Elección del Defensor de los Habitantes reiniciará hasta el próximo 2 de febrero

El análisis de los postulantes a Defensor de los Habitantes se retomará por parte de los diputados hasta el próximo 2 de febrero, así se decidió por parte de los jefes de fracción.

El nombramiento del nuevo Defensor se ha complicado más de la cuenta por los diversos intereses que rodean la elección.

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Y es que los dos candidatos con mayores posibilidades, representan supuestamente intereses que los excluyen de ser tomados en cuenta por la mitad de diputados.

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Se trata de Laura Arguedas, jefa de asesores del PLN y experta en derechos humanos y de Erick Ulate, abogado y presidente de la organización de Consumidores Libres.

En el primero de los casos, Arguedas es cuestionada por supuestamente promover la ideología de género; además de haber sido la candidata a la vicepresidencia del PLN en la contienda anterior de la mano de José María Figueres.

“No apoyaremos a Laura Arguedas. Sería un grave error nombrar a la candidata a la vicepresidencia de Figueres como Defensora. Menos si cuenta con el apoyo del difunto PAC, y la izquierda del Frente Amplio, que para mí están cortados con la misma tijera. Lo hemos venido advirtiendo, están desesperados con este nombramiento porque para ellos lo único importante es impulsar la ideología de género. No es sano que ese puesto se utilice para beneficiar a un partido político, ni que responda a los intereses de un expresidente tan cuestionado o un sector. Aunque sigan sin aceptarlo, el pueblo de Costa Rica ya les dijo que No”, dijo David Segura, diputado de Nueva República.

Por otra parte, a Ulate se le relaciona con el sector autobusero y se ha llegado a decir que sería su representante en la Defensoría de los Habitantes.

Y es que Ulate ya demostró desde la junta directiva del Consejo de Transporte Público (CTP), que su mayor interés es proteger los intereses de los empresarios y no a los usuarios, según Antonio Ortega, diputado del Frente Amplio.

“En el caso del accidente en Cambronero, como integrante del CTP, se opuso a aplicar medidas cautelares a la empresa involucrada en el accidente, pues el bus accidentado tenía más de 15 años circulando, contrario a lo que establece la ley; asimismo, votó a favor de apoyar la extensión de la vida útil de las unidades de autobús de 15 a 20 años, a pesar de las recomendaciones jurídicas de que era necesario garantizar la seguridad de los usuarios”, dijo Ortega.