Fiscalización aduanera: ¿Qué es y cómo estar preparado?

La Autoridad Aduanera en el ejercicio de sus facultades de control y fiscalización tiene la potestad de verificar las operaciones aduaneras, los actos derivados de ellas, las determinaciones de las obligaciones tributarias aduaneras, el pago de tributos y la actuación de auxiliares, funcionarios, personas físicas y jurídicas. En el control a posteriori este tipo de verificaciones pueden ser realizadas mediante un proceso de fiscalización.

La Dirección General de Aduanas (DGA) posee tres órganos que tienen la potestad de realizar dichas fiscalizaciones: El Departamento de Fiscalización Externa, el Departamento de Denuncias y Operativos Especiales, y el Departamento de Verificación de Origen.

El objetivo principal es verificar el cumplimiento de los elementos que conforman la obligación tributaria aduanera, así como los requerimientos no arancelarios, y con ello realizar un ajuste de tributos e imposición de sanciones, en caso de ser necesario. La revisión gira sobre elementos como la clasificación arancelaria de las mercancías, la valoración aduanera, el uso de acuerdos comerciales, la aplicación de exoneraciones, entre otras.

El proceso inicia con la notificación formal del Inicio de las Actuaciones de Fiscalización al sujeto pasivo (importador), y se le realiza un requerimiento de información en el que se le pueden solicitar estados financieros, registros contables, información bancaria, contratos, fichas técnicas, muestras o cualquier otra información de trascendencia tributaria o aduanera. Adicionalmente, el ente fiscalizador puede solicitar al agente de aduanas documentación aduanera del período auditado.

Una vez que la información es entregada a la autoridad, a través de uno o varios requerimientos de información, esta es analizada y como resultado la autoridad emite un Informe Final de las Actuaciones de Fiscalización, el cual se le notifica al importador y se le convoca a una Audiencia de Regularización, en caso de que se establezca que no se cancelaron los tributos debidos, donde la autoridad realiza una exposición sobre los hallazgos de la fiscalización.

Al finalizar la audiencia, el importador tiene tres opciones: aceptar total o parcialmente la propuesta de regularización, rechazarla, o solicitar prórroga para revisar el expediente, la cual es de diez días hábiles, y así poder tomar una decisión. En el caso de aceptar, se otorga un plazo de cinco días hábiles para realizar el pago de la obligación tributaria aduanera, y dependiendo del caso se podría solicitar un pago fraccionado. Además, la sanción de multa se reduce en un 50%. Si se rechaza la propuesta, el expediente se traslada al equipo legal de la autoridad para que inicie formalmente el procedimiento administrativo ordinario.

Debido a las repercusiones que puede generar un proceso de fiscalización aduanera, se recomienda atender en tiempo y forma los requerimientos de información y verificar la calidad de la información antes de entregarla.

Una vez notificado el informe final y la presentación de hallazgos, se recomienda analizar el caso de forma integral, considerando si es procedente la determinación, cuáles son los tributos objeto de ajuste, si son acreditables, su impacto a nivel fiscal, inclusive cuantificar la contingencia para la empresa en el caso de períodos no fiscalizados que no han prescrito.

Además, es importante proyectar a futuro cómo la decisión que se tome puede repercutir en la operación de la empresa, ya que podría dar pie a rectificaciones de declaraciones, así como ajustes futuros en la forma de declarar las importaciones.

Por último, hay que considerar que el proceso de fiscalización aduanera no acepta recursos ni permite debatir sobre el tema de fondo. Por lo que, de tener dicha necesidad, se deberá rechazar la propuesta de regularización para iniciar un procedimiento ordinario administrativo, a efectos de preparar la respectiva defensa del caso.

Paulina Matamoros, Consultora de Comercio Exterior de Grant Thornton