El tamaño del Estado

El tamaño del Estado

En medio de la discusión sobre más impuestos en nuestro país, ha surgido otro tema igualmente controversial, el tamaño de Estado. Siempre hemos señalado su ineficiencia con más de 330 entidades, 14 regímenes distintos de salarios y cerca de 140 diferentes esquemas de pluses o incentivos que no tienen relación con la productividad de la fuerza laboral.

Para los liberales, el tamaño del Estado costarricense no responde a la realidad económica del país y no satisface las expectativas del ciudadano; por lo tanto, un paso en la dirección correcta para disminuir los gastos estatales es reducirlo.

Desde hace años, la eficiencia en el funcionamiento de las principales instituciones del Estado, aquellas asociadas a la provisión de justicia, seguridad ciudadana, seguridad social y educación, iniciaron un franco deterioro, lo cual se ha visto reflejado en diferentes estudios. Por ejemplo, el Reporte de Competitividad Global 2015-2016, del Foro Económico Mundial, indicó que el principal obstáculo para la conducción de los negocios en Costa Rica es la ineficiencia de la burocracia gubernamental.

El tamaño de la planilla estatal, el gasto público y las cargas tributarias y sociales, son suficientes razones para comprender que no podemos continuar así, creando instituciones, ni manteniendo altos índices de empleo público.

¿Pero, cuáles instituciones deberían fusionarse o cerrar? No es tan sencilla la respuesta, pero con base en un estudio detallado, dirigido por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, es posible identificarlas mejor y proceder. Basta con analizar la experiencia de otros países para concluir que algo no está funcionando bien en el nuestro.

De acuerdo con el estudio “El sector público en Costa Rica: desafíos institucionales y oportunidades de mejoras” realizado por la Academia de Centroamérica en el 2016, hasta el año 1900, el sector público estaba conformado por 39 entidades, de las cuales 32 eran gobiernos locales. A nivel nacional, las funciones eran realizadas por 3 Ministerios y  algunas entidades auxiliares. A mediados de los años 50 del siglo pasado, las instituciones públicas aumentaron a 98 hasta alcanzar las 332 instituciones del sector público en el 2015, de acuerdo con los registros del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Es absurdo que un país de 5 millones de habitantes tenga esa cantidad de instituciones públicas. Gran parte de ese aumento desmedido es reciente, ya que tan solo en la década de los 90 se crearon 68 instituciones, sin que se transformaran o cerraran las ya existentes; es decir, no se modernizaron ante los nuevos retos.

En Costa Rica tenemos hoy 24 Ministerios. Otros países de tamaño comparable, se organizan con menos: Suiza, con 8.1 millones de habitantes, tiene 7 ministerios y Noruega, con 5.1 millones de personas, cuenta con 18.

Las mejores proyecciones de recaudación de la reforma fiscal, que aumentará nuestra carga tributaria, no llegan a una reducción de la tercera parte del déficit fiscal actual que rondará el 7% en diciembre.  Existe riesgo de que dichas metas no lleguen a darse; todo lo contrario; si disminuye el consumo y la inversión podría darse una desaceleración de la economía.

Un tema al que no se ha querido abordar de manera responsable, pero que, debido al alto déficit fiscal que acumulamos, se hace necesario, es la venta de activos del Estado. ¿Se justifica que en un país de 5 millones de habitantes existan 2 bancos estatales? En Canadá, por ejemplo, hay un solo banco por cada 5 millones de habitantes ¿Por qué no cerrar instituciones que hoy no están cumpliendo función alguna como el Consejo Nacional de Producción, o vender aquellas cuya función no debería estar en manos del Estado como la Fábrica Nacional de Licores? ¿Realmente se justifica la existencia del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) conformado por dos bancos estatales, el Nacional y el de Costa Rica?

Tampoco podemos dejar de lado los monopolios, otra gran deuda con el país. Hoy recibimos productos y servicios de menor calidad a precios abusivos. Pagamos impuestos altos para adquirir vehiculos (más del 50% de su valor), para mantenerlo en propiedad y para circular; además de tasas municipales para el aseo de vías; sin embargo, nuestras calles están deterioradas y sin la mínima señalización en muchas partes. Como consecuencia, asumimos los costos de llantas estalladas, suspensiones dañadas, mayor contaminación y accidentes. ¿Porqué no ocuparse de mejorar la infraestructura, el ambiente de negocios y ofrecer mayor seguridad a los ciudadanos, labores propias de un Estado moderno y eficiente? Esa es la gran discusión pendiente para un gobierno cuya prioridad ha sido la de crear más impuestos.

Espero que en los próximos meses se establezca esta discusión en el Parlamento. Es urgente el abordaje de esta temática en una fluida relación entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.

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