Explotación legal de oro puede dañar la imagen de Costa Rica si se hace mal: Gabriela San Román, especialista ambiental

Para avanzar con la subasta o concesión de la mina de Crucitas, el gobierno de Costa Rica debe garantizar que la restauración del medio ambiente y la eliminación de la contaminación estén aseguradas, según Gabriela San Román, especialista ambiental y directora SRP Consultores.

De lo contrario, se enviaría un mensaje dañino para la imagen de Costa Rica. Dicho en otras palabras, puede resultar peor la medicina que la enfermedad.

La experta ambiental destaca que el peor escenario con la extracción de oro ocurre actualmente, donde no hay ningún control sobre el recurso, ni mucho menos, mitigación del daño ambiental causado por los coligalleros.

En ese sentido, al tener la mina concesionada, se garantiza que una empresa esté obligada a restaurar el daño ambiental que genera la extracción.

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San Román se refiere al proyecto presentado por el gobierno de Rodrigo Chaves en días pasados para permitir la minería a cielo abierto en Crucitas.

¿Qué opina del proyecto?

Tomando en cuenta que la situación actual en Crucitas es un desastre ambiental, considero que el proyecto es un avance para hacer las cosas de manera diferente, aunque insuficiente.

Continuar por la ruta que ha traído contaminación e ilegalidad no debería ser una opción, pero hay temas que deben analizarse con detenimiento para permitir el aprovechamiento del oro en la zona de Crucitas y garantizar que se haga de forma correcta.

¿Es cierto que la tecnología actual permite extraer el oro sin contaminar?

Toda actividad tiene un impacto ambiental, por lo que en la minería existen pasivos ambientales, que son los impactos negativos que se generan.

Sin embargo, hay regulaciones que buscan dejar la zona debidamente restaurada con el cierre técnico tras la explotación del oro. Al realizar estas actividades, deben contemplarse medidas de mitigación de los impactos ambientales.

La diferencia está en que una explotación controlada mediante concesión tiene un responsable, mientras que hoy en día tenemos a miles de personas realizando la extracción de manera descontrolada, sin controles ambientales y contaminando.

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Dicho esto, es importante señalar que cualquier actividad minera tiene un alto impacto, por lo que se requiere un estudio de impacto ambiental riguroso.

Aquí el tema sería cuáles son los términos de referencia de dicho estudio. Como todo, hay mejores y peores formas de hacer las cosas, y por eso el proyecto se refiere a las directrices de la OCDE como base para autorizarlo.

¿Se corre el riesgo de dañar la imagen verde de Costa Rica como destino?

Si no se hace correctamente, sí.

Hoy tenemos un desastre ambiental que debe resolverse, pero si no se hace bien, puede resultar peor la medicina que la enfermedad.

Continuar permitiendo la extracción ilegal de oro tampoco es la solución. El Estado costarricense ha demostrado ser incapaz de detener de manera efectiva el ingreso de personas a realizar la extracción de oro de manera ilegal, lo que agrava la contaminación y la falta de control.

¿Qué le pediría a los diputados en este momento?

Deben analizar muy bien los pasivos ambientales presentes en la zona, como la contaminación por mercurio.

El proyecto no aclara cómo se llevará a cabo la limpieza de la contaminación por parte de la empresa concesionaria, y no se conoce la magnitud exacta de la contaminación ni el costo de su limpieza.

No veo cómo Costa Rica podría autorizar la explotación del oro sin garantizar la restauración del medio ambiente y la eliminación de la contaminación.

En segundo lugar, debe analizarse la distribución de las ganancias, especialmente si lo más conveniente es que pasen a la Caja Única del Estado o si un porcentaje debería destinarse a fines específicos, como el desarrollo de la zona de Crucitas.

Los temas sociales también deben considerarse más allá del “Royalty”, incluyendo cómo se distribuyen las ganancias de manera equitativa.

Finalmente, se debe fortalecer a la Dirección de Geología y Minas para que pueda ejercer el control y vigilancia de manera adecuada, dotándola de los recursos financieros necesarios. La seguridad jurídica en cuanto a los términos de referencia en SETENA, que otorgaría las viabilidades ambientales, también debe ser analizada para que el proceso de concesión se desarrolle con éxito.