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COLUMNISTAS

En 1948 no hubo Golpe de Estado, ni estamos a las puertas de una situación que lo amerite

Vladimir de la Cruz vladimirdelacruz@hotmail.com | Miércoles 26 junio, 2019


Pizarrón


Lo sucedido en Costa Rica en 1948, lo que se dio en marzo y abril como movimiento armado, finalizando el Gobierno de Teodoro Picado Michalski, fue en su esencia más un movimiento contra lo actuado por el Congreso de la República, que anuló el resultado presidencial electoral, recién realizado en febrero, facultad que tenía el Congreso de no reconocer resultados, que contra el propio Gobierno de Teodoro Picado, debido a que el escenario de la toma de la decisión sobre la nulidad de las elecciones estaba en el Congreso y no en el Poder Ejecutivo. Claro es que en ese momento el Congreso lo dominaba mayoritariamente el conjunto de los diputados del Gobierno y de los comunistas allí representados, que convinieron en dicha nulidad.

De rebote directo esa acción, contra lo actuado por el Congreso, era también contra el resultado que posibilitaría el ascenso presidencial de Rafael Angel Calderón Guardia, al anularse la elección de Otilio Ulate. Y siendo Calderón Guardia candidato oficial del Gobierno era también una reacción contra el Gobierno de Teodoro Picado. Por ello, también, al triunfo político militar de José Figueres Ferrer, como jefe de ese levantamiento, se niega y desconoce la elección de Rafael Angel Calderón al reconocer y confirmar como candidato electo legítimamente a Otilio Ulate Blanco, en nombre de quien se hizo la lucha armada y a quien finalmente se le entregó el solio presidencial el 7 de noviembre de 1949. De igual manera se desconoció la elección total de diputados y se suspendió o desintegró al Congreso Constitucional existente, hasta que se llegó a elegir una nueva Asamblea Legislativa que acompañaría el mandato presidencia de Otilio Ulate.

Si hubiera sido un movimiento armado contra el Gobierno, para impedir que terminara su gestión y período constitucional, para imponer un Gobierno que no hubiera resultado de las urnas, ese sí sería un intento de un movimiento sedicioso contra Teodoro Picado, que hubiera tenido la característica de intento de Golpe de Estado, si hubiera fracasado, o de Golpe de Estado si hubiera sido eficaz, sin que hubiera desatado un conflicto civil militar con quienes hubieran tomado la decisión de defender el Gobierno. Los acontecimientos en la forma que fueron sucediéndose, desde el 12 de marzo hasta mediados de abril, llevaron a un enfrentamiento militar civil entre quienes apoyaban a Otilio Ulate y quienes sostenían al Gobierno, en lo que fue un escenario de guerra, de distintos enfrentamientos y combates, que se reprodujo en diferentes lugares del país.

Usualmente se ha señalado a los acontecimientos bélicos sucedidos entre marzo y abril de 1948, en Costa Rica, como “la Revolución de 1948”, “la guerra civil”, “los sucesos armados del 48”, “el levantamiento armado de Figueres”, “el movimiento armado de 1948”, “la Revolución de Figueres”, la “revuelta armada”, y de mejor forma se le ha llamado “Gobierno de Facto”, de hecho, y hay otras formas parecidas de referirse a estos hechos, exagerándolos o minimizándolos. Incluso se ha negado el carácter de “Revolución” que se suscita con el resultado de ese proceso. Esto es otra discusión, no solo académica.

Que recuerde no se ha hablado de “contra reforma” para referirse a los sucesos armados como un movimiento contra las Reformas Sociales impulsadas, principalmente en 1943, en el gobierno de Rafael Angel Calderón Guardia, aliado en en ese momento con el Partido Comunista que cambió de nombre por Vanguardia Popular, a solicitud de la Iglesia Católica, que también participó de esa alianza política, y que se proyectó a la coalición política electoral “Bloque de la Victoria”, con que participaron en las elecciones de 1943-1944 los partidos Republicano Nacional y Vanguardia Popular. Tampoco fue contra reformas del Gobierno de Teodoro Picado, como las Tributaria y Electoral de 1946. El Gobierno de Picado era cuestionado por la oposición por otras razones.

Tampoco se ha justificado hablar de “contra reforma” porque la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el Gobierno de Facto, de la Junta Fundadora de la Segunda República, presidido por Figueres, mantuvo y amplió el Capítulo de las Garantías Sociales de 1943, y se mantuvo también el Código de Trabajo de 1943, como se mantuvo el Código Electoral de 1946. El punto negro y neurálgico de esos días fue el Decreto No. 105 y el Segundo párrafo del Artículo 98 de la Constitución, con los cuales se ilegalizó e impidió la participación electoral de los comunistas hasta 1975 formalmente.

