Gobierno y oposición negocian plan contra fraude fiscal

Descartan embargos ejecutados por Hacienda

Tribunales comunes resolverían demandas y no Hacienda

El Gobierno descartó ayer su intención de ejecutar los embargos impuestos por el propio Ministerio de Hacienda, con el objetivo de salvar la ley contra el fraude fiscal.
En vez de eso, propone que tribunales convencionales resuelvan los reclamos del Ministerio de Hacienda sobre la evasión.
Esta idea haría el proceso neutral para las empresas, al establecer un tribunal ajeno a la administración tributaria para que dicte un fallo, además, lo haría rápido, al contar con varios juzgados analizando los 12 mil expedientes vigentes.
Por otra parte, se propone limitar a una ocasión la notificación de embargo y remate, en vez de las reiteradas ocasiones que exige la ley actual.
Con estas ideas, el Gobierno pretende durar meses para ejecutar los bienes embargados, a diferencia de hoy, que tarda unos años.
“Nuestra idea es reforzar las herramientas de cobro que ya tenemos y si para ello tenemos que prescindir de la idea original de ejecutar embargos sin la resolución de un juez, lo vamos a hacer, en aras de avanzar”, explicó Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos.
Lo que no aceptaría el Poder Ejecutivo es que la administración tributaria pierda capacidades frente a los evasores.
“La ley actual nos permite declarar un embargo, lo que no podemos es ejecutarlo. En ese sentido, no estaríamos dispuestos a perder esa potestad”, agregó Rodríguez.
Desde hace dos semanas, el Gobierno y la oposición se han mantenido negociando un nuevo texto de trabajo para la ley contra el fraude fiscal.
Esto, debido a que el PLN, el PUSC, el Movimiento Libertario y otros partidos, rechazaron la propuesta original de Casa Presidencial.
Ayer, los diputados de oposición tenían previsto reunirse con el Gobierno para presentar una contrapropuesta; sin embargo, decidieron postergar el encuentro para la otra semana.
Entre los puntos que señalan como fundamentales destaca la obligatoriedad de que un juez ejecute los embargos y no el Ministerio de Hacienda.
Por otra parte, exigen que se elimine el impuesto a los dividendos de las empresas, debido a que habría un doble cobro, porque en este momentos ya se exige el pago del gravamen de renta.
Se desea eliminar las sanciones que hay en contra de contadores y asesores tributarios por supuesta evasión, pues la propuesta inicial del Gobierno establece una responsabilidad compartida para estos agentes de hasta un 20% sobre lo que se reclama.
“Tenemos una buena disposición para conversar sobre este proyecto. Vamos a ver qué resulta, lo importante es que el Gobierno ya entendió que sin la oposición no tiene chance ninguno de avalar este plan”, explica Rosibel Ramos, presidenta de la Comisión de Hacendarios.

Esteban Arrieta
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