El acoso a la política
| Jueves 15 marzo, 2012
El acoso a la política
El cumplimiento de la ley obliga a todo funcionario a actuar con base en disposiciones preestablecidas que no constituyen actividad política, en sentido estricto. En cambio, la vida política se desenvuelve en el campo de la discrecionalidad.
El político establece prioridades, crea leyes o intenta impedir que se creen, realiza obras o se abstiene de hacerlas, escoge métodos de acción, determina estrategias, jerarquiza y, para ello, necesita de una zona amplia de discrecionalidad que le permita actuar, con cierta libertad, e incluso equivocarse. Limitarle demasiado esos márgenes de acción equivale a pedirle a un pintor que realice su obra con las manos atadas.
En nuestro país, el derecho está devorando la política, las instancias jurídicas la acosan progresivamente y, por esa vía, arriesga a paralizarse.
Quienes han tenido a cargo la conducción del país, con frecuencia encaran juicios en lugar de ser juzgados en las urnas. Cuando decimos que el error en política debe tener consecuencias de orden político y no jurídico, obviamente, nos referimos a errores de oportunidad, de concepción y no a actos de corrupción.
Quien roba debe ir a la cárcel, quien se equivoca en su gestión merece una derrota política. De lo contrario, se daña la vida gubernamental.
Una cosa es la responsabilidad penal o civil y otra la responsabilidad política, expresada en la aprobación o el repudio popular. Cuando en un país europeo se cae un puente, el ministro del ramo renuncia o el gobierno cae y su partido arriesga perder las próximas elecciones.
En Costa Rica, el funcionario político recibe una sanción administrativa o penal. Si quiere salir incólume del cargo, debe abstenerse de emprender obras, debe hacer poco y limitarse, como dice el pueblo, a sostener la burra.
Quienes tienen la misión de sancionar a los políticos dirán que la ley los obliga a hacerlo y esto puede ser verdad en ciertos casos. Pero, nada los exime de la obligación de comprender la esencia de la vida política y actuar en consecuencia.
Se me dirá que solo se aplican penas a quienes han violado la ley. Sin embargo, la aplicación de la ley, al juzgar, demanda su comprensión ilustrada e inteligente. Es indispensable que los jueces y los legisladores fortalezcan los márgenes de acción de los políticos para que puedan cumplir con sus programas y atiendan las necesidades del país, haciéndoles frente a sus compromisos de campaña. Lejos de debilitar el esfuerzo por lograrlo, deberían ayudarlos a cumplir “los deberes de su destino”.
La amenaza de castigo, la intimidación psicológica que se asoma por las puertas de los despachos, intensifica la parálisis nacional. La política pasa a manos de los jueces. ¡Que resuelva la Sala!, ¡que decida la Contraloría!
Nadie deberá extrañarse si muchos de los mejores costarricenses huyen aterrorizados de la política. Lo malo es que, tarde o temprano, pagaremos la factura, en términos de desarrollo.
Francisco Antonio Pacheco
Expresidente del Congreso
El cumplimiento de la ley obliga a todo funcionario a actuar con base en disposiciones preestablecidas que no constituyen actividad política, en sentido estricto. En cambio, la vida política se desenvuelve en el campo de la discrecionalidad.
El político establece prioridades, crea leyes o intenta impedir que se creen, realiza obras o se abstiene de hacerlas, escoge métodos de acción, determina estrategias, jerarquiza y, para ello, necesita de una zona amplia de discrecionalidad que le permita actuar, con cierta libertad, e incluso equivocarse. Limitarle demasiado esos márgenes de acción equivale a pedirle a un pintor que realice su obra con las manos atadas.
En nuestro país, el derecho está devorando la política, las instancias jurídicas la acosan progresivamente y, por esa vía, arriesga a paralizarse.
Quienes han tenido a cargo la conducción del país, con frecuencia encaran juicios en lugar de ser juzgados en las urnas. Cuando decimos que el error en política debe tener consecuencias de orden político y no jurídico, obviamente, nos referimos a errores de oportunidad, de concepción y no a actos de corrupción.
Quien roba debe ir a la cárcel, quien se equivoca en su gestión merece una derrota política. De lo contrario, se daña la vida gubernamental.
Una cosa es la responsabilidad penal o civil y otra la responsabilidad política, expresada en la aprobación o el repudio popular. Cuando en un país europeo se cae un puente, el ministro del ramo renuncia o el gobierno cae y su partido arriesga perder las próximas elecciones.
En Costa Rica, el funcionario político recibe una sanción administrativa o penal. Si quiere salir incólume del cargo, debe abstenerse de emprender obras, debe hacer poco y limitarse, como dice el pueblo, a sostener la burra.
Quienes tienen la misión de sancionar a los políticos dirán que la ley los obliga a hacerlo y esto puede ser verdad en ciertos casos. Pero, nada los exime de la obligación de comprender la esencia de la vida política y actuar en consecuencia.
Se me dirá que solo se aplican penas a quienes han violado la ley. Sin embargo, la aplicación de la ley, al juzgar, demanda su comprensión ilustrada e inteligente. Es indispensable que los jueces y los legisladores fortalezcan los márgenes de acción de los políticos para que puedan cumplir con sus programas y atiendan las necesidades del país, haciéndoles frente a sus compromisos de campaña. Lejos de debilitar el esfuerzo por lograrlo, deberían ayudarlos a cumplir “los deberes de su destino”.
La amenaza de castigo, la intimidación psicológica que se asoma por las puertas de los despachos, intensifica la parálisis nacional. La política pasa a manos de los jueces. ¡Que resuelva la Sala!, ¡que decida la Contraloría!
Nadie deberá extrañarse si muchos de los mejores costarricenses huyen aterrorizados de la política. Lo malo es que, tarde o temprano, pagaremos la factura, en términos de desarrollo.
Francisco Antonio Pacheco
Expresidente del Congreso