FMI: ¿Por qué pedir prestado si hay plata suficente para la emergencia?

No puede uno entender cómo es posible que si las reservas monetarias que posee el Banco Central de Costa Rica (BCCR), en estos momentos, superan los 8 mil millones de dólares, tenga el país que solicitarle al Fondo Monetario Internacional (FMI), un crédito para afrontar la crisis económica y social que ya se nos vino encima producto de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Según lo que de manera pública está diciendo el Gobierno, se ocupa un préstamo de 800 millones de dólares para la indicada finalidad; cantidad que viene a ser el equivalente a un 10 % del total de las reservas que tiene el BCCR. Ahora bien, lo que no se dice en público es, de por sí, un misterio que da para pensar muchas cosas.

¿Cuál es la lógica, entonces? ¿Podrían las máximas autoridades bancarias del país, empezando por el propio presidente del BCCR, don Rodrigo Cubero Brealey, explicarnos a nosotros, los viles mortales, las razones para pedir esa plata prestada y no utilizar la que ya es propiedad del país?

Por otra parte, preocupa muchísimo que el Ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves Robles, ya esté manifestando que si el FMI le presta esa plata al país será con condiciones. ¿Cuáles? ¿Por qué no nos lo dice desde ya? Él viene de trabajar por un cuarto de siglo en la institución “gemela” del FMI, el Banco Mundial y no puede venirnos ahora con el cuento de que no sabe cuáles serán esas condiciones.

Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, al menos hasta la llegada de la pandemia del coronavirus COVID-19, tienen un historial nefasto de prestamistas despiadados, pues han venido dando créditos con altísimos y draconianos costos sociales pagados con dolor por los pueblos cuyos gobiernos se han visto “obligados” a pedirles prestado; sin hablar de los costos meramente económico-financieros.

Desde la perspectiva de los procesos sociales de lucha cívica y popular que, también, tenemos una visión-país, tenemos que encender las alarmas por esas “condiciones”, en el sentido de que podrían tener que ver con la naturaleza de la propiedad de los mejores bienes público-patrimoniales que todavía siguen siendo estatales; y/o con la condición laboral-salarial del empleo público; o bien, con mayores prebendas para la operación de los sistemas financieros que tanto han expoliado a pueblos como el nuestro.

Las personas diputadas de la actual Asamblea Legislativa definirán, finalmente, sobre ese crédito fondomonetarista para lo cual, recomendamos nosotros, debería el parlamento abrirse de par en par, políticamente hablando, a toda la ciudadanía y sus organizaciones, desde el mismo momento en que esta discusión se plantee en próximos días.

Es más, según el propio jerarca hacendario la ciudadanía tendrá que ser tomada en cuenta. Sin embargo, esto suena a una demagógica frase cargada de palabrería hueca, pues ya debía él estar promoviendo reuniones de alta transparencia y sinceridad; especialmente, en la gran duda e incógnitas cívicas del porqué pedir prestado si hay suficiente plata para la emergencia en estos momentos; y, si apenas lo peticionado apenas representará un 10 % del dinero guardado como reservas por el BCCR.

El Gobierno ha venido realizando, con mucha timidez, llamados a la “misericordia financiera” por parte de los entes multilaterales de crédito como el FMI, como en este caso del indicado préstamo, aspirando a que el mismo sea a una tasa-interés del 0 %. ¿Es posible eso? Porque si es a tasa cero vendría a ser como una especie de donación; y, sinceramente, ni aún en la gravedad de la tragedia planetaria del COVID-19, una “filantropización” del FMI si siquiera es imaginable.

En todo caso, reiteramos nuestro planteamiento central en este comentario: ¿por qué pedir prestado si hay plata suficiente para la emergencia?; y, sin duda con igual relevancia, la inquietud acerca de las “condiciones” que pediría el FMI, cuya trayectoria a estas alturas ya no deja prácticamente nada a la imaginación en tal sentido.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)