Freno indefinido a mantenimiento vial preocupa a empresarios

El escándalo de supuesta corrupción en la construcción de obra pública no puede detener el desarrollo de la infraestructura y el mantenimiento de las carreteras, según varios líderes del sector privado consultados por LA REPÚBLICA.

Ahora que Meco, H. Solís y Constructora Herrara, entre otras, están siendo cuestionadas por el caso “Cochinilla”, el gobierno debe nombrar cuanto antes a las empresas que se encargarán de estas importantes obras para no afectar la competitividad.

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De ser necesario, las constructoras señaladas por el supuesto pago de sobornos, deben ser excluidas de los contratos para garantizar la transparencia.

Lo que no se puede permitir, es que las vías nacionales queden en un limbo.

“El mantenimiento de la infraestructura vial no se puede suspender, lo que sí se puede hacer, es que si existen otras empresas, propiciamos que sean ellas las que construyan y den mantenimiento. Este gobierno debe garantizar a todos los costarricenses que las carreteras estarán en buen estado”, dijo Arturo Rosabal, vicepresidente de la Cámara de Comercio.

Suspender “por transparencia” la extensión de 22 contratos que estaban bajo el cargo de las constructoras Meco y H. Solís, es lo que ordenó Rodolfo Méndez, ministro de Obras Públicas y Transportes a finales de junio, lo cual, encendió las luces de alarma en el sector privado.

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“Conocidos los hechos que han afectado la transparencia, la legalidad y la ética en la ejecución de los contratos vigentes, he tomado la decisión de que los 22 contratos (20 de los cuales están suspendidos desde el año anterior) no serán ampliados en favor de las empresas actualmente adjudicadas, aunque ello suponga el sacrificio nacional de no contar por un período de tiempo con los servicios de mantenimiento vial.”, dijo Méndez.

Ante esta situación, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) sacará nuevos contratos de licitación pública para darle mantenimiento a unos 7 mil kilómetros de rutas nacionales.

Del 2016 al 2020 el Conavi ha manejado un promedio anual de ¢332 mil millones en presupuesto. Una cifra nada despreciable que sale de los impuestos y el pago del marchamo, lo cual, ha generado severas críticas del sector productivo contra la institución.

Y es que unos 20 funcionarios del Conavi están siendo investigados por haber recibido sobornos, como viajes, carros, terrenos, dinero y hasta favores sexuales, por parte de algunas empresas constructoras.

“Esta triste realidad se traduce en merma a la competitividad nacional, desempleo y explica en parte el alto costo de vivir y producir en esta nuestra tierra”, dijo Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias.