No queremos linchamientos ni purgas. Tampoco muertos políticos cuya desaparición beneficie a terceros

Sinceramente

¡Escándalo legislativo del Frente Amplio!

Pocas son las faltas patronales que más inspiran rechazo y disgusto general, como el acoso sexual en los lugares de trabajo. Cuando un jefe prevaliéndose de su posición y de su autoridad busca tener posibilidad impune de contacto o relación, contra la voluntad de una subordinada, todos reaccionamos con furia.
Los delitos de esta naturaleza son de orden privado, solamente son de acción pública frente a una denuncia frontal, frente a los fiscales de la República, de quien ha sido abusado o acosado.
Por ser asuntos privados las cosas se manejan de manera muy discreta, secreta si la víctima no presenta denuncia alguna. En consecuencia, pedir una renuncia a un diputado por razones de acoso sexual sin que medie proceso conforme a la ley, pruebas públicas, ni investigación, ni ejercicio del acusado de su defensa técnica y material, no parece la ruta correcta.
En el país nadie está autorizado a extorsionar, amenazar, o coaccionar a otra persona para lograr un propósito de renuncia o cualquiera otro. No importa que priven buenos propósitos.
Don José María Villalta Florez-Estrada ha aparentemente publicado en redes sociales: “es la primera vez en la historia que un diputado es obligado a renunciar…” Todo lo cual conlleva que hubo quienes lo obligaron, y esos que lo obligaron no siguieron un debido proceso, ni existía como hasta el momento no existe una causa abierta en contra del señor diputado por acoso.
¿Es lícito obligar a un diputado electo por el pueblo y quien ostenta de inmunidad a renunciar por un acoso no probado ni denunciado ante las instancias de ley? ¿Quiénes pueden obligar a otra persona a hacer en contra de su voluntad y salirse con la suya sin consecuencia legal? El señor Villalta es un asesor legislativo, no un personero del Frente Amplio, no es una autoridad de dicho partido político.
Durante la Noche de los Cuchillos Largos y la purga estalinista con la apertura de gulags, acciones similares fueron frecuentes. Se acusaba de un crimen sin nombre a quien ya no era deseable políticamente. ¿Purgas en Costa Rica? No las queremos. ¿Asesinatos políticos? Tampoco.
Toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Nadie puede ser obligado a actuar en contra de su voluntad. La coacción invalida los efectos legales del acto al que se forzó a la persona. Nadie puede ser extorsionado de manera impune.
Por cuestionable que sea el señor diputado, por culpable que resultara de la investigación de acoso sexual en contra de su antigua compañera sentimental, es inadmisible que se le coaccionara o presuntamente extorsionara con fotos y mensajes para obtener de él una renuncia.
Mal vamos e iremos peor si estas cosas no se enderezan y regresamos a los cauces de nuestro sistema legal. Hay que dar solución institucional a este entuerto. No queremos linchamientos ni purgas. Tampoco muertos políticos cuya desaparición beneficie a terceros.
Se impone legislar para que exista un referéndum revocatorio de los funcionarios electos. El país debe de escoger mejor a sus diputados. El país debe actuar electoralmente con más responsabilidad.

Emilio R. Bruce
Profesor
ebruce@larepublica.net

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