Se ha hablado, por parte de los comunistas, de “la reacción contra las Reformas Sociales”, como justificante de los sucedido en marzo y abril de 1948, como uno de los elementos, el más importante para ellos, que movilizó a los sucesos armados a los insurgentes, en tanto las fuerzas rebeldes justificaron su accionar en función del respeto al sufragio, contra el fraude electoral y por el reconocimiento del triunfo electoral del Presidente Otilio Ulate en esas elecciones de 1948.

Así, defensa de las Garantías Sociales y del Código de Trabajo, de 1943, y la pureza electoral y la defensa del sufragio se han convertido en los dos grandes elementos conceptuales que se movieron alrededor de los sucesos armados de marzo y abril de 1948.

El respeto al sufragio era un tema que se lo traía la oposición política desde las elecciones de 1944, en las cuales resultó triunfante Teodoro Picado, alegando fraude en ese triunfo. Y, José Figueres, quien había sido expulsado del país por el Gobierno de Calderón Guardia, justificó que el Gobierno de Teodoro Picado debía caerse por la fuerza al haber resultado ilegítimamente electo. Figueres sí era de la tesis de tumbar al gobierno por la vía militar, para lo que empezó a prepararse, en el entendido de que si en las elecciones de 1948 volvía a repetirse el fraude, entonces se levantaría en armas, como lo hizo.

Si no desarrolló su lucha armada contra el Gobierno de Teodoro Picado fue porque Otilio Ulate, a la muerte de León Cortés, en 1946, cuando asumió la Jefatura política de la oposición, se lo impidió, condicionándole dicha acción al resultado de las elecciones de 1948.

Aún así no impidió, que en los días políticamente convulsivos de 1946 y 1947 Figueres y sus hombres impulsaran acciones terroristas, y mediáticas, de distinto tipo, contra los comunistas y gobiernistas, poniendo gran tensión en esos meses, hasta la víspera de las elecciones, pasando por la Huelga de Brazos Caídos, que desde el 22 de julio al 2 de agosto mantuvieron presionando por el control de la Fuerza Pública y del aparato electoral, para garantizar neutralidad del gobierno y pureza electoral.

Resultado de esa huelga el aparato electoral terminó controlándolo la oposición para esas elecciones. De allí también el embrollo del resultado electoral que el Congreso anuló, en la decisión presidencial, no así en la elección de diputados donde había habido un aumento de diputados gobiernistas y comunistas.

Así, en resumen, esos acontecimientos, en Costa Rica no se dieron como resultado de un “Golpe de Estado”, que es el que resulta de un movimiento sorpresivo, y repentino, por medio de un grupo político y armado, con el propósito de quedarse con el Poder, violentando de esa forma los mecanismos legales y constitucionales de la sucesión presidencial.

El concepto de “Golpe de Estado” se empezó a usar en Francia cuando el Rey, en el Siglo XVII, actuó violentamente para reprimir a opositores, violentando su propia legalidad, en lo que podría considerarse de mejor forma un “auto golpe” para ejercer más control político.

El concepto de Golpe de Estado se modernizó en el Siglo XIX, y perfeccionó en el Siglo XX, cuando, ya formados los regímenes republicanos, las fuerzas armadas, los Ejércitos y los militares, actuando violentamente contra los poderes públicos, asumían el Poder y el control de la Sociedad, destituían gobernantes y ejercían represivamente el control político institucional y de la sociedad, imponiendo gobiernos autoritarios, dictadores, tiranos, sátrapas, militares o civiles gobernando por la fuerza.

En el siglo XX este concepto se amplió en la consideración de que el Golpe de Estado no era resorte solo de militares, sino que en él podían participar civiles, y personas no vinculadas directamente a los poderes públicos, que actuando con acciones políticas y movilizaciones podían hacer caer gobiernos.

El Golpe de Estado como finalidad tiene la de ejercer el control del Gobierno, destituyendo y desplazando a quien lo detenta. Es un Golpe de Estado Institucional cuando participan en el mismo funcionarios del Gobierno que se depone, y es un Golpe de Estado Militar cuando solo actúan militares.

En América Latina, en este Siglo XXI, en Paraguay, Honduras y Brasil se han desarrollado recientemente, en la última década, Golpes de Estado Constitucionales, que son los que se han realizado, con uso de la Constitución Política, para destituir forzadamente a los gobernantes, cuando en la Constitución Política se establecen mecanismos de destitución, a modo de juicios políticos, por parte del Congreso o del Poder Legislativo. Se les ha llamado también “Golpes de Estado Parlamentarios”, “Golpes de Estado Suaves o Blandos”.

