"En dos meses podríamos tener solucionado el problema"
Ernesto Villalobos evillalobos@larepublica.net | Jueves 24 febrero, 2011
Juan Marín, ministro de Descentralización y Desarrollo Local
“En dos meses podríamos tener solucionado el problema”
Cerca de 30 municipios ya están aplicando las nuevas tablas de tasación o cobrando los nuevos tributos
En medio de productores, amenazados por un aumento de impuestos, y las municipalidades, que no quieren recortar sus ingresos, el jerarca de Descentralización afirma que las soluciones están cerca y en unos dos meses el problema estará resuelto.
¿De dónde nace la Nueva Plataforma de Valores para el cobro del impuesto territorial?
Las plataformas de valores vigentes son de 1997, y no se han actualizado. Se aprovechó la ayuda internacional dirigida a colaborar con el ordenamiento territorial y la descentralización y se agilizó con la contratación de una empresa privada, para obtener un producto que pudiera llegar a todas las municipalidades.
Frente a los argumentos de los productores agrícolas, que han visto multiplicarse hasta por 14 los costos de sus parcelas, por la aplicación de un nuevo modelo para calcular el impuesto territorial, ¿cuál es la posición del Gobierno?
Hay que analizar el tema. No estamos siendo confrontativos porque entendemos que hay dos sectores agricultores y municipalidades a quienes ayudar.
Laura Chinchilla solicitó acelerar el análisis de soluciones a este asunto, ¿cuánto ha avanzado ese encargo?
Hay una comisión trabajando; la Ministra de Agricultura está muy involucrada en esto y nuestro sector, el municipal, también tiene mucho interés de entrar de lleno en la discusión. La Presidenta ha dicho “siéntense, conversen y propónganme soluciones”.
¿Qué pueden hacer los productores que ya están pagando el aumento desmedido del impuesto territorial?
Por ahora, quienes se encuentran bajo regímenes de exoneración (forestales, de producción, etcétera), pueden solicitar que los eximan del pago, pero hay un principio de pagar y eso no está en discusión.
¿A criterio de la actual administración, es prioridad dotar de recursos a los municipios o garantizar la producción agrícola?
La prioridad del gobierno es apoyar ambos sectores. Por eso se formularon planes de desarrollo agrícola y se está terminando un plan nacional para fortalecer a los ayuntamientos. Lo que menos buscamos es que haya un enfrentamiento entre sectores.
¿Por qué si existía conocimiento de que podía haber un aumento desmedido, no se actuó en defensa de los pequeños y medianos productores, antes de que salieran a las calles a demandar esa ayuda?
El Gobierno ha actuado como facilitador, porque no puede meterse en esa materia; se trata de reglamentaciones que son aprobadas en los concejos. No fue hasta que se identificaron los casos de aumento desmedido, que se solicitó la intermediación del Poder Ejecutivo.
¿Cuál podría ser una salida efectiva y pronta?
Es posible aplicar una autorización aprobada por la Asamblea Legislativa, para valorar como una excepción aquellos terrenos que hayan quedado insertos en una zona comercial, siendo aún de uso agrícola. Es una ley de un solo artículo; creo que tendríamos el 100% de los votos legislativos, para aprobarlo.
¿Cuándo puede salir humo blanco en este asunto?
Debemos tener un poco de prudencia, por lo delicado del tema. Hay que abrir espacios de diálogo, francos, amplios. En los gobiernos locales hay una buena representación agrícola, por eso pienso que en dos meses llegaremos a acuerdos importantes para ambas partes.
Ernesto Villalobos
evillalobos@larepublica.net
“En dos meses podríamos tener solucionado el problema”
Cerca de 30 municipios ya están aplicando las nuevas tablas de tasación o cobrando los nuevos tributos
Las plataformas de valores vigentes son de 1997, y no se han actualizado. Se aprovechó la ayuda internacional dirigida a colaborar con el ordenamiento territorial y la descentralización y se agilizó con la contratación de una empresa privada, para obtener un producto que pudiera llegar a todas las municipalidades.
Frente a los argumentos de los productores agrícolas, que han visto multiplicarse hasta por 14 los costos de sus parcelas, por la aplicación de un nuevo modelo para calcular el impuesto territorial, ¿cuál es la posición del Gobierno?
Hay que analizar el tema. No estamos siendo confrontativos porque entendemos que hay dos sectores agricultores y municipalidades a quienes ayudar.
Laura Chinchilla solicitó acelerar el análisis de soluciones a este asunto, ¿cuánto ha avanzado ese encargo?
Hay una comisión trabajando; la Ministra de Agricultura está muy involucrada en esto y nuestro sector, el municipal, también tiene mucho interés de entrar de lleno en la discusión. La Presidenta ha dicho “siéntense, conversen y propónganme soluciones”.
¿Qué pueden hacer los productores que ya están pagando el aumento desmedido del impuesto territorial?
Por ahora, quienes se encuentran bajo regímenes de exoneración (forestales, de producción, etcétera), pueden solicitar que los eximan del pago, pero hay un principio de pagar y eso no está en discusión.
¿A criterio de la actual administración, es prioridad dotar de recursos a los municipios o garantizar la producción agrícola?
La prioridad del gobierno es apoyar ambos sectores. Por eso se formularon planes de desarrollo agrícola y se está terminando un plan nacional para fortalecer a los ayuntamientos. Lo que menos buscamos es que haya un enfrentamiento entre sectores.
¿Por qué si existía conocimiento de que podía haber un aumento desmedido, no se actuó en defensa de los pequeños y medianos productores, antes de que salieran a las calles a demandar esa ayuda?
El Gobierno ha actuado como facilitador, porque no puede meterse en esa materia; se trata de reglamentaciones que son aprobadas en los concejos. No fue hasta que se identificaron los casos de aumento desmedido, que se solicitó la intermediación del Poder Ejecutivo.
¿Cuál podría ser una salida efectiva y pronta?
Es posible aplicar una autorización aprobada por la Asamblea Legislativa, para valorar como una excepción aquellos terrenos que hayan quedado insertos en una zona comercial, siendo aún de uso agrícola. Es una ley de un solo artículo; creo que tendríamos el 100% de los votos legislativos, para aprobarlo.
¿Cuándo puede salir humo blanco en este asunto?
Debemos tener un poco de prudencia, por lo delicado del tema. Hay que abrir espacios de diálogo, francos, amplios. En los gobiernos locales hay una buena representación agrícola, por eso pienso que en dos meses llegaremos a acuerdos importantes para ambas partes.
Ernesto Villalobos
evillalobos@larepublica.net