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El impacto fiscal se contrapuso a la descarbonización

Ricardo Trujillo gerencia@fibrotel.cr | Miércoles 30 noviembre, 2022


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Ricardo Trujillo Molina MscEE

gerencia@fibrotel.cr

Órgano Contralor se pronuncia

La Contraloría General de la República acaba de emitir un criterio en el que advierte a la Asamblea Legislativa que el proyecto de ley que ha enviado el gobierno para ponerle un tope a los precios de los combustibles va a ocasionar un severo daño a la hacienda pública, por cuanto el poder ejecutivo no incluyó con la propuesta, los estudios obligatorios de impacto fiscal y de eventual neutralidad del mecanismo o de compensación con recorte al gasto, por el subsidio que pretende otorgar al precio de los combustibles, en caso que excedan el tope fijado.

Con ese criterio, la Contraloría prácticamente puso en proceso de agonía, todo el plan nacional de descarbonización, por cuanto el plan se propone una reducción gradual de las ventas de combustibles importados durante los próximos 30 años y por ende, de los impuestos que se recaudan a través de ellas.

Panorama desfavorable a la descarbonización

En un inicio del desastroso incremento en el precio de la gasolina llegamos a creer que esa alza sería el mejor estímulo para acelerar la transición energética del petróleo a la energía eléctrica. Pero resultó ser todo lo contrario, pues aquí en Costa Rica ha sido el mayor impedimento para él despegue de esa transición, ya que también incrementó el ingreso fiscal proveniente de los impuestos que pagamos por los carburantes fósiles.

En ningún momento de lo que va del año, el gobierno ha intentado reducir el impuesto que pagamos por la gasolina y el diésel. El impuesto único se mantuvo sin alteración, y a medida subió el precio regulado de los combustibles, también subió el ingreso fiscal. Ganó el fisco, el estado, el gobierno de turno y perdió la población. Ahora el estado de la nación lo ratifica, se incrementó la desigualdad, la pobreza y la extrema pobreza.

Futuros ingresos fiscales en gasolinas

El presupuesto de gobierno para el 2023 está basado en cuatro premisas fundamentales o vaticinio de los principales indicadores económicos, la primera en un incremento del 5,9% en los impuestos, la segunda en una inflación moderada no mayor al 4%, la tercera en un precio promedio del barril del petróleo alrededor de los 101 dólares y la cuarta en un crecimiento de la economía del 3,2%. El impuesto a los combustibles le permitirá al gobierno, obtener un ingreso estimado en 571 mil millones de colones, el equivalente al 4,65% del presupuesto nacional, y el 20,7% del rubro destinado a remuneraciones, es decir, al pago de salarios de todo el gobierno. Esta proporción es superior a la del presente año que fue del 4,56 % con respecto a un presupuesto de 11,5 billones de colones. No cabe la menor duda que el actual gobierno está mucho más interesado en mantener al alza su ingreso fiscal pues así lo ha manifestado en su folleto de explicación del presupuesto para el próximo 2023, qué en estimular la descarbonización, pues con esta se vería Afectado por la disminución anual durante los próximos 30 años del total de impuestos que pagamos por los carburantes fósiles.

NOTA: Tomado de un reporte de la ARESEP. “En el 2015 se recaudaron cerca de ₡455 mil millones por concepto de impuestos en los combustibles. En 2015 la factura petrolera fue de aproximadamente $1,214 millones, y la recaudación del impuesto único a los combustibles representó alrededor del 69% de esa factura (US$ 835 millones)”.

https://semanariouniversidad.com/pais/mas-quinto-los-ingresos-del-gobierno-dependen-del-combustible/

Fracaso del plan nacional de descarbonización

Pero también estamos experimentando el fracaso anticipado del plan nacional de descarbonización, que con gran visión futurista y entusiasmo presidencial inició la administración Alvarado. Se confirma con el abandono del liderazgo en la lucha contra el cambio climático que ha realizado nuestra representación en la COP27 recién finalizada en uno de los destinos mas paradisiacos del planeta, el complejo turístico de Sharm el Sheik, ubicado en las costas del mar rojo de Egipto. Costa Rica ahora aboga por un sistema internacional de pagos y compensaciones por los daños que nos ocasionará el cambio climático. No disponemos por el momento del dinero necesario para llevar a feliz término esa urgente transición energética, ni siquiera para imprimirle un fuerte impulso inicial. Y los fondos que nos están siendo prestados para tal propósito por el FMI, BCIE y otros bancos internacionales, terminan siendo utilizados en gran proporción, para el pago de la deuda pública.

¿Cuánto nos iba a costar la descarbonización?

Lo vengo diciendo y escribiendo desde hace 4 años. El PND omitió desde sus inicios, una estimación del costo total del proceso de la transición energética. Esta estimación por el total de un 150% del PIB (US$ 95,000 millones de dólares) la presenté por primera vez en una entrevista que me hizo Otto Guevara en la ULACIT en setiembre del año 2018. En esa ocasión me atreví por primera vez en el país a considerar como el más grande rubro de la descarbonización, el gasto privado que ocasionaría la importación de nuevos vehículos eléctricos para sustituir la flota automotor actual. En aquella ocasión hice la siguiente suposición. El costo aproximado de la sustitución de los carros actuales por carros eléctricos sería del orden de los $ 45 mil millones de dólares (1,5 millones de autos x $ 30 mil dólares costo de importación promedio). En segundo aspecto estime el costo de las inversiones necesarias para la construcción de nuevas plantas eléctricas que generarían la energía eléctrica para cargar a diario las baterías de esos futuros autos eléctricos. Para calcular este costo hice la siguiente suposición: Si tomásemos como costo promedio para la construcción de las futuras plantas eléctricas, lo que al ICE le costó la planta del Reventazón, US $1500 millones de dólares por 300 MWatts de potencia para producir anualmente 1,0 TWhora, el costo aproximado para producir 33,4 TWhora adicionales de energía para abastecer a toda la nueva flotilla de vehículos eléctricos será de US$ 50 mil millones de dólares. Lo anterior significa ni más ni menos que construir 33 plantas hidroeléctricas similares a la del ICE en el Reventazón en apenas 30 años. Es indiscutible que la futura matriz eléctrica no podrá ser ni totalmente hidroeléctrica ni totalmente con recursos no hídricos, pero lo que si podemos esperar es que la inmensa mayoría de las recargas para las baterías de los carros eléctricos se realizara de noche a tarifa reducida y eso implica generación del más bajo costo posible a esas horas, lo cual excluye la generación solar, que por el momento es la energía eléctrica de más bajo costo de producción a nivel mundial.

La diferencia de criterio entre mis estimaciones y las del BID se dan únicamente en el tipo de curva de transición a lo largo del tiempo escogida para los 30 años de transición energética. Yo escogí una transición lineal. Tengo la impresión qué los investigadores del BID escogieron una curva exponencial, ya que el mayor impacto fiscal se da a partir del año 2035 al 2050.

Posteriormente me ví obligado a modificar esta estimación, utilizando los menores costos de las nuevas plantas solares fotovoltaicas, asumiendo que la recarga se podría hacer de día y almacenando energía en baterías de litio. Esta nueva estimación me arrojó un monto menor en el valor de las inversiones para generar de 12 a 24 Teravatios hora anuales adicionales a los actuales 12 TWhora generados en el país.

Estimaciones tardías y cuantiosas sobre el costo de la descarbonización

Después la escuela de ingeniería eléctrica de la UCR, a pedido de la secretaria de planificación del subsector energía del MINAE con una investigación coordinada por el Dr. Javier Quirós-Tortós en junio del 2020 publicó una estimación del costo de descarbonizar del transporte público, y finalmente el BID en julio del 2021 en su documento de trabajo WP 1262 estimó el costo total directo de la descarbonización en un 149 % del actual PIB. Se utilizan para esas estimaciones unidades con respecto al PIB con el fin de no expresarlas en miles de millones de dólares, ya que esos montos son cifras enormes con 9 ceros a la derecha.

Independientemente de cuál será el costo total del proceso de descarbonización de Costa rica, ya podemos concluir a estas alturas, que el actual gobierno no está a favor de prescindir o de ver reducidos sus fuertes ingresos fiscales por casi US $1,000 millones de dólares (el 1,7% del PIB) que recibe de la venta de los combustibles fósiles y cuya importación y distribución a nivel nacional está al cargo monopólico de RECOPE.

Futuro incierto para la descarbonización

Mientras no se encuentre una alternativa para compensar por la reducción de ingresos fiscales en la venta de combustibles y en la importación de autos a gasolina y de sus repuestos, las políticas a favor de una descarbonización acelerada no serán ni factibles, ni posibles. Eso explica también la demora de 2 gobiernos consecutivos en la elaboración de un reglamento para que la Ley 10,086 publicada desde enero del presente año entre en vigencia. Esta ley estimulará la generación solar distribuida sin ningún lugar a dudas pues le permitirá a los abonados eléctricos prepararse para la transición energética y les permitirá también recargar las baterías de su futuro auto eléctrico al menor costo posible. No olvidemos mientras tanto que, la energía eléctrica generada con el recurso solar todavía no paga impuestos, mientras que la generada por el ICE con el recurso hidráulico, si paga el impuesto de ventas. Eso explica la defensa gubernamental a los intereses del ICE ante los intereses de los abonados y población en general.








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