En Costa Rica durante el siglo XIX, principalmente, tuvimos una gran inestabilidad política, que resultaba principalmente del desarrollo y surgimiento de las clases sociales y grupos políticos. Esa crisis política institucional no llevó a que los militares directamente tomaran y ejercieran el Gobierno y el Poder Político nacional, y se mantuvieran en él por largos períodos de tiempo, como sucedió en otros países latinoamericanos. Tuvo más expresión, esta crisis político institucional y militar, en la gran cantidad de Constituciones Políticas, que se dieron entre 1821 y 1871, una decena, y en gobernantes civiles sobre militares, que fueron escasos, donde cada grupo que asumía gobierno trataba de imprimirle su propio sello constitucional al curso del Gobierno y de la institucionalidad nacional.

Hubo, igualmente, una serie importante de conflictos político militares, resultado de esa misma gestación de grupos políticos y clases sociales, en lucha por el ejercicio del Poder Político, predominando al final, en el Gobierno, más civiles que militares, institucionalmente. Del mismo modo, a partir de 1869, se gesta un fino control político sobre los militares, que se fortaleció a partir de 1871, hasta la disolución de Ejército en 1949, con el paréntesis que significó el Golpe de Estado de 1917-1919, en que la estructura militar se fortaleció durante ese mandato dictatorial.

En el Siglo XX solo hemos conocido el Golpe de Estado Institucional que se dio en enero de 1917, y que se prolongó hasta agosto de 1919, por parte del Ministro de Guerra, Federico Tinoco Granados, contra el Presidente Alfredo González Flores. No ha habido otro Golpe de Estado en la historia nacional después de ese.

Para mí, lo sucedido en 1948 no fue un Golpe de Estado, como vengo oyendo y leyendo a algunas personas, especialmente de la izquierda política, que me merecen respeto, que sostienen este argumento. Ni siquiera se podría argumentar que fue un intento de Golpe de Estado que adquirió la forma de rebelión, sublevación o motín popular. Fue un alzamiento militar para tratar de detener una decisión que había tomado el Congreso de la República, la anulación de la elección del Presidente Otilio Ulate. No hubo una acción de desobediencia política colectiva ni de masas contra el gobierno, en esos días del enfrentamiento. Se dio el enfrentamiento militar alrededor del cual la gente y los ciudadanos se iban ubicando, en uno u otro bando.

Los Golpes de Estado por su naturaleza son de rápida ejecución y solución, no son de larga duración en su intento. El Golpe de Estado es de horas, no de varias semanas en su marcha. El enfrentamiento produjo la situación de una guerra civil de corta duración, entre los dos bandos que terminaron enfrentados, dichosamente este conflicto militar fue de corta duración, un mes.

Los sucesos ocurridos en esas semanas no ocasionaron tampoco un caos social que pudiera haber sido aprovechado masivamente por la población, de manera anárquica.

La llamada Junta Fundadora de la Segunda República no uso para su auto denominación el término de “Revolucionaria”, a pesar de que hoy consideramos algunas de sus acciones institucionales, en esos dos años, de “revolucionarias”, por sus alcances y profundidades institucionales. La “Revolución” realizada por la Junta de Gobierno es parte de esa discusión, aún pendiente, en todo lo que este concepto pueda significar, partiendo del cambio profundo que pudo ocasionar su Gobierno, y de que “Revolución” puede asimilarse a “cambio radical”, en tanto va a la raíz de la situación.

El resultado de los enfrentamientos militares de esos días, de 1948, ni siquiera provocaron el desplazamiento de las autoridades de Gobierno que había asumido sus riendas en 1944. El Presidente Teodoro Picado no renunció a su mandato, que era lo que exigía Figueres en esos últimos días de abril de 1948. Trasladó el ejercicio de su Presidencia al Designado Santos León Herrera quien terminó ese ejercicio constitucional, y fue quien le entregó el Gobierno a José Figueres, según lo habían acordado Figueres y Ulate. Teodoro Picado, dígase lo que se diga no fue un dictador. Como persona ha sido uno de los más ilustres Presidentes que han gobernado el país.

Los comunistas oficialmente nunca dijeron durante esos días aciagos de marzo y abril del 48 que se intentaba un Golpe de Estado. Tampoco en los años siguientes, de manera oficial, sostuvieron esa tesis del Golpe de Estado alrededor de esos sucesos. Siempre hablaron de la “Guerra Civil” sufrida en el país.

