La venta de los bonos a China nos hace replantearnos un tema que hemos venido trazando durante estos últimos años, que es el de la necesidad de transparencia. Como electores tenemos derecho a la información, mucho más a la información de carácter público. La cual forma parte de nuestros derechos de ciudadanos y ciudadanas costarricenses.
El secreto ante la opinión pública implica ignorancia sobre el cumplimiento efectivo de las funciones; además, limita el control público sobre la actividad que debe ejercerse. Estas son situaciones que disminuyen la confianza pública en el gobierno y lastimosamente, como hemos podido observar, favorecen la corrupción.
La libertad de información fortalece la democracia, el hecho de que la sociedad pueda evaluar el desempeño de las y los servidores públicos, hace que el gobierno adquiera la obligación de justificar sus decisiones tomadas y las políticas seguidas, lo que transforma la concesión de información en un deber jurídicamente exigible.
Ante esta circunstancia, nos surge la duda de por qué se realizan transacciones de esta magnitud —US$300 millones en bonos de la República de Costa Rica— en secreto. Además, por qué otro Estado tiene la posibilidad de hacer que nuestros y nuestras representantes mantengan oculta la información, a sus electores.
El secreto ha sido una práctica que se ha venido implementando, amparándose en juicios técnicos, en la pérdida de confianza de los y las interlocutores cuando se trata de política exterior o, en que el tema de inversiones se debe mantener en la confidencialidad, por estrategias de mercado.
No obstante, las y los costarricenses aspiramos a un gobierno transparente que promueva la libertad de pensamiento y expresión. Queremos ser escuchados, ansiamos solicitar y recibir información. No solo pretendemos ejercer nuestra ciudadanía por medio del voto, deseamos participar, ser parte de la toma de decisiones. El acceso a la información pública es una garantía de esa participación ciudadana. Este es un nuevo desafío de Costa Rica, como sociedad democrática, reconocer el poder de la ciudadanía y asegurar estas nuevas formas de participación.
Costa Rica, al igual que muchos países de América Latina, está cambiando. La crisis de representación política se ha visto reflejada en las elecciones presidenciales, de esta década y de la anterior. Estamos luchando por renovar nuestras identidades, el contacto directo con la ciudadanía se ha convertido en un elemento fundamental para ser elegido como su representante. Por lo cual, nuestros gobernantes no se deben olvidar de la importancia de vivir en una realidad común, que nos afecta a todos, no deben ubicarse en un plano superior, en el mundo lejano de los poderosos. Deben acercarse a la ciudadanía, responder a nuestras inquietudes, escucharnos. Esta crisis de representación requiere la recuperación de la credibilidad, de la confianza, de la convicción de que quienes elegimos representan nuestros intereses.
¿Por qué, entonces, no democratizar la administración pública? La información pública es de la ciudadanía y las instituciones públicas son solamente sus depositarias. Es necesario rescatar a las instituciones de los manejos excluyentes. Cuanto mayor sea nuestro conocimiento sobre la acción pública, mayor será nuestra confianza en la política y en la función gubernamental. Quien gana con todo esto es Costa Rica.
