Empresarios: “Ley que regula huelgas en servicios esenciales no puede descarrilarse”
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Lunes 26 agosto, 2019
La ley que regula huelgas en servicios públicos esenciales no puede descarrilarse en la recta final, pues las consecuencias serían “nefastas” para la población costarricense, según el sector productivo.
Y es que un grupo de doce diputados, encabezados por José María Villalta del Frente Amplio y Franggi Nicolás de Liberación Nacional, propusieron un texto sustitutivo al plan que ya se encuentra en el Plenario, y que prohíbe las huelgas en los servicios de salud, seguridad, suministro eléctrico y de gasolina, entre otros.
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¡Equilibrio en la regulación de Huelgas! Hoy, en conjunto con otros diputados de seis bancadas, presentamos un texto sustitutivo al proyecto dictaminado por la Comisión de Derecho a Huelgas. Como una alternativa que permita regular este movimiento social para que no quede a la libre, con un proceso ágil le de herramientas a los juzgados calificar la huelga como ilegal o legal de manera expedita. Pero sin cercenar el derecho de la libre expresión de la ciudadanía, puesto que las personas pueden alzar su voz cuando no estén de acuerdo con alguna política pública. Para tranquilidad de los costarricenses el texto plantea para contrarrestar una afectación de grandes magnitudes en servicios públicos que los sindicatos, grupos, sectores sociales o coaliciones de trabajadores, al menos unos 15 días antes del inicio de la huelga, formulen una propuesta de plan de servicios mínimos, mismos que no pueden suspenderse durante dicho movimiento. Finalmente, les digo que este texto no es ni pro sindical ni pro empresarial, lo que busca es regular la huelga sin menoscabar el derecho a la libertad de expresión ciudadana.
Publicado por Franggi Nicolás Diputada en Jueves, 22 de agosto de 2019
La nueva iniciativa se redactó con la asesoría de Albino Vargas, secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, por lo que se propone que todos los burócratas tengan la posibilidad de irse a protestar.
Asimismo, elimina la posibilidad de rebajar el salario a los trabajadores de manera retroactiva, una vez que un juzgado de trabajo establezca la ilegalidad del movimiento, lo cual es una diferencia con el proyecto que está en su etapa final de discusión y que permitiría la impunidad.
Esto porque los empleados públicos tendrían la posibilidad de irse a huelga de manera impune.
“No podemos obviar el impacto que tiene y ha tenido la paralización de los servicios en nuestra población. Durante la reciente huelga de ocho días, 68 mil personas perdieron sus citas médicas y 1.400 se quedaron sin operar, pese a que tenían su cirugía programada y hasta tuvimos la pérdida lamentable de vidas humanas”, dijo Yolanda Fernández, presidenta de la Cámara de Comercio.
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Si el proyecto de Nicolás, Villalta y Barrantes prospera, las pérdidas para el sector productivo podrían ser millonarias, en caso de bloqueos.
El nuevo texto es impulsado también por Paola Valladares y Daniel Ulate del PLN, Ignacio Alpízar, Harllan Hoepellman, Carmen Chan y Nidia Céspedes de Nueva República, Wálter Muñoz y Patricia Villegas del PIN, Shirley Díaz del PUSC, y Dragos Dolanescu del Republicano.
"La huelga nacional del año pasado le costó al país ¢138 mil millones en pérdidas, además del atraso de varios proyectos que, por inseguridad jurídica, no han avanzado, afectando la posibilidad de hacer negocios en Costa Rica. Los sindicatos no deben ir más allá de lo que la ley les permite. Todos tenemos límites y llegó la hora de establecerlos”, dijo Gonzalo Delgado, presidente de la Uccaep anteriormente en una entrevista con LA REPÚBLICA.