Para quienes hoy señalan al Gobierno de Carlos Alvarado Quesada como un gobierno alejado del pueblo, y gobernando contra el pueblo, en posibilidad de “tumbarlo”, de hacer movilizaciones para acabarlo, destituirlo, y establecer otro en su lugar, y hasta de provocar un Golpe de Estado en su contra, hay que indicar que no se está ante un gobierno dictatorial, tiránico, despótico. Se está, guste o no, ante un Gobierno, y un gobernante, que fue electo por el pueblo en un proceso electoral hace poco más de un año, que ha tomado decisiones fuertes que no gustan, pero que todos los partidos políticos que participaron en las últimas elecciones nacionales, legislativas y presidenciales, hace un año, estaban de acuerdo o coincidían en que había que tomarlas, especialmente las tributarias y fiscales. Y se está ante una Asamblea Legislativa que del mismo modo ha asumido un papel determinante y comprometido en esas tarea histórica, de los Proyectos de Ley que han provocado irritación popular y sindical, del año pasado, y de los que están en el proceso legislativo actual.

El gobierno de Carlos Alvarado Quesada tiene dos componentes electorales poblacionales de apoyo. El real, el que mide al Partido Acción Ciudadana, que puso a Carlos Alvarado como el segundo candidato a disputar las elecciones finales, en abril, contra Fabricio Alvarado, que en febrero aventajó al actual Presidente. Y, el de abril, cuando definidos esos dos únicos candidatos, entre los cuales todos los costarricenses debían escoger, ganó Carlos Alvarado sobre Fabricio Alvarado, con un triunfo holgado y digno. En esa segunda ronda Carlos Alvarado Quesada obtuvo más del 40% de los votos nacionales, más del 60% de los votantes y redujo el abstencionismo de segundas rondas que andaba superior al 40% a un 31%.

Los factores de esta movilización también pueden discutirse y analizarse. No significa que la diferencia de votantes en su favor entre febrero y abril tenga que ser fiel a su Gobierno, a sus políticas y a sus decisiones, pues la inmensa mayoría de esos votantes, había votado por otros partidos políticos en la primera ronda, donde sus lealtades electorales y política estaban comprometidas, pero que en la segunda ronda tenían que asumir decisiones fuertes, graves, profundas, responsables. Probablemente miles de costarricenses, ese día de abril, votaron, además de alarmados y preocupados por el futuro de la Patria, en el contexto de la discusión electoral que había, con lágrimas en los ojos o tapándose la nariz.

Muchos de esos son los que hoy despotrican contra el Presidente Alvarado, su gobierno y sus políticas. Tienen razón si no son sus partidarios orgánicos, sus seguidores partidarios, si siguen perteneciendo políticamente a otros partidos, que se consideran “oposición” al partido gobernante, así como a los que rechazan a los partidos políticos clásicos del bipartidismo gobernante anterior.

No estar de acuerdo con el Gobierno, con sus políticas y acciones, es válido. No estar de acuerdo con lo que se tramita en la Asamblea Legislativa también es válido, pero son las instancias de representación popular, que tenemos, donde se ha delegado la soberanía popular en las elecciones de febrero del 2018, para integrar la Asamblea Legislativa, y en las de abril del 2018, para elegir el Presidente de la República, y con él, en su decisión de integrar a su Gabinete de Gobierno, que lo ha llamado de Unidad Nacional, por la participación que tiene de distinguidas personalidades y activistas políticos de cinco partidos políticos en el Consejo de Ministro.

En la lucha contra el Gobierno todos los ciudadanos, en todos sus componentes y organizaciones sociales, tienen todo el derecho de luchar por el cielo. Pero, todavía, en el país, el escenario de la lucha política por excelencia es el de los proceso electorales.

¿Acaso no estamos a cinco meses de estar renovando y manteniendo las autoridades de los 82 gobiernos locales? ¿No es esta una oportunidad de realizar cambios en la representación política, desde las bases de la sociedad democrática nacional, para exigir desde allí, cambios y compromisos más populares?

Los movimientos sociales, en proceso de amplias movilizaciones en estos semanas y meses venideros, deben aquilatar muy bien donde acechan los principales peligros políticos para el país, para la mejor representación política nacional.

Los partidos políticos parlamentarios responsables, y sus diputados, sin renunciar al control político que tienen, y deben ejercer, deben igualmente tener el mayor de los cuidados en la forma como enfrentan su crítica hacia el Gobierno, los gobernantes y las instituciones públicas y sus representantes.

La crítica por la crítica, y la crítica irresponsable, solo puede favorecer tendencias populistas de cualquier signo ideológicas, y tendencias fanático religiosas, que están más que al acecho de la situación de desgate y credibilidad de la Política, de los Políticos, de los Partidos Políticos, de la Democracia, que grave daño pueden llegar a ocasionarle al país, al pueblo costarricense, a los Derechos y Libertades consagradas en la Constitución Política, a los Derechos Humanos, en sus múltiples y variadas expresiones, y la democracia nacional como sistema de vida de los costarricenses.



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