de los mecanismos de endeudamiento del Estado no es viable financiar las nuevas obras, simplemente porque las arcas gubernamentales ya no alcanzan.
Este proyecto pretende el cierre del actual Consejo de Concesiones, con base en las fallas en la aplicación del modelo por parte de quienes administraron el modelo actual.
En este sentido, con todo respeto, me parece que el Poder Ejecutivo no debe apoyar un proyecto de ley que lo único que pretende es cerrar una institución, haciendo que distintas dependencias del MOPT se hagan cargo de la administración de las actuales concesiones otorgadas y que su personal sea absorbido por este Ministerio y ya.
Es decir, que no se plantee seriamente cuál será el nuevo mecanismo para financiar las obras ahora y en los próximos años.
En este país requerimos que la figura de concesión evolucione. Que el Estado tenga la capacidad de definir cuál es la mejor figura a aplicar, dentro del concierto de formas de financiamiento que existen a nivel mundial.
Aquí, por ejemplo, hay fondos de pensiones cada vez más importantes que podrían colaborar en nuestro desarrollo, también la figura de fondos de inversión, los entes públicos con excedentes importantes que se podrían destinar y obtener mejores réditos que los que en la actualidad obtienen, entre otras figuras financieras que permitirían que al fin podamos materializar la naturaleza constructiva de un Estado próspero.
Bajo una ley marco apropiada, por medio de un informe razonado, bien fundamentado, el Presidente de la República, el Ministro del MOPT, el de Planificación, el de Hacienda y el Presidente del Banco Central podrían avalar la figura ideal a implementar, con base en las circunstancias del mercado financiero nacional e internacional.
Razonamiento que debe pasar la prueba de la opinión de especialistas, para así no tener que cargar las implicaciones que se derivarían de las malas decisiones.
Para ello requerimos de un órgano especializado, con una junta directiva técnica, no politizada. Este órgano debe ser técnico y jurídicamente fuerte, con suficiente poder de implementación, que pueda llevar a cabo los procedimientos que se requieran para realizar las obras necesarias, y determinar con base en la mejor figura financiera que de previo aprobaron las autoridades del Ejecutivo llevar a cabo.
¡No nos desgastemos en propuestas que no nos llevarán a buen puerto! ¡Seamos proactivos!

Randall Castro Vargas

Economista