Gasto público inflexible

Reflexiones:
Gasto público inflexible

Si observamos la cantidad de leyes que asignan el gasto público con destinos específicos en el país  6% del PIB para educación, 10% del presupuesto para las municipalidades, 3% del presupuesto para subsidios habitacionales, 2% para desarrollo de las comunidades y 6% de los ingresos del Gobierno Central para justicia; FODESAF que recibe el 20% del impuesto a las ventas para programas de alivio de la pobreza; CONAVI recibe el 50% del impuesto a los vehículos, 30% del impuesto a los combustibles va al sector vial, dividido entre CONAVI 75% y las municipalidades 25%, y el fondo forestal recibe el 3,5% del impuesto a los combustibles es claro que el margen para actuar en un estado deficitario como el nuestro es bastante poco.
Cuando todo es prioritario, nada es prioritario; dice un viejo dicho de nuestra sabiduría popular. La escasa capacidad de seguimiento y evaluación del gasto ocasiona que muchas de las asignaciones presupuestarias sean ejercicios históricos y que por lo tanto, en época de vacas flacas, los recortes terminen por afectar elementos sustantivos de la acción de las instituciones públicas.
Lamentablemente se pospone la inversión o se disminuyen los presupuestos de operación, por lo que al final del día, las instituciones apenas tienen recursos para pagar salarios, a costa de un deterioro sustantivo en la cantidad y calidad de los servicios.
Con el agua al cuello, los pocos grados de maniobra llevan al gobierno y al país a impulsar los empréstitos con la banca internacional, el BID, el Banco Mundial y otros; sin embargo, la escasa capacidad técnica para afrontar los procesos de contratación o las interminables gestiones de negociación, aprobación, autorización y ejecución del préstamo; hacen que el tiempo pase y las promesas se queden enlistadas en un papel. Muchas veces, las soluciones llegan tarde y son insuficientes para atender la creciente demanda de servicios que requiere el Estado. Si empujamos los salarios hacia arriba en nuestras instituciones públicas, tal como se ha hecho en los últimos años, debemos garantizar las condiciones para que la productividad del trabajador aumente y como tal, la cantidad y calidad de los servicios a la ciudadanía.
Si seguimos derrochando en supervisión y control, sin invertir en tecnología, planificación, evaluación, seguimiento e innovación en el quehacer de las instituciones, vamos a terminar por ser asfixiados en nuestra propia inoperancia e incapacidad de tomar decisiones. Retroceder a los tiempos de la movilidad laboral desordenada, reducir los márgenes de inversión ya escasos, reducir salarios o pensiones, parecen ser medidas poco viables para quienes nos gobiernan. Más allá de los gorditos de nuestro sector público, pareciera que la principal demanda de los ciudadanos está en la efectividad de lo que hacen nuestras instituciones, de sus resultados.

Leiner Vargas Alfaro
lvargas@una.ac.cr