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Martes, 5 de noviembre de 2024



FORO DE LECTORES


¿Es la tercerización de servicios el verdadero problema en el caso Barrenador?

Johana Soto fabisoto@gmail.com | Martes 08 octubre, 2024


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Johana Soto

A días de los resientes acontecimientos que han sucedido respecto a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos con sobreprecios es sumamente preocupante; este caso involucra compra de equipos de atención integral de salud por medio de asociaciones y cooperativas, situación que refleja fallas criticas en los controles de transparencia en las instituciones publicas de Costa Rica. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción son quienes se encuentran liderando esta investigación en la cual señalan a varios directivos de la CCSS por estar implicados directamente en estos contratos inflados, entre ellos la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel.

Este tipo de casos lesiona gravemente la confianza nacional que reposa sobre instituciones tan importantes y fundamentales, considerando que son quienes gestionan la salud pública. Si bien la investigación se encuentra en curso y hay derechos de defensa y de respetar el debido proceso, la magnitud de los allanamientos que han sido ordenados a causa de una investigación preliminar, supone que hay pruebas significantes que respalden tales acusaciones; no podemos olvidar tampoco que esta situación expone a todas luces la debilidad en los mecanismos de fiscalización interna que deberían haber detectado estas irregularidades antes de que se alcanzara tal nivel.

Mas allá de las consecuencias legales, este caso pone en el centro del debate la necesidad urgente de fortalecer la rendición de cuentas, la integridad y transparencia en las contrataciones públicas. La corrupción en el manejo de recursos destinados a la salud pública es particularmente grave, porque afecta de manera directa a las poblaciones mas vulnerables que necesitan y dependen de un sistema de salud eficiente y bien administrado, ya que el solo hecho de iniciar una investigación donde existen sobreprecios, surge la sospecha de que entonces los recursos de seguridad social que son financiados por cada costarricense no se están administrando de la manera adecuada.

Sobre la mesa de debate también se encuentra que este caso ha sido dirigido por altos directivos de la CCSS, lo que plantea innumerables preguntas sobre los mecanismos de control interno, puesto que las investigaciones arrojan que se ha tratado de una cadena de decisiones provenientes de los niveles superiores y que comprometieron la transparencia de los procesos de contratación, evidenciando el gran fallo estructural en los sistemas de vigilancia y rendición de cuentas dentro de las paredes de la CCSS.

Ahora bien, el tico no le tiene miedo a la tercerización de servicios, le tiene miedo a que estas cosas sucedan mientras se lleva al debilitamiento irrecuperable del sector público; este caso y las presuntas irregularidades indican que la supervisión ha sido total y completamente insuficiente. En ese sentido, se puede anotar que, si bien la tercerización de servicios puede ser valida, antes de, deber haber una fiscalización rigurosa, auditorias constantes y criterios claros de selección de proveedores en los carteles de contratación pública.

Tampoco se puede permitir la confusión de conceptos entre privatización y tercerización, en la cual, la tercerización es una propuesta llamativa para que las listas de espera de la CCSS de atención primaria disminuyan y de esa forma desahogar el segundo y tercer nivel de atención. La población necesita de atención oportuna, no que se les mande a hacer filas a centros de servicio que están colapsados. Entonces, para nosotros los ticos el problema no es la tercerización de servicios en la que se ha demostrado una clara satisfacción en cuanto a atención, el problema real es la manera en la que se manipulan y se administran los recursos públicos.

La CCSS hoy enfrenta uno de sus mayores desafíos, y es restaurar la confianza publica no solo en los servicios que brinda, sino también en la forma en la que gestiona los recursos destinados para la salud nacional.








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