¿El gobierno tendrá acceso ágil a sus datos financieros? Posible, pero poco probable
Si se debe o no combatir la evasión al darle al gobierno el acceso ágil a su cuenta bancaria, es otra pregunta
Análisis/ Redacción LR redaccion@larepublica.net | Miércoles 30 agosto, 2023
Sea buena o mala la idea, parece poco probable que prospere la propuesta del gobierno de combatir la evasión impositiva por el acceso ágil a las cuentas bancarias de los costarricenses, ya que enfrenta la oposición tanto de los bancos como de los entes estatales que supervisan el sector financiero.
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¿Por qué sería difícil agilizar el acceso del gobierno a su cuenta bancaria?
El gremio de los bancos costarricenses está solicitando una orden judicial, que confirma que el Banco Central de Costa Rica no tiene el derecho de obtener los datos crediticios de los clientes, al exigir la entrega de la base de datos operada por a la superintendencia del sistema bancario (Sugef).
A parte de esto, el Banco Central - cuyo presidente es nombrado por el gobierno - no tiene el derecho de exigir esta información, asegura la La Sugef, respaldada por el Conassif – ente superior en el control del sistema financiero nacional - que también se opone a la medida.
¿Cuáles son los principales argumentos a favor y en contra de agilizar el acceso a las cuentas?
A FAVOR
El gobierno podría combatir la evasión impositiva, al tener el acceso ágil a los datos financieros de cualquier persona.
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Con esto, podría detectar las anomalías de la persona que tiene mucho dinero y/o activos – casas, empresas… - y que dice en sus declaraciones impositivas que gana poco o nada.
EN CONTRA
Darle el acceso ágil a las cuentas bancarias le permitiría al gobierno de turno explotar este tipo de información para vengarse de sus opositores y/o favorecer a sus amigos – o sea hacer un “fishing” en cualquier momento sin justificar por qué está investigando a la persona.
Mientras el gobierno ya puede obtener una orden al banco o la Sugef de entregar los datos solicitados de alguna persona, al mostrar a un juez que existen condiciones creíbles para invalidar el principio de la privacidad bancaria.
